Sala de Prensa

23/05/2019

Columna de opinión:

Defensoría Penal Pública recibe Premio Anual por Excelencia Institucional

El siguiente artículo, escrito por la jefa (S) de Estudios de la Defensoría Regional de Atacama, Violeta Villalobos, fue publicada en el diario Chañarcillo.

Por Violeta Villalobos Utreras,
jefa (S) de Estudios de la Defensoría Regional de Atacama.

La Defensoría Penal Pública recibió el Premio Anual por Excelencia Institucional año 2019, que es el reconocimiento que anualmente entrega el Gobierno de Chile, a través del Servicio Civil, a las tres instituciones del Estado que se destacan por su buena gestión, eficiencia institucional, la calidad de los servicios prestados y por sus políticas de gestión de personas.

Este año postularon 19 instituciones, de las cuales nueve servicios pasaron a la etapa final, obteniendo el galardón nuestra institución, junto al Fondo Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Entre los criterios de evaluación se encuentran las acciones orientadas a la eficiencia y productividad en el uso de los recursos públicos. Actualmente nuestra institución cuenta con un sistema integral de gestión de calidad de la defensa, el cual permite conocer y controlar diversos aspectos de la prestación del servicio de defensa.

En cuanto al vínculo con los usuarios, se destaca el desarrollo de un modelo de atención de usuarios, de acuerdo con estándares relativos al trato digno e igualitario, brindando una atención digna, oportuna, respetuosa y no discriminatoria, acorde a los derechos inherentes a la persona humana, con especial atención a los grupos vulnerables. 

DEFENSORÍA DE ATACAMA 
De entre 17 Defensorías Regionales, la de Atacama obtuvo el tercer lugar en la premiación a la defensoría regional destacada por su gestión durante el período 2018. Esto significa el reconocimiento a nivel nacional por la contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, entre los que se encuentran la cobertura y la calidad del servicio brindado.

En nuestra región, la Defensoría está presente en las tres provincias, prestando el servicio de defensa penal a través de defensores institucionales y licitados. En cuanto a la calidad, bajo el lema “Sin defensa, no hay justicia”, cada defensor penal público trabaja para que a su representado, ya sea adulto o adolescente, se le apliquen plenamente los principios del proceso penal: que todo imputado sea tratado como inocente; que esté garantizado el juicio previo, que el acusado cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista frente a las imputaciones que se le formulan y que, cuando corresponda, se le aplique una sanción justa, y que esta sanción se cumpla en consideración a los derechos humanos de toda persona.

Para alcanzar este objetivo, la Defensoría lleva a cabo un programa continuo de capacitaciones dirigidas a especializar a los profesionales, con el fin de proporcionar una defensa de calidad, que considere las particularidades de cada grupo en situación de especial vulnerabilidad.

Es por ello que existen líneas de defensa especializada tales como la defensa penal juvenil, de personas migrantes y extranjeras, defensa penitenciaria, dirigida a las personas adultas condenadas bajo la reforma procesal penal, que se encuentren recluidas en algún establecimiento penal, entre otras.

En esta región, en que las cárceles presentan graves problemas estructurales y de habitabilidad, los privados de libertad sufren hacinamiento y falta de prestaciones sociales. Es ahí donde la defensa penitenciaria hace visibles los problemas de los internos, solucionando sus requerimientos en forma oportuna y eficiente.

Nuestro compromiso con la calidad del servicio de defensa penal es inalterable. Los 24 funcionarios que trabajamos conjuntamente con los defensores y asistentes administrativos del subsistema privado nos preocupamos de proporcionar defensa penal de alta calidad, a todas las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la dignidad y los derechos humanos de nuestros representados y garantizando el acceso a la justicia a aquellos en situación de especial vulnerabilidad.

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