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Debido proceso y resguardo a la salud

11/06/2020

Columna de opinión

Debido proceso y resguardo a la salud

El siguiente artículo fue escrito por Gustava Aguilar Moraga, Defensora Regional de Magallanes, y publicado en el diario La Prensa Austral.

Gustava Aguilar Moraga, Defensora regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Por Gustava Aguilar Moraga,
Defensora Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Ante la actual crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, la gestión del sistema penal enfrenta importantes desafíos, teniendo como prioridad la salud de representados, funcionarios y actores del sistema y conciliarlos con un debido proceso

Como Defensoría hemos tomado los resguardos necesarios para la debida protección y disminución de riesgos para la salud de todas las personas que defendemos, así como para quienes integran el sistema y, en particular, nuestra institución y quienes ejercen labores asociadas a la defensa pública.

Ello incluye la realización de trabajo a distancia a partir del 16 de marzo, la aplicación de medidas sanitarias, la disponibilidad de medios para esta modalidad de trabajo remoto y el mejoramiento de herramientas informática, entre otras.

Todas estas medidas han estado siempre orientadas a la mantención de la prestación de un servicio de excelencia para nuestros representados y sus familias.

A su vez, las defensorías regionales y defensorías locales de todo el país han prestado toda la cobertura necesaria. Los defensores públicos, asistentes, profesionales de apoyo y directivos han maximizado su capacidad de trabajo, de forma de evitar que la grave crisis sanitaria que afecta al país genere un desmedro de la atención, la cobertura y el ejercicio de defensa técnica.

El sistema penal debe resguardar tanto la salud como el debido proceso y las garantías, lo cual es perfectamente compatible. Ello implica un trabajo interinstitucional que, efectuando el análisis de los diversos tipos de audiencia, defina criterios generales para cumplir ambos objetivos.

Por ello, la prioridad institucional ha sido en todo momento realizar un diálogo técnico interinstitucional, para establecer con los demás actores (Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público y Colegio de Abogados) los resguardos indispensables para lograr la protección de la salud y, simultáneamente, de las garantías y derechos de los intervinientes, sin que ninguno de ellos los ceda totalmente respecto del otro.

Sin duda que el uso de la tecnología para la realización de audiencias a distancia ha sido uno de los aspectos centrales del funcionamiento del sistema penal en el contexto de la pandemia, metodología que genera importantes ventajas en orden a disminuir el riesgo de contagio de las personas vinculadas al proceso penal, sean usuarios, testigos, peritos o funcionarios, jueces, fiscales o defensores.

Ahora bien, es fundamental dejar asentado que el proceso penal, es decir el juzgamiento de hechos de gravedad imputados a personas, debe ser tramitado conforme a reglas y principios que deben ser debidamente respetados, a fin de otorgar legitimidad tanto a la investigación como a la eventual condena impuesta por el Estado.

Por lo anterior la Defensoría solicitó reagendar los juicios orales para poder hacerlos presenciales cuando las condiciones de resguardo de salud lo permitan, anteponiendo siempre la voluntad expresa y específica de nuestros representados en este sentido, por encima del derecho que a ellos mismos les asiste de ser juzgados en un plazo razonable y muy por sobre la necesidad de dar continuidad al servicio judicial.

Todo lo anterior, con el propósito de realizar los juicios orales conforme a nuestra legislación y sin afectar las garantías judiciales, el debido proceso y el derecho de defensa, como corresponde a un estado de derecho.

Urge, entonces, un acuerdo entre los intervinientes, que considere todos los aspectos técnicos, tenga presenta opiniones expertas y pueda entregar pautas para el óptimo funcionamiento del sistema en este momento excepcional.

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