Sala de Prensa

19/12/2018

En Antofagasta

Autoridades del sistema judicial discutieron sobre la ley de entrevistas video grabadas

Esta norma legal regula las intervenciones en las que deberán participar los niños, niñas y adolescentes (NNA) durante el proceso penal, las que serán siempre de carácter voluntario, evitando su revictimización y garantizando el respeto a sus derechos.

Por Constanza Rojo San Martín,
alumna en práctica Periodismo UCN,
Defensoría Regional de Antofagasta.

En el marco de la puesta en vigencia de la Ley N° 21.057 de entrevistas video grabadas, la Comisión de Seguimiento de Justicia Penal de Antofagasta se reunió para dialogar sobre la regulación de dichas entrevistas, analizando además otros aspectos de la norma junto a otras medidas de resguardo para los y las menores de edad víctimas de delitos sexuales.

En la ocasión el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Juan Enrique Jara Opazo, se reunió con la Defensora Regional de Antofagasta, Loreto Flores Tapia, y las demás autoridades relacionadas con el sistema de justicia penal, quienes se alinearon el actuar de las instituciones ante la nueva ley, ya que Antofagasta forma parte de la primera etapa de instalación, junto a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule y Magallanes.

PROTEGER A LA VÍCTIMA
Al respecto, Loreto Flores señaló que “con esto se busca que el proceso proteja a la víctima, pero también ayuda a que el relato original pueda reproducirse las veces necesarias, lo que otorgará más y mejor información para las resoluciones de las causas. Es una medida que nos ayuda todos”, afirmó.

La normativa presenta modificaciones en sus tres fases -denuncia, investigación y juzgamiento-, aunque la más relevante es que no se podrá preguntar “¿Qué te pasó?” y solamente se podrán recibir declaraciones espontáneas y por voluntad propia, las cuales se registrarán de manera íntegra, sin opción de realizar preguntas.

Otra característica que presenta esta modificación es que limita la realización de otras diligencias que impliquen la participación de los niños, niñas y adolescentes (NNA), como por ejemplo peritajes de credibilidad de testimonio y evaluación de daños. Asimismo, entrega mejores herramientas para la investigación y juzgamiento de las causas penales que involucren a los NNA como víctimas de delitos graves.  

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