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Iquique: se constituyó comité de adjudicación para la licitación de defensa pública

11/03/2019

Sus integrantes cumplieron su primera sesión en las dependencias de la Defensoría Regional de Tarapacá

Iquique: se constituyó comité de adjudicación para la licitación de defensa pública

Dos son los llamados que deben revisar: uno de defensa general y otro de la especialidad penitenciaria.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Con la asistencia de todos sus integrantes se constituyó en Iquique el Comité de Adjudicación Regional (CAR), entidad mandatada para conocer, evaluar y adjudicar las propuestas mejor calificadas en los procesos de licitación de defensa penal pública actualmente vigentes. La sesión inicial duró poco más de una hora, oportunidad en que se revisaron los antecedentes generales del proceso en curso y se fijó un cronograma de trabajo para estudiar las propuestas recibidas.

Estos comités se forman en cada zona en que la Defensoría Penal Pública decide contratar servicios externos para reforzar las tareas de atención jurídica a sus usuarios, y se conforman con representantes del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de un centro de estudios universitarios.

Para el caso de esta zona, en esta oportunidad forman parte del CAR el magistrado Andrés Provoste Valenzuela, del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique; la abogada Fresia Cayo Mondaca, de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, el profesor Alfonso Aguilera Villalobos, académico del área de economía de la Universidad Tecnológica de Chile (Inacap); el Defensor Regional (S) de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón -que lo preside-, y el director administrativo regional, Marcelo Rivera Rodríguez, en representación del Defensor Nacional. Como secretario técnico actúa el asesor jurídico de la Defensoría Regional, Javier Carvajal Campillay.

DETALLES DEL PROCESO
Para Tarapacá, en este proceso están en licitación servicios de defensa penal general y también de la especialidad penitenciaria. Para el primer caso -el llamado número 24-, cuatro de los cinco cupos deben tener la especialización en defensa indígena. Para el llamado número 12 de defensa penitenciaria, en tanto, hay dos cupos. El presupuesto destinado a esta licitación es de mil 54 millones de pesos, para un periodo de tres años de vigencia.

“La constitución de este comité se cumplió de manera cabal y esperamos cumplir sin problemas los plazos previstos para el proceso, sobre todo por el interés y capacidad de sus integrantes, a quienes debo agradecer la forma responsable en que, una vez más, han asumido esta tarea”, señaló Gabriel Carrión.

El directivo añadió que “la participación de estos representantes de instituciones externas a la Defensoría Penal Pública tiene, precisamente, la finalidad de dar amplias garantías de transparencia e idoneidad en la adjudicación de los servicios externalizados”.

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