Sala de Prensa

24/09/2019

Ministro y jefes de ambos servicios suscribieron un convenio esta mañana

Justicia, Ministerio Público y Defensoría estudiarán mecanismos de mediación para imputados adolescentes

Mediante este acuerdo de coordinación y colaboración, firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott Defensor Nacional, Andrés Mahnke, se evaluará la forma de institucionalizar esta herramienta alternativa de solución de conflictos en casos que no afecten la vida o la libertad sexual.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

Mediante un convenio suscrito esta mañana, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público acordaron establecer mecanismos de coordinación y colaboración en torno a la realización de un estudio práctico para la derivación de los casos que involucren a menores de edad como imputados hacia mecanismos de mediación penal.

El objetivo de esta iniciativa es validar una metodología de mediación para casos de relevancia penal, con la finalidad de institucionalizar este mecanismo como una opción de castigo para los menores de edad.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que este acuerdo se enmarca en el trabajo desarrollado desde la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), en 2007, respecto de ofrecer una justicia distinta a los jóvenes que incurren en ilícitos penales.

“Lo que hace el convenio que hemos suscrito es permitir que esta mediación -hoy presente en el proyecto de ley que plantea cambios a la Ley N° 20.084- se pueda ir implementando desde ya, como se ha venido haciendo desde 2016. Este proceso ha permitido conocer en la práctica una forma de resolver los problemas en forma eficaz”, dijo.

La autoridad precisó que este mecanismo de resolución de conflictos excluye los delitos que afectan la vida o tengan connotación sexual. Sin embargo, no descartó que a futuro, con una ley ya establecida y con la venia del fiscal, esta forma de justicia restaurativa pueda aplicarse en algunos de los casos que hoy se excluyen.

“Nuestro objetivo final es mejorar el acceso a la justicia para todas las personas, particularmente para los grupos más vulnerables, que difícilmente pueden tener un acceso efectivo y de calidad a la justicia”, agregó.

“MIRADA MÁS INTEGRAL”
El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, aplaudió el acuerdo alcanzado con la cartera de Justicia y el Ministerio Público, pero advirtió que si este régimen diferenciado es dejado como una respuesta atenuada en el marco de la justicia penal adolescente, no se va a lograr nada en la disminución de la violencia y en la búsqueda de la paz social.

“Por ello, se requiere una mirada mucho más integral y multidisciplinaria, y el compromiso de quienes estamos acá para el fortalecimiento de la mediación como mecanismo a utilizar en el ámbito de la justicia penal juvenil”, señaló.

No obstante, Mahnke dijo notar falta de convicción en los actores del sistema frente a la aplicación de una justicia diferenciada para los jóvenes, lo que atenta contra la especialización en este ámbito.

“Más bien se ve como un privilegio, y si esa percepción no la cambiamos será difícil marchar hacia políticas públicas más integrales, a la hora de hacer cambios de enfoque en la forma de hacer justicia en este grupo”, aseguró.

El Defensor Nacional agregó que “el gran desafío hoy es que la mediación no sea un mecanismo más, que vaya a la par con el encierro y el castigo punitivo, sino que sea ‘a cambio de’ no aplicar un castigo. Este desafío juega mejor en la individualidad -para el autor y para la víctima- y también para nosotros. Eso demuestra que la reincidencia tiene incidencia mucho más baja con mecanismos como éstos”.

“TOMAR CONCIENCIA”
Para el Fiscal Nacional, es necesario que en el marco de la justicia restaurativa el joven imputado sea capaz de tomar conciencia de los efectos que produce su acción, no sólo sobre la víctima, sino que también “por qué fue ella, esa persona, la elegida”.

“Implementar un sistema que nos permita encontrar la mejor solución al conflicto penal, aquella que apunta a solucionar las causas por las cuales se produce un hecho que genera una conducta que es reprochada penalmente, pues bien, esto habla bien de la organización del Estado”, dijo.

SEMINARIO INTERNACIONAL
La suscripción de este convenio de colaboración se realizó en el marco del seminario internacional “Justicia restaurativa: aporte para la reparación de las víctimas y la reinserción social juvenil”, que se desarrolló en el auditorio de la Fiscalía Nacional y que contó con el auspicio de la Unión Europea, a través del Programa para la Cohesión Social en América Latina EUROsociAL+, además del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

Entre los exponentes destacan Jaime Couso, abogado y profesor de la Facultad de Derechos de la Universidad Diego Portales (UDP); Jeanne Hersant, profesora de la escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, y los abogados y profesores universitarios Miguel Cillero y Alejandro Fernández, entre otros.

El encuentro contará además con un panel que evaluará las experiencias iberoamericanas en mediación desde la perspectiva del Ministerio Público y que contará con la exposición de representantes de las fiscalías de Argentina, Colombia, Panamá y Costa Rica.

En otro panel se debatirá sobre los efectos de la justicia restaurativa en Sudamérica, con la participación de la abogada trasandina Silvana Paz, consultora de EUROsociAL+, y Alejandra Mera, coordinadora del Programa de Formación de la Academia Judicial.

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