Sala de Prensa

21/08/2014

Columna de opinión:

Juventud, divino tesoro

El siguiente artículo fue publicado el jueves 21 de agosto en El Diario de Aysén.

Paulina Delgado Barriga, defensora local de Coyhaique

Paulina Delgado Barriga, defensora local de Coyhaique

Al observar un reportaje de televisión en un noticiero, veo a un joven de corta edad siendo detenido por funcionarios policiales. Expuesto ante las cámaras de televisión, grita a viva voz “y qué tanto, si voy a seguir robando…”. Por supuesto, acompañado de una tétrica música de fondo y agregando el periodista que el gran problema de la Ley 20.084 es “que no sanciona la reincidencia…”, lo cual -por supuesto- será objeto prontamente de una discusión en el Congreso Nacional para su modificación.

Horrorizada, me pregunto: ¿Sabrá la gente (y la prensa) que el Estado de Chile se obligó hace ya varios años a respetar la Convención de Derechos del Niño y todas las reglas que le sirvieron de inspiración a ésta? ¿Sabrán, entonces, que sancionar conductas como la reincidencia en los adolescentes está prohibido por dicho sistema y que debe cumplirse, si no se quiere caer en incumplimiento incluso de nuestro propio texto constitucional? ¿Qué hacemos, entonces, con la criminalidad adolescente, la cual parece ser cada día más fuerte y violenta? ¿Encarcelarlos a todos o hacernos cargo del problema?

En mi experiencia como defensora penal pública y específicamente en mi paso por la defensa penal juvenil, pude percatarme de que el foco del problema no está en la Ley 20.084, ni en la rebeldía o reincidencia juvenil, sino que es un problema social.

En primer lugar, por avalar como sociedad la utilización cada vez más frecuente de la justicia para resolver conflictos que deberían estar entregados a otras instituciones, como la familia o el liceo y que son inclusive mucho más efectivas que la decisión que pueda tomar un juez.

Pensemos, por ejemplo, en Pedro, un joven de 14 años, introvertido, en pleno período de la adolescencia, aburrido porque sus compañeros lo molestan constantemente y que un día, abatido y exasperado, agrede a su compañero con golpes de puño, como una manera fácil y rápida de solucionar su conflicto.

Resulta que ese joven es institucionalizado, muchas veces pasa la noche entera detenido, llevado a un tribunal, enfrentado a un sistema poco amigable, para finalmente ser dejado en libertad con una sanción que ni él mismo entiende de qué se trata, sintiendo entonces que su conducta no produjo ninguna consecuencia.

Distinto sería, entonces, que tanto la familia como el liceo se hicieran cargo del problema, ejerciendo los castigos y reprimendas correspondientes, lo cual es mucho más efectivo que lo anterior.

Puedo decir, por mi experiencia, que muchos jóvenes prefieren ser condenados en una audiencia para irse luego a su casa y que sus padres no se dieran cuenta de lo que estaba pasando, ya que ese castigo sí que iba a ser ejemplar. Por tanto, una respuesta judicial es totalmente poco efectiva para que Pedro pueda entender lo negativo de su conducta y solucionar -quizás- su problema, que puede ser incluso una depresión o falta de control de impulsos, lo cual nunca se va a solucionar sometiéndolo a un sistema penal.

Por otro lado, hay que considerar lo que significa exponer a Pedro -un joven en pleno desarrollo tanto físico como mental, con todos los cambios hormonales y químico neuronales que eso significa- a un sistema perverso, en el cual es expuesto a compartir espacios con jóvenes con más problemas conductuales que él, aconsejado por esos pares, valorado y validado por ellos, lo que aumentará aún más su rebeldía y su 'gusto' por desafiar al sistema, la sociedad y los jóvenes de su entorno, pasando Pedro de ser un joven abatido y atormentado que simplemente reaccionó equivocadamente frente a un impulso, a ser el 'matón del curso': el llamado efecto mariposa.

¿Qué hacemos, entonces, con la obligación asumida por el Estado de Chile al ratificar la Convención de Derechos del Niño, de preferir las salidas distintas a la judicialización en el caso de los adolescentes? ¿La culpa la tiene Pedro o la política criminal persecutora chilena, al exponerlo a convertirse en el ser humano en el que se convirtió?

Por Paulina Delgado B.,
defensora local de Coyhaique.

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