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05/01/2021

Marco Montero intervino ante en la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Defensor Nacional (S) ante proyecto de indulto humanitario: “Valoramos la preocupación por revisar el excesivo uso de la prisión preventiva”

El directivo reiteró la necesidad de revisar el uso de esta medida cautelar en el país, pues la población penal afectada aumentó de 22 a 36 por ciento entre 2007 y 2020. “Su uso se ha desnaturalizado”, sostuvo Montero.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional (S), Marco Montero, y el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda, participaron ayer en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado -que preside el parlamentario Juan Ignacio Latorre-, para entregar la visión institucional respecto del proyecto de ley que concede un indulto general por razones humanitarias a personas imputadas en el contexto de las protestas sociales iniciadas en octubre de 2019.

Junto con valorar la invitación a esa instancia, Montero señaló que el proyecto pone el acento en un problema relevante, que la Defensoría ha advertido desde hace tiempo: el desproporcionado uso que hoy se le da en Chile al uso de la medida cautelar de prisión preventiva.

Según el directivo, esta medida surgió como parte de la reforma procesal penal iniciada en 2000, “con un fin cautelar, pero siempre considerándose como una medida de última ratio, esto es, una medida aplicable sólo en aquellos casos en que no existiese otra alternativa o mecanismo para resguardar los fines del procedimiento”.

El jefe (S) de la defensa pública nacional explicó que el marco original que definía la aplicación de esta medida cambió a partir de las diversas modificaciones realizadas al Código Procesal Penal en los últimos años, de modo que la prisión preventiva pasó de ser excepcional a aplicarse más bien de forma automática.

“En 2007, el 22 por ciento de la población privada de libertad correspondía a personas imputadas en prisión preventiva. Sin embargo, cuando llevamos este mismo análisis al día de hoy, al 2020, vemos que ese porcentaje se ha incrementado de un 22 a un 36 por ciento (…) Su uso se ha desnaturalizado. Se está aplicando más bien como una pena anticipada, en que hemos invertido la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad”, sostuvo.

EFECTOS PERVERSOS
Marco Montero agregó que, por lo mismo, la Defensoría siempre ha llamado a hacer un “uso criterioso” de esta medida, pues su uso exagerado genera “efectos perversos” como las situaciones de las que da cuenta el proyecto en discusión

“Está claro que nuestras cárceles hoy día han sufrido una mutación en términos de su población. Se habla de hacinamiento y eso es una realidad. Basta recorrer los recintos penitenciarios para darse cuenta de esa sobrepoblación, situación que se ha vuelto mucho más compleja en el contexto de la pandemia de Covid-19. La pregunta obvia es cómo es posible un incremento tan significativo de personas privadas de libertad en espera de la decisión de un tribunal acerca de su culpabilidad o inocencia”, aseguró.

Según Montero, otro problema asociado al uso excesivo de esta medida cautelar tiene que ver con que, al final del proceso penal, un porcentaje muy alto de las personas en prisión preventiva terminan absueltas, declaradas inocentes o condenadas a penas no privativas de libertad.

“Sólo en 2020, el 33 por ciento del total de personas en prisión preventiva terminó con condena privativa de libertad. En otras palabras, un 77 por ciento terminó con una sanción no privativa de libertad”, explicó.

Por lo mismo, planteó que hoy existe la necesidad de hacer una revisión seria y responsable de la manera en que se está utilizando esta medida cautelar, la más gravosa del sistema.

DELITOS DEL ESTALLIDO
En cuanto a la diversidad de cifras de personas acusadas por delitos ocurridos en el contexto del estallido social que se mantendrían en prisión preventiva, Marco Montero aclaró que el total de 68 personas dado a conocer por la Defensoría en noviembre pasado no necesariamente es representativo del total.

Ello, porque la institución representa al 92 por ciento de los ingresos totales anuales del sistema, porque no existe un tipo penal ‘estallido social’, sino que se trata de delitos que se pueden asociar o no a ese contexto social y porque el resultado también depende del período revisado.

Así, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, la Defensoría contabilizó 16 mil 600 causas asociadas a delitos cometidos durante las protestas sociales, con un total de mil 360 personas que estuvieron en prisión preventiva en algún momento de sus respectivos procesos. Al 4 de noviembre de 2020, por lo tanto, 68 de esas personas permanecían privadas de libertad.

“Es valorable que hoy exista una preocupación de los honorables senadores y senadoras acerca del uso que se le está dando a la prisión preventiva. Compartimos plenamente la necesidad de que exista una revisión de ella, porque evidentemente las cifras que damos a conocer hoy dan cuenta de que existe un problema estructural, que ha derivado en una distorsión en la manera en que debiera ser aplicada”, concluyó el Defensor Nacional (S).

Esta preocupación institucional fue recogida luego, entre otros, por el jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos -quien también expuso ante la comisión-, lo mismo que por el propio senador Latorre, quien encabezó y moderó esta sesión virtual.

 

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