Sala de Prensa

22/03/2019

Columna de opinión:

Eventuales modificaciones al control de identidad

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, fue publicada por el diario El Divisadero.

Por Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.

Desde la semana pasada se viene discutiendo arduamente lo acertado o inadecuado que podría resultar el efectuar modificaciones legales que permitan realizar un control de identidad a menores de edad.

Si bien se trata de una cuestión de la mayor relevancia y respecto del cual se han levantado, desde un primer momento y por diversos sectores, fundados reparos basados en diversas consideraciones, en estas líneas quisiera destacar otro aspecto de la anunciada propuesta legal y que ha pasado a un segundo plano en la información discutida principalmente en medios de comunicación.

Me refiero al anuncio de que esta iniciativa legal incluiría también modificaciones tendientes a que sea posible para las policías, sin la exigencia previa de requisitos habilitantes para ello, proceder al registro de vestimentas, bolsos o del vehículo en que transita quien es objeto de dicho control de identidad.

Actualmente una persona mayor de edad puede ser objeto de un registro de sus pertenencias, básicamente en la medida que esté siendo detenido por la policía, ya sea por delito flagrante o por existir una orden de detención en su contra, o bien en presencia de un indicio que permita al agente policial estimar que la respectiva persona ha cometido algún delito o se apresta a cometerlo.

No existe en nuestra legislación, hasta hoy, posibilidad alguna de que un policía registre, en una decisión autónoma, nuestras ropas o pertenencias, sin que exista algún antecedente objetivo y verificable, más allá del mero “olfato policial”, que torne plausible tal acción invasiva a nuestra privacidad.

Es por lo anterior que, entendiendo la natural controversia que genera la posibilidad de que en lo venidero se pueda controlar la identidad de menores de edad, y el riesgo de que tal facultad conlleve un abuso policial, desencadenante de un actuar discriminador y estigmatizador en contra de nuestros jóvenes, creo relevante detenernos a pensar lo que implicaría un eventual levantamiento a las restricciones que hoy tiene la policía para registrar a cualquier ciudadano.

El respeto a nuestra privacidad es un derecho básico en toda sociedad que valora las garantías fundamentales de cada persona. En consonancia con aquello, nuestra Constitución garantiza a todas las personas el respeto y protección de su vida privada.

Todos esperamos y requerimos que, en tanto no cometamos un delito, nadie ajeno escuche nuestras conversaciones telefónicas, ni lea las comunicaciones que enviamos, ni controle los sitios que visitamos en la web. Es sólo sobre la base de tal seguridad que actuamos en real libertad, bajo el entendido que nuestro actuar se desenvuelve en un estricto ámbito de privacidad, en la medida que no realicemos acciones contrarias a la ley.

A la hora de encontrarnos en la vía pública, evidentemente, nuestras ropas, equipaje o el móvil en que nos desplazamos deben estar amparados por idéntica garantía de inviolabilidad. Siempre se trata de nuestro derecho a la privacidad lo que estará en juego.

Cualquiera de nosotros presenta, aun cuando no haya cometido un delito o una acción reprochable éticamente, la permanente expectativa -o incluso la necesidad- de no estar exhibiendo el contenido de sus bolsos u otras pertenencias ante la mera e infundada solicitud policial.

Ante indicios de que alguien ha cometido o se apresta a cometer algún delito, la ley ya brinda las herramientas para que, autónomamente, la policía proceda con esas acciones invasivas. Lo que no parece adecuado es que sin que existan tales antecedentes un policía pueda, con total libertad, destruir las más básicas expectativas de privacidad.

Las argumentaciones en torno a que mayores facultades policiales llevarán a un clima de mayor seguridad no pueden entenderse como infinitas o ilimitadas, presentándose en la dignidad humana un insuperable obstáculo.

Si hoy aceptamos que tal límite ha de ceder en pos de la lucha contra la delincuencia, preparémonos, porque llegará el día en que sólo será parte del recuerdo aquella época en que creíamos tener derecho a la privacidad de nuestras conversaciones, comunicaciones o espacios de intimidad, en cuanto fueran honestos.

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