Sala de Prensa

26/11/2020

Protocolo considera medidas de seguridad sanitaria, distanciamiento y sistemas de turnos de atención

Defensoría Regional de Tarapacá desarrolla plan de retorno seguro para su equipo

El proceso contempla una consulta permanente a los funcionarios y funcionarias, con quienes se han estado evaluando los pasos activados.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Ocho meses después, la imagen y dinámica cotidiana de las oficinas de la Defensoría Regional de Tarapacá es notoriamente diferente al momento en que comenzó aquí la emergencia por Covid-19. El intenso ritmo de trabajo administrativo y jurídico está ahora enmarcado por protocolos sanitarios que muestran menos presencia de personas, pero con mayor comunicación virtual, telefónica y por videoconferencia.

El Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, quien junto a los demás directivos regionales nunca dejó de acudir a las oficinas, caracteriza así el ciclo que experimenta hoy la atención institucional:

“Las exigencias que nos impusieron la cuarentena y otras medidas de las autoridades ante la pandemia nos obligaron a reformular nuestras formas de trabajo. En ningún momento dejamos de tener atención presencial, pero fue en lo estrictamente necesario y con mucho resguardo y distancia social. Ahora ya enfrentamos nuevos desafíos, con turnos de funcionarios que voluntariamente se encargan de las tareas imprescindibles, pero también con el uso permanente de mascarillas, sanitizadores, cristales aisladores y privilegiando la comunicación virtual”, explica.

PRESENCIA PERMANENTE
El directivo encabeza actualmente el procedimiento con el cual la Defensoría Penal Pública busca mantener la presencia institucional con pleno resguardo de la salud y bienestar de los funcionarios, para cumplir así con el rol de garante de los derechos de las personas sometidas a la investigación en el sistema de justicia penal.

Este proceso incluye, de manera fundamental, la opinión y colaboración de los integrantes del equipo, según instrucciones emanadas desde la Defensoría Nacional.

De hecho, desde el primer momento de la emergencia, el 16 marzo, se formuló el 'Plan de resguardo institucional', que incluyó la activación del teletrabajo como soporte básico de la actividad cotidiana de la defensa pública. Eso fue perfeccionándose en consonancia con las medidas que las demás instituciones de la justicia penal instauraron para su funcionamiento. Por ejemplo, la videoconferencia se consolidó como la más extendida forma de comunicarse.

El desarrollo de la emergencia también llevó a que hoy, en las oficinas de la Defensoría Regional y de la Defensoría Local de Iquique, se hayan adecuado las instalaciones con sistemas de asilamiento con vidrios o acrílicos.

El retorno gradual a las labores cotidianas se estudia también con la evaluación y propuesta que entrega cada una de las oficinas prestadoras de defensa licitada, con las que la Defensoría Penal Pública complementa su atención en las ciudades de Iquique y Alto Hospicio, como también en la localidad de Pozo Almonte.

En toda la región están hablitadas un total de nueve oficinas, en las que se presta defensa jurídica a imputados por la justicia penal, incluyendo una oficina de defensa indígena y otra de defensa penitenciaria. El total de directivos, profesionales, administrativos y auxiliares que conforman el equipo llega a 58 personas.

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