Sala de Prensa

02/01/2020

El hombre había sido imputado por tráfico en Pichilemu

Tribunal absolvió a padre que cultivaba cannabis para el tratamiento de su hijo con autismo

Seis años de presidio solicitaba en Ministerio Público para Rodrigo Barraza, quien aprendió del cultivo de cannabis a través de la Fundación Daya

Por Andrea Contreras Márquez,
Defensoría regional de O'Higgins.

El 19 de marzo de 2019 Rodrigo Barraza venía llegando a la puerta de su casa cuando fue sorpresivamente interceptado por personal de la Policía de Investigaciones, quienes sin mediar conversación lo detuvieron y le pidieron que les mostrara las matas de marihuana que cultivaba y mantenía en su domicilio. Según recuerda, por más que trató de explicar y mostrar los certificados médicos que daban cuenta del uso terapeutico de la cannabis, a la policía solo le importó requisar las plantas y llevárselo detenido.

Barraza es padre de León, un niño de 10 años, quien padece de autismo y estaba sufriendo episodios de alta violencia contra sí mismo y contra terceros. Esta situación no se logró controlar con medicamentos químicos, por lo que Rodrigo y su pareja, Catherine Gajardo, comenzaron a investigar sobre algún tratamiento alternativo que permitiera recuperar el bienestar del niño.

Así llegaron a la Fundación Daya, donde tras la evaluación médica del niño le proporcionaron una receta sobre la base del aceite de cannabis que en, con una dosis de 5 gotas diarias, se logró una reacción fantástica del pequeño. “León ya podía socializar más, estar atento, salir a la calle y no agredirse. La vida le cambió”, explicó la madre del niño.

El problema que se presentó fue que una botella de 30 ml de este aceite tiene un costo cercano a 500 mil pesos, un precio inabordable para la joven pareja. La alternativa era aprender en la misma Fundación Daya sobre el cultivo y la extracción del aceite de cannabis que necesitaban para tratar a León. Así fue como Barraza aprendió la técnica y comenzó a fabricar el medicamento para su hijo.

Cuando la PDI llegó a su hogar, los detectives arrancaron las 15 matas que mantenía en el patio y requisaron, además, las plantas que tenía en proceso de centrifugado. En la casa no había nada que diera cuenta de la eventual comercialización de la marihuana. Ni dosificadores, ni pesas, ni dinero. Menos clientes o testigos que dieran cuenta de conductas extrañas en el domicilio.

Sin embargo, el Ministerio Público formalizó a Barraza por el delito de tráfico y solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario completo, que fue otorgado por el tribunal de Pichilemu.

Entendiendo la injusta situación de su representado, el defensor público de la causa, Renato Cárcamo, solicitó a la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional presentar un amparo para cambiar la medida cautelar que afectaba a Rodrigo, sobre todo considerando los antecedentes con los que ya se contaba en el caso. De manera unánime, la Corte Suprema aceptó el recurso e impuso firma mensual al imputado.

JUICIO ORAL
Finalmente, el jucio oral contra Rodrigo Barraza se realizó el 23 de diciembre pasado en el Tribunal Oral de Santa Cruz. Tanto profesionales médicos como la directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, testificaron en favor del acusado. Tales testimonios más la prueba y contundente argumentación de Renato Cárcamo lograron que la mañana del 24 de diciembre terminara la pesadilla para la familia: Rodrigo fue declarado inocente del delito de tráfico que se le había imputado.

“Estoy tranquilo. Siempre supe que saldría libre. Pero yo no soy el único, hay muchos que siguen siendo perseguidos por el autocultivo de cannabis”, dijo Barraza tras salir de la sala y abrazar su esposa. 

La mujer celebró que se haya hecho justicia y anunció acciones legales para reparar el daño causado. “Nos han discriminado y tratado como delincuentes, mi hijo perdió el año escolar. Ahora lo que más quiero es volver a nuestra casa y plantar para que mi niño retome su tratamiento”, dijo Catherine Gajardo, profesora de educación básica.

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