Sala de Prensa

03/05/2021

En la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA

Defensor Nacional (S) pidió un compromiso multilateral para mejorar la protección de los pueblos indígenas

Marco Montero intervino en la sesión en su calidad de secretario general de la Asociación de Defensorías Públicas Interamericanas (Aidef).

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

“Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos están en deuda con los pueblos indígenas”, dijo el secretario general de Aidef y Defensor Nacional (S) de Chile, Marco Montero, en la intervención que hizo el pasado viernes en el marco de la novena reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA sobre buenas prácticas destinadas a garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos humanos.

Si bien Montero reconoció los avances logrados por Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y mencionó entre ellos la adopción por la OEA de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2016 y el desarrollo normativo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aseguró que los pueblos indígenas “han sido permanentemente invisibilizados en el terreno del derecho internacional”.

Por lo mismo, lamentó que no exista un tratado internacional “de carácter vinculante” para abordar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estos grupos de población.

En este sentido, Montero subrayó que a través de los defensores públicos interamericanos (DPI’s) Aidef “ha tomado decidida participación” en el ambito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), pues además creó un observatorio de cumplimiento de sentencias de la Corte IDH para contar con información actualizada sobre el estado de las medidas de reparación dictadas por ese tribunal regional.

El Defensor Nacional (S) lamentó que en los informes realizados en los últimos tres años de trabajo de este observatorio judicial se constatara un cumplimiento deficiente de los Estados respecto de las medidas de reparación.

“Se trata de cerca de 2 mil medidas de reparación dictadas por la Corte IDH, en sus más de 260 sentencias de fondo y reparaciones, cuyo cumplimiento bordea sólo el 40 por ciento”, dijo el secretario general de Aidef, quien destacó que en los procesos que han involucrado a comunidades indígenas, la situación no es mucho mejor, sobre todo considerando la complejidad que supone para los Estados llevar adelante procesos de demarcación de terrenos, otorgamiento de títulos de dominio, restitución de tierras y la adecuación de normativa interna encaminada a dar la debida protección a las comunidades.

A nivel interamericano, Montero puso el ejemplo de la situación de discriminación estructural que sufren las comunidades indígenas en Chile, donde de acuerdo con cifras de la Defensoría Penal Pública, una persona indígena tiene un 25 por ciento más de probabilidades de quedar en prisión preventiva respecto de los imputados que no lo son.

A ello se agregan los factores interseccionales que muchas veces caracterizan a este grupo de personas. En la zona norte del país, por ejemplo, se mezcla la calidad de migrante, mujer e indígena asociadas a distintos delitos, como quedó de manifiesto con el caso de Gabriela Blas, una mujer aymara que fue condenada por la muerte de su hijo, a quien se le perdió el rastro mientras ambos pastoreaban en el altiplano.

INTERROGANTES
Ante este escenario, el Defensor Nacional (S) hizo un llamado a buscar fórmulas que permitan alcanzar un cumplimiento más efectivo de las medidas de reparación y garantizar mayor protección a las comunidades indígenas.

Explicó que para abordar este asunto de manera íntegra es necesario visibilizar la situación en cada estado americano y avanzar en un instrumento de carácter vinculante y en mecanismos de cumplimiento efectivo de las recomendaciones y reparaciones efectuadas por los órganos de promoción y protección de derechos humanos.

También dijo que se requiere establecer herramientas duraderas de protección para las comunidades indígenas, a través de mecanismos especiales de reclamación, que incorporen el componente cultural en la adminitración de la justicia y en el sistema legal en general.

“En ese camino, las defensorías de las américas han llevado adelante diversas iniciativas para cumplir con las obligaciones reforzadas en la materia. Sin embargo, el desafío excede lo que puedan seguir realizando estas instituciones y demanda un compromiso multilateral que se oriente a un compromiso más robusto”, concluyó.

Durante la novena sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA (CAJP) también intervinieron la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, y los representantes de las distintas defensorías que integran Aidef.

En la sesión también estuvieron presentes el presidente de la CAJP, embajador Josué Fiallo, quien es representante permanente de República Dominicana, y el director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la OEA, Dante Negro.

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