Sala de Prensa

18/12/2019

Operó en dos provincias de la región

Los Lagos: exitoso primer año de inédito convenio entre la Defensoría y la Universidad Santo Tomás

Familiares de los beneficiados destacaron el compromiso de ambas instituciones por apoyar a quienes requieren soporte técnico y orientación respecto del avance del proceso penal que enfrentan.

Por Jorge Mansilla Macías,
Defensoría Regional de Los Lagos.

El lunes recién pasado, en la sede de la Universidad Santo Tomás (UST) en Puerto Montt, se realizó el cierre anual del proyecto de curadores ad-litem y acompañamiento a familias de imputados presos, un convenio pionero en estas materias que suscribieron la Defensoría Regional de Los Lagos y esa casa de estudios superiores.

El acuerdo se materializó en distintos ejes: el primero tiene que ver con la posibilidad de contar con curadores ad-litem para aquellos acusado inimputables que no tienen familiares que puedan apoyarlos para cumplir la tarea de representar sus derechos en el proceso. En esa misma línea, y paralelamente, el propósito es rearticular redes de soporte para estas personas.

En segundo eje implicó trabajar con las familias de las personas que por primera vez ingresan a prisión preventiva, para acompañarlas en el proceso de conocer, entender y sobrellevar los efectos de una imputación penal.

En la ceremonia del lunes se hizo entrega de certificados de participación a los alumnos y alumnas de las carreras de servicio social, derecho y psicología de la UST, quienes fueron los operadores del convenio, a través de la representación de los imputados que requerían curadores ad-litem, y también mediante el apoyo a las familias de imputados que por primera vez deben enfrentar la medida cautelar de prisión preventiva.

Boris Hrzic, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, destacó que este acuerdo abrió la puerta para un abordaje integral de problemas que normalmente enfrenta la defensa pública.

“No sólo el imputado privado de libertad sufre con la merma de ese importante derecho (la libertad), sino que también sus familiares, quienes quedan en la nebulosa de información y del destino del familiar preso. Del mismo modo, el problema de inimputabilidad no sólo debemos enfocarlo en lo jurídico, sino también en lo social, y de acuerdo con ello, muchos imputados con problemas de salud mental no son asistidos y acompañados por sus familiares, lo que representa la realidad más cruel del sistema de justicia criminal”, aseguró.

El directivo valoró el aporte realizado por la trabajadora social Gerly Vidal, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), quien supervisó y apoyó a los alumnos en el acompañamiento permanente con las familias de los imputados privados de libertad y que han trabajado como curadores para el litigio, en representación de los intereses de los usuarios de la Defensoría.

RESULTADOS DE 2019
En su primer año, el programa permitió apoyar a 19 familias, tarea que fue asumida por alumnos de la UST en las sedes donde fue desarrollado. Así, ocho imputados fueron asistidos con apoyo psicosocial (cuatro en Osorno y cuatro en Puerto Montt) y 11 causas contaron con curadores ad-litem (cuatro en Osorno y siete en Puerto Montt).

Carlos Martínez Jaramillo, familiar de un imputado en prisión preventiva, destacó el apoyo de la Defensoría Regional de Los Lagos y el trabajo de Daniela Madariaga, alumna de la Universidad Santo Tomás.

“Ella se contactó con nuestros familiares, conversó con ellos. Decidimos participar del programa porque nos daba consejos, nos apoyaba para atender nuestras dudas y nos entregaba información importante para entender por lo que estaba pasando mi tío”, explicó.

Martínez valoró también el enorme compromiso del equipo: “El mayor aporte fue Daniela. Ella llegó un día a las once de la noche a mi casa, con un documento que necesitábamos para llevarle zapatillas. Lo hizo porque sabía que él necesitaba esas zapatillas y que nosotros estábamos preocupados. Estuvo comprometida y nos orientó”, dijo.

Se cumple así, en Los Lagos, el objetivo planteado por la Defensora Regional, María Soledad Llorente, al suscribir el convenio que dio inicio a este programa: “Queremos trabajar de cerca con las familias, muchas veces estresadas con la angustia propia de enfrentar un proceso penal, y aportar como Defensoría a reconstruir la situación de las personas cuyos afectos deben enfrentar el proceso y una eventual condena no solo desde lo jurídico, sino también desde una mirada humana”.

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