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11/11/2020

El Defensor Regional de Tarapacá fundamentó buena evaluación institucional en encuesta Cadem

“Velar por el principio de inocencia y nuestra presencia en terreno explican la valoración ciudadana que recibimos”

En entrevista con radio "Bravíssima", Gabriel Carrión Calderón analizó este tema y clarificó los deberes de los defensores penales públicos.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

“Los últimos acontecimientos sociales, que tienen a los habitantes de nuestro país preocupados por su seguridad en varios ámbitos, han generado nuevas expectativas y necesidades en relación con el sistema de justicia penal, especialmente en personas que nunca habían sido sujetos de alguna investigación de este tipo. Ellas se vieron repentinamente sentadas frente a un juez y allí nos descubrieron y valoraron nuestro servicio”.

Ese aspecto fue destacado por el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, como uno de los que explica la positiva apreciación que detectó una encuesta Cadem sobre las instituciones del sistema de justicia penal, en un estudio dado a conocer durante los últimos días.

El directivo detalló los alcances de esa valoración en una entrevista concedida a los conductores del programa “La gran mañana interactiva”, de radio "Bravíssima" de Iquique, quienes pidieron que explicara por qué la Defensoría logró destacarse en medio de este panorama de incertidumbre que se ha prolongado con la pandemia del Covid-19.

“Sucede que ciudadanos comunes y corrientes, sin antecedentes delictuales, llegan a ser detenidos tras una manifestación callejera o por circular sin permiso durante la cuarentena, pasando a necesitar defensa jurídica en una situación de conflicto que ellos no conocían ni pensaban experimentar. En medio de su extrañeza nos vieron en terreno, dándoles asistencia en esa situación complicada para ellos y eso despertó una opinión positiva que, sin duda, se vio reflejada en el estudio que comentamos”, argumentó Carrión.

PRINCIPIO DE INOCENCIA
En una dinámica interactiva, los entrevistadores Bernardo Yañez y David Cabrera peguntaron también si los defensores penales públicos podrían negarse a representar a un acusado, por ejemplo en el caso de crímenes atroces. “No -explicó el Defensor Regional–, y no sólo por profesionalismo, sino que también porque es una condición para integrarse a nuestros equipos, porque velamos por garantizar lo que se llama el principio de inocencia, que es presumir que nadie puede ser tratado como culpable de un delito sino hasta el momento en que un tribunal dicta una sentencia definitiva”.

Gabriel Carrión ejemplificó la aplicación de ese principio con varios ejemplos, entre ésos los casos de detenidos por contravenir el artículo 318 (atentar contra la salud pública) que se ven en este tiempo de restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19.

También citó al "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública, que busca visibilizar las experiencias de personas que han pasado en prisión al ser imputadas de delitos y que finalmente se determina judicialmente como no responsables de esos ilícitos.

“Entonces, toda persona tiene el derecho a ser tratada como inocente hasta que se dicta la sentencia por un juez y, por lo tanto, para todos debe haber la garantía de tener acceso a un abogado, rol que cumplen –a nombre del Estado- los defensores penales públicos”, concluyó.

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