Sala de Prensa

18/04/2019

A partir de una coordinación entre el prefecto inspector Alfredo Silva y el Defensor Regional, Luis Soto

Los Ríos: realizan encuentro entre la Defensoría y la PDI en torno a garantías procesales

El Defensor Regional y el jefe de Estudios, Pablo Ardouin, dialogaron este miércoles sobre derechos y garantías dentro del sistema penal, en un encuentro realizado en Valdivia y al que asistieron más de 60 integrantes de las distintas brigadas policiales de la región.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
Defensoría Regional de Los Ríos.

En la Prefectura Provincial de Investigaciones en Valdivia se llevó a cabo este miércoles un diálogo sobre derechos y garantías dentro del sistema penal, durante el cual el Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto, y el jefe regional de Estudios, Pablo Ardouin, conversaron con más de 60 integrantes de las distintas brigadas de la PDI de la región.

Según comentó el Defensor Regional, la instancia fue coordinada con el prefecto inspector Alfredo Silva, jefe regional de la Policía de Investigaciones en Los Ríos, desde una mirada común de trabajo colaborativo a partir del rol de cada institución.

Sobre el objetivo puntual del encuentro,  Pablo Ardouin comentó que la idea fue actualizar conocimientos a partir de lo que ha resuelto la Corte Suprema en relación con casos relacionados con libertades personales y las garantías establecidas en el sistema procesal penal.

“Muchas veces el trabajo de la policía está sujeto a la evaluación de parte de la judicatura y, por cierto,  ésta puede llegar a ser  muy  crítica sobre ciertos procedimientos. Lo que los tribunales esperan es la credibilidad de todos los intervinientes, incluida la defensa, por supuesto”, afirmó Ardouin.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES
Respecto de los contenidos  de la presentación, el directivo detalló que dentro de la revisión de jurisprudencia del máximo tribunal del país en relación con garantías fundamentales se reforzaron aspectos del derecho a guardar silencio, las obligaciones de registro oportuno de prueba testimonial o de otro tipo y  de los indicios en controles de identidad.

Sobre ésta última herramienta, mencionó como dato que los delitos de adolescentes muestran una tendencia sostenida a la baja de más de 30 por ciento en los últimos años. “Ello da cuenta de un núcleo muy acotado de jóvenes delinquiendo, cifras que son refrendadas por las del Ministerio Público”, acotó. 

Según Ardouin, la exposición concluyó con un análisis crítico de las sentencias en que los jueces se pronuncian respecto de procedimientos policiales que afectaron garantías procesales de distintas personas. El abogado mencionó que si bien en Chile son pocos los procedimientos ilegales de las policías, los que se registran sí afectarían causas importantes, en tanto concluyen en juicios orales.

ETAPAS SUCESIVAS
Asimismo, reafirmó la exclusividad de la conducción de  la investigación por el Ministerio Público. “Las facultades autónomas de las policías son muy restringidas y las acciones que no sean consideradas dentro de este espectro son actuaciones que vulneran el debido proceso. El proceso penal tiene vallas que es necesario ir sorteando para un proceso absolutamente ajustado a la legalidad. En definitiva, no hay que apurarse, sino ir salvando etapas y procesos”, aseguró.

Entre otras consultas de los policías, estuvo la ponderación de la denuncia anónima en una investigación, la que según los defensores públicos no sería suficiente por  sí misma. “Ésta debe corroborarse y  recopilarse más indecentes para solicitar una entrada y registro a un domicilio, por ejemplo“, dijo Pablo Ardouin.

El Defensor Regional, en tanto, comentó que en los controles de identidad, especialmente a jóvenes, sería legal cualquier diligencia que no implique establecer la identidad. “Cualquier acción que supere constatar una identidad, por ejemplo una declaración voluntaria sin la presencia del fiscal y del defensor  es ilegal y la defensa buscará que sea declarada nula”, explicó.  

Según Luis Soto, a partir de esta conversación se estableció un acuerdo para informar el nombre de la defensora o el defensor de turno a las distintas brigadas policiales, a fin de garantizar los derechos de los imputados, cautelar el debido proceso y validar eventuales procedimientos de la policía civil.

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