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25/11/2019

A un mes de las movilizaciones sociales

Aumentan más de un 80% casos de prisión preventiva y Defensoría señala hacinamiento carcelario en Copiapó (*)

Desde el 19 de octubre al 17 de noviembre han sido detenidas 693 personas, 84 de ellas están bajo esta medida cautelar. Desde Gendarmería informaron que el recinto tiene una capacidad de 262 internos y que actualmente tiene 591, con una sobrepoblación de 226 por ciento.

(*): El siguiente reportaje fue publicado por el Diario de Atacama.

Por Constanza Rivera,
periodista Diario Atacama.

A más de un mes desde que comenzó el estallido social, de acuerdo a lo informado desde la Defensoría Penal Pública de Copiapó se registran 693 personas que fueron representadas en audiencias por defensores penales públicos, 84 a quienes se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Violeta Villalobos, jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Atacama, explicó que el impacto del ingreso del gran número de imputados ha agravado el hacinamiento ya existente en la cárcel de Copiapó.

Al respecto, Violeta Villalobos indicó que “hay un esfuerzo importante de los defensores para lograr que los imputados recuperen su libertad mientras continúa el proceso penal, solicitando al tribunal la revisión de la medida cautelar, en el entendido de que la prisión preventiva debe estar reservada sólo para los casos en que es absolutamente indispensable para asegurar los fines del procedimiento y cuando las demás medidas no privativas de libertad sean insuficientes para lograrlo”.

ATACAMA
Desde el 19 de octubre al 17 de noviembre han sido detenidas 693 personas. Entre los principales delitos se encuentran los desórdenes públicos, el robo en lugar no habitado y la receptación de especies. Mientras que el mes anterior se realizaron aproximadamente 450 controles de detención, lo que refleja un alza de un 54 por ciento, según lo señalado desde la Defensoría Penal Pública.

Desde que comenzaron las movilizaciones se ha decretado la prisión preventiva de 84 personas, siendo uno de ellos un adolescente que se encuentra en el Centro de Internación Provisoria (CIP). Anteriormente (un mes antes del estallido social) 46 personas quedaron en prisión preventiva. Es decir, el aumento del número de presos es de 82.6 por ciento en comparación con el mes anterior.

En la región hubo 90 adolescentes detenidos en el mismo periodo, la mayoría relacionados con el estallido social. Sólo el adolescente ingresó al Centro de Internación Provisoria, un menor de 15 años que el 20 de octubre fue formalizado por el delito de porte de elementos incendiarios (bombas 'molotov'), previsto en la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas.

CÁRCEL DE COPIAPÓ
El aumento de personas bajo esta medida cautelar, de acuerdo a lo señalado desde la Defensoría, “ha agravado el hacinamiento carcelario ya existente en la cárcel de Copiapó, evidenciando los problemas de infraestructura que la unidad penal arrastra por largos años”.

Al respecto, desde el área de comunicaciones de Gendarmería Atacama informaron que “el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, construido en 1964,  tiene una capacidad según diseño de 262 internos. Actualmente existen  591 internos en esta unidad penal, por tanto la sobrepoblación es de 226 por ciento”.

Además señalaron que “dada la situación actual del país y el ingreso de 84 internos que se ha dado en las últimas semanas en la unidad penal de Copiapó, se han tomado las medidas pertinentes con el objeto de mantener el orden del régimen  penitenciario, velando por la seguridad de internos e imputados. Para eso se ha hecho una reorganización  y segmentación de la población penal, considerando a la vez, reforzamientos de la unidad penal y USEP, unidades fortalecidas por personal que ocupa puestos especiales en la dirección regional de Atacama”.

También explicaron que “se han consolidado las medidas de seguridad en los tribunales, aumentando el personal que resguarda a los intervinientes en audiencias y en las instalaciones judiciales”.

DETENCIONES ILEGALES
En tanto, desde la Defensoría señalaron que se decretaron un total de 45 detenciones ilegales, por no ajustarse a las hipótesis de flagrancia que establece la ley. La mayoría de las detenciones que han sido decretadas se deben al delito de desórdenes públicos.

Al ser consultada por las detenciones ilegales, Villalobos explicó que “el debate de la legalidad de la detención se da en la audiencia de control de la misma. La ilegalidad la solicita el abogado defensor. Si el magistrado la decreta, la Fiscalía igualmente puede formalizar la investigación. Sin embargo, no puede solicitar la ampliación de la detención y por la declaración de ilegalidad la defensa se opondrá a que se decreten medidas cautelares basadas en el procedimiento declarado ilegal”.

En relación a la labor que ha desarrollado la Defensoría Penal Pública de Atacama en el contexto de la contingencia nacional, Violeta Villalobos sostuvo que “enfrentamos (como institución) uno de los mayores desafíos en materia de funcionamiento registrados en nuestros 18 años de existencia, tanto en temas logísticos como operativos y pese a las grandes dificultades que está enfrentando el país, la institución ha sido capaz de hacer frente al aumento del volumen de audiencias, dando cobertura de defensa penal de calidad”.

Además argumentó que realizan una labor informativa en relación con “los derechos de las personas detenidas, ya que la mayoría de ellas nunca ha pasado por un proceso penal”.

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