Sala de Prensa

01/02/2021

Adrián Zarricueta estuvo 79 días en prisión preventiva por error:

Corte Suprema condena al Estado al pago de una indemnización de $ 40 millones por daño moral.

El año 2013 Adrián fue formalizado por el delito de robo con violación y meses más tarde un examen de ADN demostró que era inocente. Luego de acudir al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública y gracias a una alianza con Fundación Pro Bono, la Corte Suprema ordenó el pago de una indemnización a su favor.

La Corte Suprema dictó el fallo en el que revoca la sentencia apelada en 2018 y condenó al Fisco de Chile al pago de 40 millones de pesos a favor de un hombre inocente que estuvo injustamente en la cárcel. 

El caso comienza en el año 2013 cuando  Adrián Zarricueta es detenido y formalizado por el delito de robo con violación en La Serena, a causa de la acusación de una joven que había sido atacada mientras viajaba en un colectivo con destino a Peñuelas y lo identificó como su agresor. Meses más tarde, con el resultado del examen de ADN, que Adrián había accedido a realizarse mientras se realizaba la audiencia de formalización; se demuestra la inocencia del imputado y este queda en libertad.

En 2016  Adrián acude al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública (DPP). Esta iniciativa  busca que personas que estuvieron injustamente involucradas en casos judiciales por error del sistema cuenten con un lugar de reconocimiento permanente y público sobre su inocencia. A través de una alianza entre la DPP y Fundación Pro Bono el caso de Adrián es asumido por el estudio jurídico Bofill Mir y Álvarez Jana quienes a través de los abogados Catalina Fernández y Cristóbal Valenzuela inician acciones civiles en defensa de Adrián.

Tras una serie de instancias, la causa llegó a la Corte Suprema la que acogió parcialmente la demanda por considerar que hubo una conducta injustificadamente errónea por parte del Ministerio Público en la demora de las diligencias del examen de ADN y su presentación al tribunal.

Sobre la resolución de la Corte Suprema, Karen Werner, socia del  área Litigios Civiles y Comerciales que llevó el caso en el estudio jurídico señaló: “Nos parece que esta sentencia es un precedente muy importante, que permite insistir en la importancia de que la persecución penal se lleve adelante con pleno respeto a las garantías de los inocentes.  La labor de los fiscales debe ejecutarse siempre con el mayor respeto al principio de inocencia. Ello, sin duda, implica un gran compromiso del Ministerio Público respecto a la eficiencia que deben demostrar en la ejecución de diligencias y también un compromiso del Estado, que debe asegurar los recursos humanos y económicos para garantizar mejores y más completas investigaciones penales”.

En tanto, Adrián Zarricueta sostuvo que recibió el fallo con esperanza: “Lo esperaba, fue largo el proceso, pero teníamos confianza. Se dice que uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero en mi caso no fue así. Siento que la Fiscalía debe investigar mejor.  Hay muchos casos como el mío, y la gente no puede demandar porque no tienen pruebas ni el dinero suficiente”.

Carolina Contreras, Directora Ejecutiva de Fundación Pro Bono afirmó que: “A través de este tipo de fallos se confirma la importancia de nuestra labor al buscar que todas las personas tengan acceso a la justicia. Y es precisamente en estos casos donde cobra sentido nuestra misión, puesto que logramos equiparar los poderes, dado que hubiese sido muy difícil para Adrián obtener este resultado sin el apoyo del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana y sus abogados que llevaron el caso de forma gratuita”.

Por su parte el encargado jurídico del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, Humberto Sánchez, explicó que “este tipo de casos afecta 2.800 personas al año, las cuales están en prisión preventiva y luego son absueltas de los cargos o sobreseídas por ser inocentes. En el Proyecto Inocentes damos a conocer públicamente sus historias para lograr que se repare el daño a su imagen y para que estos errores no se repitan dentro del sistema de justicia penal”.

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