Sala de Prensa

28/04/2021

El uso de informes antropológicos ha redefinido la formalización y cierre de causas:

El aporte de los peritajes a la defensa pública indígena de Antofagasta

En delitos de porte ilegal de armas en la zona de alta puna, la defensa pública ha presentado argumentos que establecen que se trata de conductas tradicionales y propias de las comunidades indígenas.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

En 2015, un pastor atacameño fue detenido en el sector de la alta puna altiplánica con un rifle y municiones. Fue formalizado por porte ilegal de armas y nueve meses después enfrentó un juicio oral, en que la defensa pública logró su absolución, al establecer que entre los pastores indígenas llevar este tipo de escopetas responde a una antigua usanza frente a la necesidad de ahuyentar a los animales salvajes que se alimentan de las crías de las llamas.

Para evitar el riesgo, los pastores disparan al aire para intimidar con el sonido a pumas, zorros y perros asilvestrados que suelen rondar al rebaño.

Han pasado poco más de cinco años desde que esta causa fuera conocida y desde entonces la institución ha encargado otros cinco peritajes antropológicos, todos tendientes a establecer que las costumbres y tradiciones indígenas están arraigadas de tal forma en las comunidades de la alta cordillera, que las conductas típicas del delito no tienen la misma connotación entre quienes viven en el sector.

Sin ir más lejos, este año se han requerido dos nuevos informes, pero esta vez para el cierre definitivo de las causas mediante la aplicación de la facultad de no perseverar por la Fiscalía.

MARCANDO PRECEDENTES
Según explicó la facilitadora intercultural Marioli Lique, de la Defensoría Regional de Antofagasta, la causa conocida en 2015 sentó un importante precedente en relación con el porte ilegal de armas, ya que cualquier informe antropológico debe recoger una realidad evidente.

“Desde esa primera absolución en causa indígena hasta la fecha se está abogando por una mirada más integradora de la cosmovisión del espacio atacameño y sus habitantes y hemos logrado que la Fiscalía se abra a aplicar esta facultad propia para cerrar las causas porque ha comprendido que se trata de conductas no constitutivas de delito, sino que forman parte de una costumbre ancestral”, señaló.

En lo particular, las dos causas que dieron origen a los nuevos peritajes antropológicos datan de mayo de 2020. En la primera, dos sujetos -uno atacameño y otro quechua- fueron detenidos por Carabineros en el kilómetro 47 de la ruta internacional que lleva al paso fronterizo de Jama, hacia Argentina.

En el registro, les encontraron un rifle, municiones y un cuchillo con señales de sangre. Ambos fueron llevados al cuartel policial y la Fiscalía los acusó de los delitos de porte de arma corto punzante y arma de fuego. El plazo de investigación inicial se fijó en 120 días, plazo que se cumplió en agosto. Sin embargo, la defensora pública Claudia Lemus debió solicitar el apercibimiento de cierre en agosto, octubre y diciembre, sin éxito.

DESDE TIEMPOS PREHISPÁNICOS
Con total claridad sobre los hechos y teniendo en cuenta la entrevista de personas significativas de la comunidad a la que pertenecen los imputados, la abogada solicitó un peritaje antropológico, que el que se estableció que “el porte de armas de fuego por pastores indígenas de la puna andina ha sido la costumbre durante los últimos 100 años; el porte de armas en general, ha sido la costumbre indígena atacameña de los últimos 13 mil años. Ello, tanto para la caza de animales como para la defensa de los rebaños de depredadores y de personas que se dedican al robo de ganado (tiros al aire)".

Según la misma pesquisa, "las armas pueden dejarse escondidas en los lugares de caza (se observan desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad escondrijos para ocultar boleadoras, puntas de proyectil y armas de fuego). El porte de armas blancas, a su vez, es fundamental para pastores que crían animales y cuya economía depende del intercambio o venta de animales faenados (conejos, llamos)”.

Con estos antecedentes, sumados a los certificados emitidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la comunidad de Socaire, en que se acreditó la calidad indígena de los imputados, la Fiscalía aplicó la facultad de no perseverar en la investigación y cerró definitivamente la causa.

Lo llamativo es que el otro caso se configuró al día siguiente del primero, es decir, el 25 de mayo y a cargo del procedimiento se menciona al mismo carabinero, quien fiscalizó a otra persona -también pastor de origen indígena- en el kilómetro 23 de la misma ruta internacional.

Según el relato del imputado, se encontraba en camino a buscar el rebaño de su abuelo, ya que algunos corderos se habían perdido en el sector de la quebrada de Nacimiento. Mientras su padre tomó la camioneta para subir por la ladera norte de la quebrada, él siguió la ruta para ir por la ladera sur.

RIFLE DE 1936
Allí fue controlado por Carabineros del retén El Laco. En el vehículo llevaba un rifle Halcón calibre 22, sin municiones. Al ser consultado, explicó que éstas estaban guardadas en la estancia que mantiene su familia en el sector de Lapanantor.

Los oficiales le pidieron que los llevara al lugar y se lo llevaron al retén El Laco, donde permaneció varias horas sin abrigo ni poder comunicarse. Finalmente lo liberaron en la noche. El rifle era de propiedad del abuelo y la familia declaró que  que los ha acompañado en sus labores familiares de pastoreo desde alrededor de 1936.

A once meses de la detención, la causa sigue vigente. El defensor público Rodrigo Garrido ha solicitado tres veces el cierre de la investigación, para dar certidumbre al imputado sobre su situación procesal. El Ministerio Publico está en conocimiento del informe emitido por la perito antropóloga María Fernando Kalazich, quien en sus dos informes destacó que “las familias pastoras de Socaire ocupan distintos sectores de las tierras altas para llevar sus animales, haciendo uso de estancias y corrales de su propiedad, pasadas de generación en generación".

El documento agrega que "En este movimiento pastoril, es común el uso de armas de fuego, ya sea para proteger a sus animales de posibles amenazas de otros animales o personas, o para aprovechar de cazar animales menores que complementan la dieta atacameña. El arma, en este caso, corresponde a un rifle Halcón calibre 22, de propiedad del abuelo del imputado, y es considerada, más allá de su uso, una importante reliquia familiar”.

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