Sala de Prensa

30/10/2020

Trabajador de Arica fue finalmente sobreseído tras comprobarse su inocencia

Lo acusaron de robo con intimidación, pero estaba trabajando a la hora en que ocurrió el delito

El defensor público de la causa, Camilo Valle, explicó que había imágenes que mostraban al imputado en su lugar de trabajo a la misma hora en que el delito ocurría en otro sector de la ciudad. Lo anterior fue respaldado, además, por declaraciones de su jefe y compañeros de trabajo en un supermercado, según las cuales el imputado se presentó normalmente a trabajar y luego atendió público.

Por Varlenka Olivares Fuentes,
periodista Defensoría Regional de Arica y Parinacota. 

Humberto Fernández Mercado fue a trabajar como cada día en el supermercado ariqueño donde era reponedor. Ese día cumplió sus labores con normalidad, atendiendo público y compartiendo con sus compañeros. Nunca se imaginó lo que estaba por vivir, cuando al volver a su domicilio fue detenido por personal de Carabineros y acusado de robo con intimidación.

El hecho del que lo acusaban sucedió la mañana del 19 de mayo de 2020 en el sector norte de la ciudad, donde una mujer fue violentamente asaltada por un sujeto que, según las primeras características entregadas, distaba mucho de cómo lucía Fernández. Aunque alegó inocencia desde el principio, terminó sometido a control de detención.

Pero, ¿cómo llegó a ser detenido, entonces? A través de un reconocimiento errado de la víctima, quien señaló a Fernández como el autor del delito en su contra, tras recibir por redes sociales una fotografía suya en que se le acusaba de haber cometido otro delito.

“Todo ocurrió pasadas las 21 horas, cuando iba a bordo de un vehículo. Sorpresivamente, llegan funcionarios del OS-7 de Carabineros, quienes me sacaron a la fuerza del automóvil, apuntándome con pistolas y reduciéndome. Sentí mucha vergüenza por todas las personas que estaban viendo lo que ocurría y me sentía desorientado al no saber por qué me daban ese trato", explica.

Agrega que lo trasladaron hasta la Tercera Comisaría, donde lo encerraron en la celda junto a otras personas, sin el distanciamiento social necesario frente a la pandemia de Covid-19.

"A la mañana siguiente me llevaron al juzgado. Fui enviado a la cárcel de Acha por dos días y una noche, lo que generó que casi perdiera mi trabajo. Algo dramático, porque soy el sustento de mi hogar. A raíz de esta injusticia quedé mal psicológica y emocionalmente", señala.

La causa quedó en manos del defensor penal público Camilo Valle, quien tras conversar con su representado y conocer los detalles no dudó de su versión. Es más, durante la audiencia de formalización señaló en reiteradas ocasiones que la víctima primero describió a un sujeto muy distinto al imputado y luego cambió su versión, al ver la fotografía que le enviaron por redes sociales, para posteriormente reconocerlo en un set fotográfico.

Valle detalló, además, que había imágenes del imputado en su lugar de trabajo a la misma hora que en otro sector de la ciudad ocurría el delito denunciado. También se contaba con la declaración del jefe de Fernández, quien señalaba que el acusado se presentó a trabajar a la hora correspondiente y estuvo en el supermercado atendiendo público de manera normal.

Por todo esto, Camilo Valle alegó la inocencia del imputado, que estaba siendo acusado por la Fiscalía como autor del delito de robo con intimidación.

El defensor público mencionó, además, algunos de los principales problemas de esta causa: “La principal dificultad se da en que una persona pierde su libertad pese a que la prueba demuestra lo contrario. Se detiene a una persona y no se da cuenta al defensor público de la aprehensión ni de la entrega de una declaración. Este defensor toma conocimiento de la situación cuando el acusado pasa al día siguiente al control de detención, teniendo un breve tiempo para recopilar y desarrollar las pruebas para la audiencia", aseguró.

Otro problema fue que, a pesar de que había antecedentes de que el imputado era inocente y de que la jueza dio cuenta de que no había elementos para presumir su participación -por lo que decretó medidas únicamente para que el proceso pudiera llevarse a cabo-, "la Fiscalía persistió apelando verbalmente y manteniendo a una persona privada de libertad”.

MEDIDAS CAUTELARES Y SOBRESEIMIENTO
Tras escuchar tanto a la defensa pública como al persecutor, la jueza Macarena Calas no accedió a la prisión preventiva que solicitaba el Ministerio Público y decretó en su lugar firma semanal, arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días.

Tales decisiones fueron apeladas por la Fiscalía, con lo cual la decisión quedó en manos de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, en el alegato respectivo el Ministerio Público se desistió. Pese a este resultado, Humberto Fernández seguía sometido al cumplimiento de medidas cautelares y bajo una investigación penal, aunque los antecedentes daban cuenta de su total inocencia.

Finalmente, tras la solicitud de la defensa pública de decretar el término de la investigación y luego que se estableciera la absoluta inocencia del acusado, la Fiscalía compartió los criterios de la defensa pública y pidió el sobreseimiento definitivo de la causa, que fue decretado el pasado viernes 9 de octubre.


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