Sala de Prensa

24/07/2020

Una treintena de bolivianos, peruanos y colombianos están varados en el CDP de Calama

Defensor Regional de Antofagasta visitó a ciudadanos extranjeros que esperan expulsión

A pesar de lo que estableció la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en cuanto a dar máxima rapidez a los operativos de salidas del país, sus estados de origen elevaron sus exigencias para abrirles las fronteras, ya que deben contar con examen PCR negativo

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Una compleja situación afecta a 36 ciudadanos bolivianos, 5 colombianos y un peruano, quienes se mantienen privados de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama a la espera del cumplimiento de su condena de expulsión del país. A pesar de las tratativas de la Defensoría Regional de Antofagasta con los respectivos consulados y el fallo de la Corte de Apelaciones que exige una pronta respuesta al tema, estas personas llevan meses esperando volver a sus respectivos países.

La situación, que se vio agravada por la crisis sanitaria y las altas exigencias que los países han impuesto para abrir sus fronteras, ha generado un alto nivel de ansiedad entre los condenados y sus familias. Frente a ello, el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, se reunió con este grupo de privados de libertad y les explicó las gestiones que la institución ha desarrollado y las que aún están pendientes de resolución para activar rápidamente los operativos de expulsión.

“Hemos hecho reuniones con los consulados y presentado numerosos recursos ante la Corte de Apelaciones, desplegando un gran esfuerzo para dar respuesta a estas personas, quienes sin duda están en grave riesgo de contagio, debiendo hace mucho haber estado en sus respectivos países", explicó Barrientos.

Sin embargo, aclaró que Bolivia ha pedido la realización de exámenes PCR y Colombia el pago del boleto de ida en el vuelo humanitario. "Frente a estas exigencias se nos ha complicado el panorama, pero lo hemos resuelto a través de tribunales”, destacó.

VISITA Y DIÁLOGO
En su visita a los condenados de Calama, el directivo les expresó toda la disposición institucional de atender cada uno de sus casos y resolver las inquietudes en torno a este procedimiento, que para algunos se ha retrasado desde febrero pasado.

“Este tipo de expulsiones en tiempos normales puede tardar entre 45 a 60 días cuando mucho, pero entendemos que estamos en una situación muy extrema y algunos de los condenados están hace meses a la espera de que se efectúen las expulsiones. En esta demora han incidido varios factores, pero lo principal se relaciona con las medidas sanitarias que imponen las diferentes naciones”, señaló el Defensor Regional.

Asimismo, resaltó que el último amparo presentado por los defensores penales data del 13 de julio y dio origen a la notificación que el tribunal de garantía de Calama hizo al Servicio de Salud para la aplicación gratuita de los exámenes a los 36 bolivianos que están en esta situación, quedando aún pendientes los colombianos y el peruano.

“Era una situación que no era difícil de prever, ya que las condiciones de hacinamiento del penal de Calama se vuelven un factor determinante en la propagación del virus, a pesar de los esfuerzos de Gendarmería. Esperamos no sigan siendo afectados más condenados que están en internación provisional, ya que ésta es una situación que se supone es momentánea y, como garantes de los derechos de las personas, el Estado debe hacer las gestiones necesarias para resolver cuanto antes toda esta situación”, resaltó Barrientos, haciendo alusión a las acciones que se pueden desarrollar a nivel de la Cancillería.

“Las personas privadas de libertad están sometidos a una condición de vulnerabilidad que debe ser atendida preferentemente y esperamos que así sea para llevar tranquilidad a estas más de 40 familias que esperan el retorno de sus familiares que están varados en una cárcel chilena. Mientras tanto, la Defensoría Regional monitorea permanentemente su situación, al igual que lo hace con todos los hombres y mujeres que están viviendo la pandemia en los recintos penitenciarios de la región”, finalizó el Defensor Regional.

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