Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional de Maule.

Durante la semana pasada se produjo un atochamiento en Talca, pero uno de esos que da gusto pasar, pues se juntaron cuatro actividades jurídicas patrocinadas ya sea por el sistema procesal o por la universidades que imparten derecho en el Maule, todas ellas de alto nivel.

Me referiré a una de ellas en particular: el seminario sobre el juez de ejecución que se llevó a cabo en uno de los salones de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca. Lo relevante del tema fue la participación de uno de los nuestros (de la Defensoría Penal Pública) como fue don Jaime Venegas Valenzuela, pero más que todo, la falta que nos hace un juez de estas características es lo que me hace, entre otras razones, hablar de ello esta quincena.

En efecto, dos de las más exitosas políticas públicas del sector justicia de los últimos años -como son la reforma procesal penal y el nuevo sistema de justicia penal adolescente- lloran la existencia de un juez de ejecución como el abordado el día jueves recién pasado por la comunidad jurídica de Talca.

Y lo anterior, porque si existe un flanco abierto en ambas reformas mencionadas es precisamente la ejecución. La principal deuda de la reforma procesal penal y del sistema adolescente de justicia penal es la poca seriedad con que se ha abordado la ejecución de las condenas o sanciones, una vez que los jueces se pronuncian acerca de un delito en particular.

Así,  hemos tenido éxito en llevar a juicio a gente imputada de un delito, se ha mejorado el índice de condenas, se ha mejorado el plazo en que se resuelven los conflictos penales pero, una vez que el mallete suena para indicar que el juicio ha terminado, comienza la principal debilidad del sistema en Chile.

Y, lamentablemente, esta falencia no distingue si el sentenciado es adulto o menor de edad, ya que la ejecución de las sanciones en Chile no ha avanzado como quisiéramos y como el resto de las instituciones lo ha hecho, por distintas razones.

Una de ellas es la falta de un juez que esté a cargo de que efectivamente las sanciones en nuestro país se enfoquen desde una mirada resocializadora, reeducadora y que busquen, más que el mero castigo, la pronta reinserción en la sociedad del sentenciado, para que se materialice de una vez por todas lo que consta en la letra de ley.

A lo anterior se suma el presupuesto siempre deficiente de Gendarmería de Chile, la mirada errática en torno a la función y el modelo de sistema carcelario en Chile, la duplicidad de funciones del Sename y también la carencia de presupuestos y de estrategia inteligente que permita rebajar los índices de reincidencia y de hacinamiento en nuestros centro penales.

Muestra de esto último es la situación de sobrepoblación preocupante de la cárcel de mujeres de Talca, que ojalá pronto se solucione con su traslado a las dependencias del CIP-CRC, que comenzará a ocupar sus nuevas dependencias en un futuro muy próximo.

En suma, una política criminal integral, que no sólo se centre en el proceso penal, ya que allí estamos por sobre los estándares internacionales, sino que abarque lo que pasa luego de la dictación de la sentencia de una manera profesional, seria y con recursos humanos y materiales adecuados, es lo que falta en Chile, para que los números no nos sonrojen y podamos decir que no tenemos flancos abiertos.