Sala de Prensa

12/11/2019

La Defensora Regional de Antofagasta en entrevista con Misión de la ONU

Loreto Flores: “Es urgente dejar de criminalizar la manifestación social”

En una hora y media, los directivos y el defensor local jefe de Antofagasta expusieron a los integrantes de la Misión de Observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), el informe institucional frente a las tres semanas de trabajo desarrollado en las comisarías de la región.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Un informe detallado sobre el actuar de Carabineros y las distintas instituciones que intervienen en el proceso penal, en el marco de las manifestaciones sociales que estallaron masivamente en Chile el pasado 18 de octubre a la fecha, presentó la Defensoría Regional de Antofagasta a los observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), para explicarles lo que la institución ha podido detectar desde el inicio del movimiento a través de su permanente presencia en las distintas comisarías de la región.

La reunión, que se extendió por una hora y media, fue encabezada por los directivos regionales Loreto Flores Tapia (Defensora Regional), Patricia Sagua Bravo (directora administrativa regional) e Ignacio Barrientos Pardo (jefe de Estudios), quienes junto al defensor local jefe de Antofagasta, Mario Fuentealba Riquelme, relataron a los enviados de la ONU los casos y situaciones que la Defensoría ha observado durante su permanente presencia en las comisarías de la región, lo que ha permitido elaborar una base de datos y verificar en terreno casos que deben ser relevados en instancias como esta.

En este contexto, la Defensora Regional explicó que “los defensores penales públicos se han entrevistado con los detenidos en los cuarteles policiales, requiriendo información sobre las circunstancias de la detención, el estado de salud y la existencia de lesiones". 

Loreto Flores agregó que esta labor ha sido complementada con la entrega de información a los familiares y amigos apostados en las afueras de las unidades policiales. "En esta labor se ha contado con la valiosa colaboración y apoyo de un grupo importante de abogados voluntarios, pertenecientes a una agrupación de derechos humanos”, puntualizó.

GRUPOS PRIORITARIOS
El jefe de Estudios explicó luego a los observadores que “algunos de los grupos de especial preocupación en este contexto social han sido los adolescentes y las mujeres, a fin de precaver cualquier situación abusiva que afecte sus derechos, por lo que en el caso de los primeros se ha requerido en varias ocasiones la concurrencia de jueces de familia, mientras que en el caso de las mujeres se ha pedido a los funcionarios que prioricen su liberación”, aclaró  Ignacio Barrientos.

En cuanto al número de personas detenidas, los directivos de la Defensoría Regional expusieron que uno de los principales problemas que se han detectado es el enorme volumen de detenidos que llegan a los cuarteles policiales y que luego no son pasados a control de detención ante el tribunal de garantía, donde se podría verificar la legalidad de las detenciones y las condiciones en que se cumplen.

Según Loreto Flores, a este punto “se suma la demora en la liberación de los detenidos/as a causa de la tramitación administrativa interna de Carabineros. Chile ya es un país altamente tecnologizado y las instituciones deben ir a la par. No podemos comprender que la detención de una persona se extienda por 4 o más horas sólo porque el personal a cargo debe llenar libros, confeccionar minutas y partes policiales a mano y repetidas veces. Eso ya no es propio del siglo XXI”, destacó.

OTROS TEMAS
En otros temas, los representante de la Defensoría expusieron también sobre las condiciones de los calabozos, la falta de capacitación de los funcionarios de Carabineros respecto de los derechos de los detenidos y las facultades de los defensores y abogados, sobre apremios a detenidos adolescentes, quienes deben ser protegidos en todos los procedimientos, tomándose medidas adecuadas de resguardo para su detención, lo mismo que la coordinación que se debe lograr con fiscales y magistrados para evitar vulneraciones a los derechos de las personas detenidas.

Para finalizar, los directivos regionales entregaron a los observadores las estadísticas que ha consolidado la Defensoría Regional y los datos de algunos casos particulares que son de relevancia para el análisis de las vulneraciones de derechos ocurridas en el contexto de la actual contingencia nacional.

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