Sala de Prensa

04/09/2019

Equipo de la Defensoría de Arica y Parinacota realizó actividad de difusión en la localidad de Tacora

Mensaje de la Defensoría llegó hasta los 4 mil metros sobre el nivel del mar

En total, 40 personas -entre warmis (mujer/es) y jilatas (hermano/s)- llegaron desde poblados cercanos como Chujlluta, Ancolacane, Humapalca y Alcérreca, para participar en un diálogo que permitió explicarles las características de la defensa especializada indígena.

Por Varlenka Olivares Fuentes, 
Defensoría Regional de Arica y Parinacota. 

Sin importar el mal de altura, más conocido como “puna”, y con una gran participación de toda la comunidad presente en la localidad de Tacora, se realizó ayer una charla sobre defensa especializada, que estuvo a cargo del defensor local jefe de la Defensoría Penal Aymara e Indígena, Rodrigo Torres. Este poblado está situado a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, en la comuna de General Lagos, provincia de Parinacota.

La actividad surigió tras una invitación a la Defensoría del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para participar en un conversatorio con la comunidad originaria del lugar, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena (5 de septiembre).

En total, 40 fueron los asistentes -entre warmis (mujer/es) y jilatas (hermano/s)-, quienes llegaron desde distintos poblados cercanos, tales como Chujlluta, Ancolacane, Humapalca y Alcérreca, para participar en este diálogo, que permitió explicarles las principales características de la defensa especializada indígena. 

Inés Flores Huanca, facilitadora intercultural de la Defensoría Regional, explicó a la comunidad la razón del conversatorio y detalló que la mayoría de los delitos por los que actualmente se entrega el servicio de defensa pública tienen que ver con acusaciones por contrabando y abigeato. 

CULTURA Y DERECHO A DEFENSA 
Rodrigo Torres señaló que la comunidad debe conocer la normativa vigente, los derechos y garantías mínimas que los cautelan, tanto en la legislación interna como en diversos tratados internacionales de derechos humanos, los que deben ser resguardados y respetados en todo momento. Agregó que ninguna autoridad puede pasar por alto estos resguardos, en especial el respeto a su cosmovisión y cultura ancestral.

Respecto de ésto último, explicó por ejemplo que el faenamiento de un animal no implica delito, como tampoco su traslado hasta Arica para compartirlo con la familia. Agregó que a pesar de ello y tal como lo han reconocido los tribunales en distintas causas, hay casos documentados de personas que en tal circunstancia han sido detenidas por la policía y luego acusadas del delito de contrabando.

El abogado aclaró que con ello se pasa por alto no sólo el Convenio 169 de la OIT, sino incluso el permiso otorgado por la Seremi de Salud en el oficio N° 1.299 de 2018, relacionado precisamente con el faenamiento y traslado de animales para consumo familiar y que hace efectiva la normativa nacional e internacional sobre el respeto de los derechos ancestrales.

Además, el defensor público reiteró las facultades que tienen las policías y otras instituciones del Estado para la revisión de pertenencias, lo mismo que el derecho de todas las personas a prestar o no declaración y a ser asistidas por abogado, entre otros, contexto en que detalló la forma de comunicarse directamente con la Defensoria Penal Indígena en los casos más apremiantes y urgentes. 

Por último, Torres explicó la labor que cumplen el defensor penal aymara e indígena y otros profesionales de ese equipo de trabajo para resguardar los derechos de las personas de etnias originarias y explicar a los tribunales la cultura que cada pueblo indígena posee y que debe ser considerada a la hora de un fallo sancionatorio.

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