Sala de Prensa

11/09/2020

En seminario que convocó también al Fiscal Nacional y a la Defensora de la Niñez, entre otros expositores

El Defensor Nacional explicó la urgencia para Chile de un sistema de ejecución penal

En un contexto en que los demás participantes valoraron el programa de defensa penitenciaria de la Defensoría, Andrés Mahnke dijo que se requiere un sistema que establezca una regulación normativa y un control jurisdiccional que permita mayores niveles de transparencia y publicidad, “porque hoy pocos saben lo que pasa al interior de las cárceles.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, participó hoy en el seminario “Ley de ejecución penal para Chile”, organizado de manera virtual por el senador Felipe Harboe y que convocó además al Fiscal Nacional, Jorge Abbott; a la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello; a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y a los académicos María Elena Santibáñez y Miguel Chávez.

¿Por qué en Chile la cantidad de personas privadas de libertad es tan alta? ¿Es utópico hablar de reinserción dado el contexto actual? ¿Cómo trata el sistema penal a las mujeres privadas de libertad?

Con estas y otras preguntas de fondo, las ponencias de los participantes revisaron las distintas razones por las cuales Chile no cuenta aún con una regulación normativa que permita un control jurisdiccional del cumplimiento de las penas privativas de libertad y, sobre todo, de lo que ocurre al interior de nuestras hacinadas cárceles, para que el Estado pueda cautelar mejor los derechos de las personas privadas de libertad.

UNA DEUDA CON HISTORIA
En su exposición, aunque consideró “una buena noticia” que el gobierno esté trabajando en un proyecto que establece un sistema de ejecución de penas, Andrés Mahnke explicó que esta es “la gran deuda” del sistema de justicia, porque si bien han existido iniciativas o proyectos para recoger este tema desde los años ’90, “ya sabemos por qué no se paga esa deuda”.

“Es porque naturalmente los presos no tienen, en nuestra sociedad, la misma percepción que tenemos quienes estamos conversando aquí en este panel”, sostuvo.

Según el jefe de la defensa pública nacional, dentro de los principales factores que determinan la urgencia de crear un sistema de ejecución están precisamente el hacinamiento carcelario y las demás condiciones que enfrenta la población penal en los centros penitenciarios.

“Hay que tener presente que esto no es fortuito. Ha habido una serie de modificaciones legales a la aplicación de la prisión preventiva, a las limitaciones del uso de las penas sustitutivas o de la libertad condicional que han ido determinando que tengamos más personas presas en nuestro país”, aseguró.

Agregó que las llamadas ‘agenda cortas 1 y 2’ han sido paradigmáticas para explicar la relación directa que existe entre estos cambios normativos y el aumento de la población penal en Chile.

“Lo que se requiere, precisamente, es generar un sistema que establezca una regulación normativa y un control jurisdiccional, lo que no sólo implica recursos, profesionalización y modernización, sino que mayores niveles de transparencia y publicidad, porque hoy pocos saben los que pasa al interior de las cárceles y esa es una realidad innegable en nuestro país”, sostuvo.

Según el abogado, a partir de los compromisos que ha adquirido a través de distintos instrumentos internacionales, el Estado tiene la obligación no sólo de sancionar y castigar a quienes han cometido un hecho ilícito, sino también de promover el proceso de readaptación de estas personas, cuestión que se lograría mucho mejor con un sistema de ejecución penal.

SITUACIÓN ABISMANTE
A propósito de la actual ausencia de esta regulación y control del Estado en esta fase del proceso penal, el Defensor Nacional recordó que la situación de seguridad al interior de las cárceles chilena “es abismante”.

“Existe una relación completamente inversa entre mayor presencia del Estado y menor violencia en las cárceles. Como país, nuestras tasas de homicidio son las más bajas de la región, pero al interior de las cárceles están entre las más altas, porque no hay Estado, no hay regulación ni control jurisdiccional”, afirmó.

Por lo mismo, Mahnke aseguró que es urgente pasar de un ámbito declarativo a otro de acción, cambiando la concepción que existe respecto de los derechos de las personas privadas de libertad.

“Estas personas son sujetos de derecho. Todos lo entienden, pero no se aplica. Por ejemplo, hay internos con derecho a voto que no pueden votar y nadie se lo cuestiona. Y si se cuestiona, terminamos resolviendo que es muy caro y engorroso que ejerzan este derecho, como si eso no tuviera un impacto en sus procesos de reinserción”, explicó.

DEFENSA PENITENCIARIA
Andrés Mahnke valoró el reconocimiento explícito que los demás expositores hicieron respecto de la necesidad y relevancia del programa de defensa penitenciaria que la Defensoría mantiene en todo el país y sostuvo que el impacto de un sistema de ejecución penal para facilitar la labor de este equipo multidisciplinario de la institución “sería inconmensurable”.

Sin embargo, advirtió como un error seguir por el camino actual, que profundiza la privación de libertad y favorece la reincidencia: “Cuando hablamos de la eficacia de un sistema de justicia y de su sistema carcelario para fortalecer la paz social, nos estamos haciendo un flaco favor a la hora de tomar las mejores decisiones como Estado para disminuir la delincuencia en Chile (…) Si damos un paso en falso va a pasar otro par de décadas para que lo podamos hacer de forma que tenga efecto y eficacia”, concluyó.

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