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13/09/2024
Tras alegato de su defensa pública
Georreferenciación de celular reveló error y liberó a imputado tras cinco meses en prisión preventiva
Un hombre acusado de robo con intimidación permaneció privado de libertad durante cinco meses en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Arica.
Por Yerko Oyanadel Calderón,
peridosta Defensoría de Arica y Parinacota.
Gracias a las diligencias y alegaciones presentadas por la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, se logró aclarar que un imputado, previamente acusado de robo con intimidación y quien permaneció durante cinco meses en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Arica, al momento de los hechos se encontraba en su domicilio y no en el lugar en que ocurrió el delito.
La defensa pública expuso desde el primer día sólidos antecedentes ante el Tribunal y el Ministerio Público, entre ellos las conversaciones por mensajes del imputado, las que demostraban que no estuvo en el lugar en que ocurrieron los hechos.
En ese contexto, un error en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva mantuvo al hombre injustamente privado de libertad durante cinco meses en el CCP ariqueño, tras ser acusado de robo con intimidación. El defensor local jefe de la ciudad, Rodrigo Torres Díaz, con el apoyo del alumno en práctica Samuel Oyanadel Díaz, logró demostrar la inocencia del imputado, gracias a la georreferenciación de su teléfono celular, que evidenció que el acusado no estaba en el lugar del delito.
Torres Díaz subrayó que la teoría de la defensa apuntaba a la absolución por falta de participación: “Nuestro representado nunca estuvo en el lugar de los hechos y la Fiscalía no contaba con los antecedentes suficientes para acreditar su participación de manera fundada, como lo exige la ley”, explicó.
CONTROL DE DETENCIÓN
Durante la audiencia de control de detención, el 13 de abril pasado, la defensa pública presentó como evidencia los mensajes de WhatsApp e Instagram del imputado, los cuales fueron leídos ante la Fiscalía y el tribunal. Además, se puso a disposición de la Fiscalía el celular del acusado, para que fuera revisado, demostrando así que el usuario mantenía comunicación constante con su pareja y con dos personas más antes, durante y después del momento en que ocurrió el delito, todo lo cual indicaba que se encontraba en su domicilio.
Sin embargo, el tribunal desestimó estos sólidos antecedentes, argumentando que el imputado "podía estar whatsappeando con su polola mientras cometía el delito". Una justificación que la defensa pública calificó de insuficiente y que, además, permitió que el imputado quedara en prisión preventiva.
Tras cinco meses de gestiones de la defensa pública, la investigación propia llevo finalmente a reunir más antecedentes, testimonios y a que el Ministerio Público obtuviera la georreferenciación del teléfono, diligencia que confirmó la ubicación exacta del imputado al momento de los hechos.
“Logramos convencer que nuestro representado no estaba en el lugar del delito al momento de los hechos sino, como siempre sostuvo, estaba en su casa junto a su madre", comentó el defensor local jefe.
Este caso puso en evidencia la mala utilización de la prisión preventiva y la falta de rigurosidad en la evaluación de los antecedentes por el tribunal y la Fiscalía. En tal sentido, la Defensoría Penal Pública ha insistido en la necesidad de aplicar con mayor criterio esta medida cautelar, que debe ser la excepción y no la regla, tal y como mandatan las normas y convenios internacionales vigentes y obligatorios para el Estado de Chile.
PRISIÓN PREVENTIVA COMO CASTIGO ANTICIPADO
El Defensor Regional, Sergio Zenteno Alfaro, sostuvo que “la prisión preventiva debe ser aplicada sólo cuando sea estrictamente necesario y no como un castigo anticipado o una respuesta automática a una imputación. Lamentablemente, en este caso, una persona sufrió las consecuencias de una decisión mal fundamentada.”
Finalmente, tras las gestiones de la defensa pública para que se realizaran las diligencias referidas, se evidenció la verdad del representado y su inocencia. Un hecho frente al cual el Ministerio Publico no pudo menos que decidir no perseverar en la instigación, con lo cual se dispuso la inmediata liberación del imputado, poniendo fin a su injusto encarcelamiento injusto.
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