Sala de Prensa

13/06/2019

La actividad se realizó en el centro penitenciario de la capital regional de Ñuble:

Más de 60 internas de Chillán conocieron sus derechos en diálogo participativo

En conversación con el Defensor Regional, Marco Montero, y con abogados de la Defensoría Regional, las mujeres privadas de libertad también consultaron sobre aspectos como las penas asociadas a los delitos de la Ley de Drogas.

“Somos una institución que día a día busca mejorar. Por eso estamos aquí: queremos conversar con ustedes, saber si conocen el sistema penal, si saben en qué etapa del proceso se encuentran o cuáles son los pasos que debe cumplir para optar a algún beneficio. En definitiva, saber qué necesitan de sus abogados defensores”.

Con esas palabras, el Defensor Regional de Ñuble, Marco Montero, subrayó los objetivos de un diálogo participativo realizado el pasado lunes 10 con más de 60 imputadas y condenadas internas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Chillán.

Durante la cita, las mujeres privadas de libertad pudieron consultar distintos aspectos relacionados con sus procesos y con los derechos que poseen, en una conversación en la que participaron también otros abogados de la Defensoría Penal Pública.

Los diálogos participativos son instancias creadas por el Estado en 2011, con el objetivo de involucrar a las personas en los planes y políticas de los servicios públicos, de manera que aporten con sus experiencias a perfeccionar los procesos de  toma de decisiones y la construcción de mejoras en la labor de dichas instituciones.

En el encuentro, Montero y su equipo de abogados y asistentes atendieron las consultas de alrededor de 68 mujeres reunidas en el casino de la cárcel de Chillán, centro penitenciario fundado en 1943. El recinto alberga en la actualidad a una población penal cercana a 500 internos, divididos en una sección masculina y otra femenina.

Las imputadas y condenadas consultaron principalmente por las penas vinculadas a los delitos tipificados en la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. Esta categoría ocupa el tercer lugar de ocurrencia en el ingreso de causas que tramita la Defensoría Regional de Ñuble, de acuerdo con las estadísticas del primer cuatrimestre de 2019.

Según los datos correspondientes a este período, y dentro de un total de 431 ingresos de causas, las lesiones figuran en primer lugar, con 120 casos, seguidas por hurtos (112) y por delitos de la Ley de Drogas (42 causas).

RECLUSIÓN Y LACTANTES

El diálogo participativo evidenció una inquietud permanente de la población penal femenina, tanto en la cárcel de Chillán como en el resto de los centros penitenciarios del país: situación de sus hijos más pequeños. Durante el encuentro, dos mujeres embarazadas y dos madres acompañadas por sus bebés de pocos meses consultaron sobre los derechos que tienen mientras permanecen privadas de libertad.

Sus preguntas se centraron principalmente en si recibirían cuidados en el momento del parto, si pueden permanecer junto a sus hijos y por cuánto tiempo, y qué medidas se deben adoptar si los pequeños sufren alguna enfermedad, especialmente durante los meses más fríos del año.

El defensor penitenciario Jonathan Romo explicó que las internas gestantes y las que tienen hijos o hijas poseen derechos especiales respecto del resto de la población penal femenina. Agregó que frente a cualquier vulneración de esas garantías deben recurrir a su defensor penitenciario.

“Entre sus derechos, ustedes tienen el de poder permanecer con sus hijos dentro del recinto penitenciario mientras sean menores de dos años. También tienen derecho a ser visitadas por sus hijos mayores, siempre y cuando la evaluación psicosocial y criminológica no indique lo contrario”, señaló el profesional.

“Del mismo modo, tienen el derecho a recibir cuidados pre y posnatales, así como asistencia médica tanto para ustedes como para los hijos que estén viviendo al interior de este recinto. Por último, ustedes tienen derecho a que se les otorgue tiempo para el cuidado de sus hijos y acceso a una guardería que cuente con personal especializado para cuidarlos cuando ustedes no puedan estar presentes”, recalcó.

EL CASO DE BASTIÁN LÓPEZ

“Quiero saber si en mi caso, por el tema del funeral de mi hijo, me van a dar más años de condena”. La pregunta fue planteada en el encuentro por Johana Reyes, madre de Bastián López Reyes, el joven de 19 años que  falleció hace un mes y que, en medio de un cortejo realizado con las características de los llamados “narcofunerales”, fue trasladado desde Santiago al penal de Chillán para que ella pudiera darle su última despedida.

El hecho fue citado en los medios de prensa y generó impacto en las redes sociales y en el mundo jurídico. Uno de los aspectos que generó polémica apunta a que Reyes, quien es defendida por un abogado privado, permanece desde hace más de un año privada de libertad en calidad de imputada, pese a que el actual sistema procesal penal fija un plazo máximo de seis meses de investigación antes de la formalización.

En ese contexto, la interna expresó su preocupación por los posibles efectos del episodio en su situación. “Ahora las personas ‘de afuera’ me están criticando, porque me trajeron a Bastián. Yo no sé si los jueces me castigarán por eso”, inquirió.

El Defensor Regional respondió que quienes forman parte del sistema de justicia penal, como los jueces, los fiscales y los defensores, tienen como obligación velar para que los procesos judiciales se ajusten estrictamente al hecho investigado y no se contaminen con asuntos extrajudiciales.

“La opinión pública, los medios de prensa o cualquier persona no podrán nunca ejercer presión sobre el dictamen de los jueces.  Ellos deben mantener independencia del resto de los poderes del Estado y responder al principio de imparcialidad que les obliga la ley”, enfatizó Marco Montero.

ASESORÍA TÉCNICA

El Defensor Regional y su equipo cerraron la actividad con la convocatoria a las internas a que se conviertan en parte activa de su proceso penal, informándose y apoyándose en la asesoría técnica brindada por sus defensores públicos. De esa manera, podrán conseguir el cumplimiento de los requisitos para optar a beneficios y acelerar el objetivo de reintegrarse a sus familias.

“Los defensores sabemos que la mayoría de ustedes son jefas de hogar y que, por lo tanto, son quienes sacan adelante la economía de sus familias. Sabemos que la principal angustia del encierro para ustedes es estar lejos de sus hijos. El miedo al desapego y la incertidumbre de no saber en qué condiciones están viviendo es un doble o triple castigo”, concluyó Montero.

EL PERFIL DE LAS INTERNAS

Según un estudio de Gendarmería sobre prevalencia de violencia de género en la población penal femenina de Chile hecho de 2015, el promedio anual de mujeres condenadas a prisión se mantuvo relativamente estable hasta la publicación, en 2005, de la Ley N° 20.000. A partir de entonces esa cifra aumentó de manera progresiva, principalmente por casos vinculados al microtráfico de estupefacientes.

El tramo etario mayoritario de las mujeres privadas de libertad es el de entre 26 y 45 años de edad (61 por ciento). Se trata de mujeres adultas, en edad fértil y que, por lo general, están a cargo del mantenimiento de sus hogares.

Las mujeres condenadas provienen de estratos socioeconómicos bajos. Entre 30 y 40 por ciento de ellas mantiene una relación de pareja estable, aunque la mayoría no la ha formalizado. La mayoría tiene un promedio de entre dos y tres hijos. En el momento en que ingresan a prisión, el 2 por ciento de ellas se encuentra embarazada y el 4 por ciento tiene hijos lactantes.

Además, tres de cada cuatro mujeres que ingresan a cumplir condena no han completado su educación escolar formal, e incluso cerca de 8 por ciento no sabe leer ni escribir. La mayoría carece de capacitación laboral y muestra altas tasas de cesantía o trabajos informales, precarios e inestables, con ingresos en promedio inferiores a 300 mil pesos.

En esta realidad también inciden situaciones como graves conflictos familiares, problemas económicos, baja autoestima, abuso de alcohol o drogas -tanto personal como de familiares con los que conviven-, violencia intrafamiliar y abandono.

Asimismo, el estudio “Defensa de mujeres en el nuevo sistema procesal penal”, realizado por la Defensoría Penal Pública en 2005,  señala que los efectos del encarcelamiento de la mujer “suelen ocasionar perjuicios en ellas y sus familias, las que pueden llegar a desintegrarse una vez que se concreta el encarcelamiento femenino. Esto coincide con la aseveración de que la mujer asume un rol cohesionador en nuestra sociedad”.

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