Sala de Prensa

22/10/2014

Columna de opinión: Roberto Vega Taucare

Hace 13 años…

El siguiente artículo, escrito por Roberto Vega Taucare, defensor local de Antofagasta, fue publicado en El Mercurio de esa ciudad el martes 21 de octubre.

Roberto Vega Taucare, defensor local de Antofagasta.

Roberto Vega Taucare, defensor local de Antofagasta.

Por Roberto Vega Taucare,
Defensor Local de Antofagasta.

Hace 13 años, un 16 de octubre de 2001, entró en vigencia en nuestra región la actual normativa procesal penal. Es claro y evidente que ésta transformó profundamente el sistema de enjuiciamiento criminal, mediante el establecimiento de un sistema de justicia penal de corte adversarial, en el cual la resolución de conflictos jurídicos-penales quedó radicada en jueces de garantía y jueces orales en lo penal, quienes no tienen injerencia en la realización de diligencias tendientes a averiguar la existencia de un delito y la determinación de sus responsables.

Quedó la labor investigativa radicada en el Ministerio Público, órgano que por disposición constitucional posee los recursos y atribuciones legales necesarias para llevar adelante dicho cometido.

Por otra parte, la Defensoría Penal Pública, como órgano funcionalmente descentralizado y con autonomía técnica, que se avocó desde aquel día a proporcionar defensa penal de calidad a toda persona contra quien se dirija una investigación criminal y que no cuente con abogado de confianza.

Este mandato legal lo cumple a cabalidad la Defensoría Penal Pública mediante la presencia de defensores penales, públicos y licitados, lo que permite hacer efectivo el derecho a defensa, materializando de esta forma una garantía establecida tanto a nivel constitucional desde la normativa internacional de derechos humanos. 

Por otro lado, y desde el cotidiano de los habitantes de nuestra región, más allá de las virtudes técnico-jurídicas del sistema de enjuiciamiento criminal, la comunidad se ha visto beneficiada con elementos centrales, tales como la rapidez en la solución de los conflictos penales, la posibilidad de conocer en audiencia las pretensiones de cada interviniente; la existencia de órganos avocados en forma seria y profesional a la resolución de conflictos penales.

Sin embargo, a mi juicio queda aún pendiente un cambio en las prácticas culturales de cada ciudadano, que consiste en que cada persona logre visualizarse en el otro, ya sea como víctima e imputado, y en esa representación avanzar desde la cultura de la exclusión y el rechazo hacia la cultura de la inclusión y la prevención.

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