Sala de Prensa

20/04/2021

Estudio sobre imagen y posicionamiento de la Defensoría Penal Pública 2020:

El 75% de los chilenos cree que los derechos humanos serán importantes con una nueva Constitución

-Encuesta encargada por la institución a la empresa Cadem dice que el 56 por ciento de los chilenos cree que el sistema de justicia penal va a mejorar con una futura Carta Fundamental y que el 76 por ciento está de acuerdo con que la Defensoría Penal Pública debe ser autónoma, al igual que las otras instituciones del sistema de justicia penal. También destaca el que sólo el 35 por ciento cree que el sistema de justicia penal da garantías y respeta los derechos humanos y un 47 por ciento piensa que estas garantías son resguardadas durante el juicio. Sin embargo, solo un 31 por ciento piensa que los derechos de los detenidos en comisarías son respetados y un 81 por ciento está de acuerdo con que haya abogados defensores en los cuarteles policiales.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

A 20 años desde el inicio de la reforma procesal penal, un 68 por ciento de los chilenos dice conocer poco o nada los derechos que le asisten en el actual sistema de justicia. En este desconocimiento, las personas de entre 18 y 34 años aparecen como quienes dicen conocer menos sus garantías fundamentales (74 por ciento), junto a quienes provienen de los estratos socioeconómicos más bajos (71 por ciento) y de las regiones del sur de Chile (73 por ciento).

Sin embargo, al ser consultados por la importancia que tendrán los derechos humanos en una nueva Constitución, dos de cada tres chilenos creen que éstos serán muy relevantes, superando por lejos la percepción respecto de otros hitos recientes, como el estallido social (65 por ciento) y la pandemia (59 por ciento).

En este mismo tema, un 56 por ciento de la ciudadanía cree que la situación del sistema de justicia mejorará con una nueva Constitución, percepción especialmente alta entre las personas de entre 18 y 34 años, de estratos sociales medios altos y que viven en regiones del norte del país.

Respecto de las garantías de las personas en el sistema penal, donde los consultados dicen que “ha oído hablar” o “conoce”, un 92 por ciento de los chilenos dice reconocer el derecho a contar con un abogado si es acusado de cometer un delito; el 72 por ciento reconoce el derecho a no sufrir malos tratos o torturas y un 66 por ciento ha escuchado el derecho a la presunción de inocencia.

Así lo concluye el estudio de opinión pública “Imagen y posicionamiento de la Defensoría Penal Pública”, encargado por la institución a la empresa Cadem y que se desarrolló entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020. La encuesta incluye mil 220 entrevistas realizadas a personas de todo el país y tiene un rango estadístico de 2,8 por ciento.

AUTONOMÍA
Al igual que en estudios anteriores de imagen y posicionamiento realizados por la Defensoría Penal Pública, la percepción de la ciudadanía respecto de la autonomía institucional también estuvo presente en esta ocasión.

Al ser consultados si están de acuerdo con que la Defensoría Penal Pública sea autónoma, al igual que las otras instituciones del sistema de justicia penal, un 76 por ciento de los chilenos dijo apoyar esta idea.

Los índices más altos de respaldo a la autonomía institucional se concentran en las personas mayores de 55 años (81 por ciento), mayoritariamente hombres (78 por ciento) y radicados en las regiones del norte del país (82 por ciento).

Al comparar por nivel socioeconómico de los consultados, las respuestas favorables a la autonomía fueron especialmente altas entre los grupos más acomodados y medios, con porcentajes de aprobación cercanos al 80 por ciento.

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN
El estudio tuvo por objetivo principal identificar el conocimiento y la percepción que tiene la ciudadanía sobre los derechos humanos en el ámbito penal.

En este sentido, sólo un 35 por ciento de la ciudadanía cree que el sistema penal chileno respeta y garantiza los derechos humanos de las personas; percepción especialmente mayor entre las personas de estratos socioeconómicos altos (46 por ciento).

Al ser preguntados por las instancias penales en las que perciben un mayor respeto por las garantías de las personas, un 47 por ciento responde “durante el juicio”. Al otro extremo de la tabla, sólo un 20 por ciento que cree que este respeto existe “al interior de las cárceles” y un 31 por ciento que se da “al estar detenido en un recinto policial”.

La educación de los chilenos en el ámbito de los derechos humanos fue otro de los ejes centrales del estudio. Así, se puede concluir que si bien un 58 por ciento de los consultados dice conocer los derechos humanos, estas mismas personas perciben que sólo un 41 por ciento del resto de la ciudadanía es capaz de reconocerlos.

Los pueblos originarios (27 por ciento), las minorías sexuales (28 por ciento), los adultos mayores (32 por ciento) y las mujeres (35 por ciento) son percibidos por los encuestados como los grupos a los que menos se les garantizan los derechos humanos. Al otro extremo, los hombres (52 por ciento) y los migrantes y extranjeros (39 por ciento) aparecen como quienes son más respetados en sus garantías fundamentales.

Al ser consultados respecto del nivel de acuerdo con distintas aseveraciones en este tema, el 81 por ciento cree que hoy las personas conocen más sus derechos que hace 10 años; el 56 piensa que los derechos no se respetan porque no se conocen y el 49 por ciento de la ciudadanía percibe que la información y educación que hay sobre el tema “es deficiente”.

DERECHOS Y CÁRCEL
El estudio también ahonda en la situación de las personas privadas de libertad, preguntando a la ciudadanía su percepción sobre la vida que llevan estas personas en los recintos carcelarios.

En este contexto, el 75 por ciento de los chilenos cree que en las cárceles hay hacinamiento y el 53 por ciento que los internos cuentan con agua potable. Sólo un 34 por ciento piensa que los privados de libertad tienen una cama y reciben una alimentación adecuada, y un 28 por ciento cree que existen tratamientos médicos para los internos con adicciones de drogas y/o alcohol.

Enfrentados a posibles derechos que deberían tener las personas privadas de libertad, un 88 por ciento de los chilenos estima que tienen derecho a recibir atención médica; un 84 por ciento piensa que el Estado debe ayudarlos en su reinserción laboral una vez cumplida la condena, y un 81 por ciento de la ciudadanía cree que los detenidos en cuarteles policiales tienen derecho a contar con un abogado defensor.

En el caso de las mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos menores de dos años, el 57 por ciento cree que deberían cumplir su condena en sus hogares y el 49 por ciento apoya la idea del indulto para una persona que está condenada y con una enfermedad grave o terminal.

LAS FALENCIAS
El estudio elaborado por Cadem también se detuvo a revisar los aspectos que el ciudadano percibe como las “mayores falencias” en el actual sistema de justicia penal. Frente a un listado de aseveraciones señaladas por la empresa encuestadora, un 52 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con que los juicios y condenas dependen del nivel socioeconómico o el origen de la persona, y un 45 por ciento opina que las penas y las condenas son muy bajas.

Respecto de la primera aseveración, las personas de entre 18 y 34 años (61 por ciento) y de grupos socioeconómicos alto (59 por ciento) y medio alto (63 por ciento) son las que más la apoyan. En el caso de las bajas condenas, este aspecto fue rotulado como “falencia” especialmente por las mujeres (49 por ciento), las personas de 55 o más años (50 por ciento) y las de las clases más altas (50 por ciento), aunque también por las menos acomodadas de la sociedad (49 por ciento).

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