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15/04/2021
Juez de garantía convocó de oficio a audiencia de cautela de garantías
Tribunal decretó traslado de celda y tratamiento médico para internos de insalubre módulo 88 del penal Santiago Uno
Con su decisión, el juez Cristián Sánchez acogió las solicitudes de los defensores públicos Víctor Providel y Francisco Molina en favor de los imputados.
Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.
Una audiencia de cautela de garantías convocada de oficio por el juez Cristián Sánchez resultó significativa para los internos de la “pestilente” celda N° 1 del Módulo 88 del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, calificada así por el propio magistrado, quien elaboró in situ un lapidario informe sobre las deplorables condiciones en que sus seis moradores cumplían prisión preventiva.
Escuchadas las solicitudes de la defensa pública para sus dos representados, el titular del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago acogió que los internos fueran trasladados de celda, que se les dieran los tratamientos médicos que requieren y que se hagan audiencias semanales de seguimiento para constatar el efectivo cumplimiento de esta resolución judicial.
La audiencia reunió nuevamente en torno a este caso al magistrado Sánchez con el defensor local jefe de Santiago, Víctor Providel, ya que el pasado sábado 10 de abril ambos concurrieron hasta ese sector del recinto carcelario junto al abogado Juan Cristóbal González, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien presentó un recurso de amparo en favor de los internos.
Los seis afectados tienen la calidad de imputados, es decir, mantienen sus causas pendientes, sin condena y, por lo tanto, están amparados por la presunción de inocencia.
EXPERIENCIA PUESTA A PRUEBA
A pesar de la vasta experiencia del magistrado y del defensor local jefe, ambos quedaron impresionados por las paupérrimas condiciones de ese calabozo del CDP Santiago Uno, una de las cárceles más modernas del país, inaugurada en enero de 2007 como el primer centro penitenciario concesionado del país.
De partida, Sánchez y Providel constataron que los gendarmes no usaban mascarilla, vulnerando estrictas normas sanitarias, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos que están en contacto con un grupo tan vulnerable como la población penal.
Pero lo más impactante vino al ingresar al calabozo 1, que a pesar de ser de 2 por 3 metros cobijaba a seis hombres adultos, quienes no contaban con agua, luz, ni baño, ya que éste estaba tapado y casi desbordado, lo que explica la pestilencia del lugar.
Además, abundaban insectos rastreros y los internos sufrían distintas afecciones como sarna, en algunos casos en estado bastante avanzado. Uno reclamaba que siendo portador de VIH no estaba siendo tratado con la triterapia, ni tampoco por su esquizofrenia.
Otro interno, con visibles dificultades para caminar, explicó que una grave lesión en una de sus piernas no estaba siendo tratada. Estas pésimas condiciones se intensificaban por el hecho de que no tenían acceso al patio y algunos llevaban seis meses en esa celda. Durante la visita Providel entrevistó a los seis internos y constató que cuatro de ellos tenían abogado particular.
En la audiencia y acompañado por el defensor público Francisco Molina, el directivo solicitó un completo informe físico y psicológico para sus representados P.O. y S.A., lo que fue acogido por el tribunal. En las audiencias de seguimiento, en tanto, se evaluarán otros aspectos como la entrega de medicamentos.
MEDIDAS DE GENDARMERÍA
El informe del juez Cristián Sánchez provocó que la dirección nacional de Gendarmería ordenara un levantamiento de información sobre las condiciones de todos los recintos penales del país, para detectar si existen otras celdas en condiciones tan deplorables como la mencionada celda 1 del Módulo 88.
A nivel metropolitano, el director regional de Gendarmería, coronel Juan Provoste, ordenó un sumario administrativo y resolvió el traslado de los seis internos a celdas con las condiciones de habitabilidad e higiene que corresponden. Instruyó también a los funcionarios que se apeguen al estricto cumplimiento de los protocolos de salud que imperan en las cárceles.
Finalmente, se contactó a la empresa concesionaria de Santiago Uno para que ordene a la brevedad la refacción y reacondicionamiento del mencionado calabozo.
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