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06/05/2020

Abogada Paulina Aracena remarcó que la cárcel no es lugar para alguien que aún no ha sido imputada

Defensora penal pública evitó que investigada por presunto delito fuera enviada a centro penitenciario antes de su formalización

La gestión forma parte del mediático caso que motivó la detención de otras seis personas, entre ellas cuatro concejales de la Municipalidad de Iquique.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá

La defensora penal pública Paulina Aracena fue la única abogada que cuestionó ampliar la detención de los presuntos involucrados en la investigación por cohecho que permitió detener a ocho personas en la madrugada del miércoles, entre ellas a cuatro concejales de la Municipalidad de Iquique.

Interviniendo en nombre de su representada -una funcionaria municipal-, la abogada subrayó que la parte acusadora tuvo dos años para preparar la formalización de cargos, por lo que no le parecía admisible la petición hecha por el fiscal a cargo del caso.

La defensora pública también se opuso a que la mujer fuera llevada hasta el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio durante el plazo de ampliación de la detención. Explicó que no es un recinto apropiado para mantener a personas a las que aún no se les formalizaba por delito alguno, además que la cárcel enfrenta un mayor riesgo sanitario debido a la pandemia del Coronavirus.

Finalmente, el juez de garantía de Iquique, Ricardo Leyton, ordenó que los aprehendidos permanecieran hasta el viernes en esa condición, pero aceptó la petición de la defensora Aracena en orden a que la funcionaria asistida por la Defensoría no fuera trasladada hasta el recinto de Gendarmería, sino que permanecerá en las dependencias de la PDI hasta donde fue trasladada después del operativo.

CONTROL DE DETENCIÓN
La audiencia en que se debatieron estos temas fue realizada para controlar la legalidad de las detenciones y se cumplió a través de videoconferencia, con la participación remota de cada uno de los intervinientes, incluidos los ocho detenidos, a quienes se les pesquisa por presuntos delitos de cohecho, quebrantamiento de secreto y lavado de activos.

El caso fue monitoreado desde temprano por la Defensoría Regional de Tarapacá, cuyos abogados tomaron contacto con los investigados, en cumplimiento de la misión institucional de garantizar que se ejerciera oportunamente el derecho a defensa penal que tiene toda persona.

Finalmente, la única que optó por seguir con defensa penal pública fue la funcionaria municipal, identificada con las iniciales D.V.

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