Sala de Prensa

02/07/2020

Columna de opinión:

Seguridad pública, aspectos sanitarios e inimputables

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, fue publicado hoy en el diario El Divisadero.

Por Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.

Es una opinión compartida que los orígenes y el aumento de la delincuencia encuentran su raíz en diversos factores, situaciones y condicionantes personales, familiares y socio culturales.

Si bien el oportuno e íntegro acceso a las prestaciones en materia de salud constituye un derecho esencial de todas las personas, en la práctica, lamentablemente, no todos pueden ejercer este derecho de manera plena, ya sea por problemas de índole económica o por carecer de la necesaria información al respecto. Esta situación es especialmente sensible y difícil de resolver en la población más vulnerable de nuestra sociedad.

En nuestra experiencia como defensores penales públicos en la región de Aysén, vemos a diario a personas que son atendidas por nuestra institución en calidad de imputadas o condenadas y que presentan serios problemas de salud, particularmente en el área mental. Estas deficiencias en la atención de salud que reciben, que muchas veces llega a su total ausencia, se constituyen en factores que indudablemente han de operar como potenciadores de futuras conductas delictivas.

Me refiero a problemas relacionados con el alcoholismo, la drogadicción o bien problemas psicológicos, que varían desde un desorden puntual hasta patologías severas, generando problemas al individuo afectado con éstas para interactuar sanamente en sociedad en sus vidas familiares y laborales. Lo anterior muchas veces se expresa en una alta agresividad, escasa tolerancia a la frustración, problemas para comunicarse efectivamente, incapacidad de distinguir el bien del mal y/o de acatar las normas de convivencia, etc.   

En la medida que nuestro sistema de salud funcione con eficacia para abordar estos temas, disminuirá indudablemente la ocurrencia de aquellos delitos, relacionados directa o indirectamente con estas adicciones o consumos problemáticos.

Por otra parte, la situación de las personas inimputables es un tema que debemos abordar de manera adecuada y de una vez por todas, como sociedad y en la administración de justicia, en particular.

Cuando quienes debieran permanecer en un recinto siquiátrico durante el desarrollo de un proceso penal en su contra -con su cuadro de enfermedad mental atendido y a la espera de la realización de los necesarios peritajes- son ingresados a recintos carcelarios ordinarios, naturalmente destinados y en condiciones de recibir a personas sin cuadros de total o parcial inimputabilidad por su condición mental, se torna completamente ilusoria la posibilidad de que estas personas reciban un tratamiento adecuado, en un entorno seguro para sí mismos y para el resto.

Consciente de esta situación es que la Defensoría Penal Pública considera la defensa de inimputables como uno de los ejes centrales de las defensas especializadas. Si bien no contamos con defensores de dedicación exclusiva en la materia, sí mantenemos capacitaciones para nuestros defensores locales y de trato directo.

Sin dejar de reconocer los avances que en nuestro país ha habido en relación con el sistema de salud, creemos que es necesario continuar avanzando al respecto y que, como sociedad toda, nos involucremos en este tema, considerando que su impacto va mucho más allá de la salud pública, afectando en otros ámbitos de la mayor significación, como la seguridad de las personas, su normal convivencia y, por cierto, la futura comisión de delitos.

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