Sala de Prensa

13/09/2018

Fue elaborado por las expertas Paulina Hernández y Marcela Aedo

Presentan protocolo de atención para la defensa de mujeres condenadas privadas de libertad

La iniciativa, cuya elaboración se financió con apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, permitirá complementar el trabajo del modelo especializado de defensa penitenciaria de la Defensoría.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Con la presencia de la Defensora Nacional (S), Viviana Castel; del jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Gómez, y de otros directivos y profesionales de la Defensoría Nacional y de las Defensorías Regionales de Valparaíso y O´Higgins se realizó ayer la presentación del “Protocolo para la defensa penitenciaria de mujeres condenadas privadas de libertad en Chile”.

El documento, de más de 100 páginas, fue elaborado por las expertas Paulina Hernández y Marcela Aedo, como parte de un proyecto financiado con fondos del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, con la finalidad de complementar el trabajo que la Defensoría Penal Pública ha desarrollado desde 2011, cuando empezó a poner en práctica el modelo especializado de defensa penitenciaria, hoy en funcionamiento en todo el país.

Al destacar la importancia de este trabajo, aun cuando Viviana Castel reconoció la existencia de buenas prácticas en el ámbito en distintas unidades de trabajo de la institución, consideró “relevante sistematizar esta información y visibilizar este tema, en cuanto a cómo debe enfrentar la persecución penal a las mujeres, sobre todo cuando se trata de privadas de libertad, por el impacto que ello implica en los grupos familiares o por la infraestructura básica que estas mujeres necesitan en un recinto penal”, sostuvo.

ENFOQUE DE GÉNERO
Como base de este análisis, las autoras del protocolo explicaron que en febrero pasado se contabilizaron 26 mil 945 personas condenadas a penas privativas de libertad, contexto en que las mujeres en esta condición sumaban solo el 7,1 por ciento de este total.

“En tanto estas mujeres son una minoría, la mayoría de los recursos han estado destinados a la población penitenciaria masculina, lo que genera problemas estructurales en el sistema penitenciario chileno y denota una carencia de enfoque de género en el tratamiento otorgado a la población penitenciaria femenina”, explicaron Paulina Hernández y Marcela Aedo.

METODOLOGÍA Y HALLAZGOS PRINCIPALES
Luego, las autoras del protocolo explicaron la metodología que usaron, que inicialmente implicó realizar un levantamiento de buenas prácticas de defensa penitenciaria para este grupo objetivo a nivel europeo y latinoamericano.

A partir de hecho, efectuaron un diagnóstico de las necesidades específicas de las mujeres condenadas y privadas de libertad, incluyendo el funcionamiento y las particularidades de la defensa penitenciaria en las distintas regiones del país.

En este contexto, las expertas encontraron diversos niveles de limitaciones para el acceso de estas mujeres a capacitaciones y otros talleres, vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos, una ausencia de infraestructura adecuada, dificultades para el desarrollo de la maternidad y una precarización de sus vínculos familiares, desconocimiento del rol de la defensa penitenciaria e incluso discriminación por opción sexual o identidad de género, entre otros temas.

Tras un completo análisis del marco normativo interno y externo aplicable a este colectivo, el protocolo detalla también todos los derechos que asisten a las mujeres privadas de libertad, las características que debe tener la atención especializada de la defensa penitenciaria, los mecanismos que existen para impugnar las decisiones de la administración penitenciaria y, finalmente, una propuesta para mejorar globalmente la atención de este grupo.

“Se trata de algunas recomendaciones orientadas a establecer una estrategia institucional, de manera de apoyar la labor que realiza el equipo de defensa penitenciaria”, concluyó Paulina Hernández, ex defensora penal pública y actualmente radicada en Inglaterra, donde trabaja en un organismo independiente que monitorea las condiciones carcelarias de las prisiones del Reino Unido. 

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