Sala de Prensa

20/07/2021

En caso de supuesto secuestro y tráfico de migrantes en Pozo Almonte

Defensores penales públicos: los antecedentes son insuficientes y contradictorios para acreditar los delitos

El tribunal de garantía de la localidad sólo aceptó fijar una prisión preventiva, dejando con arresto domiciliario al imputado por el presunto secuestro.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Tras dos extensas y sucesivas audiencias, el juez de garantía de Pozo Almonte, Horacio Andrade, acogió diversos argumentos de los defensores penales públicos que participaron en el control de detención y formalización de dos personas detenidas por los supuestos delitos de secuestro y tráfico de migrantes.

Aunque la parte acusatoria solicitó prisión preventiva para ambos imputados, el magistrado sólo decretó tal medida para la mujer de iniciales B.Y.A., investigada por presunto tráfico de migrantes, y dictaminó arresto domiciliario total para L.U.C., a quien se le atribuyó mantener privados de libertad a varios migrantes en la localidad de Pozo Almonte, ubicada a 50 kilómetros de Iquique en la Carretera Panamericana, que une a todo el país de norte a sur. Respecto del arresto domiciliario, el fiscal presentó una apelación que será vista por la Corte de Apelaciones de Iquique.

Los imputados fueron detenidos al interior de un domicilio en que alojaba una treintena de migrantes, quienes esperaban proseguir viaje en bus hacia la Región Metropolitana. De todos ellos, sólo algunos fueron considerados como víctimas de secuestro, antecedente que el defensor penal público Jorge Bacián destacó para que se descartara la existencia de ese delito.

“Todos los testimonios indican que el grupo completo estaba esperando seguir viaje y resulta incongruente que, si todos estaban en la misma casa y en las mismas condiciones, sólo a algunos se les atribuya la calidad de secuestrados”, explicó Bacián.

TRÁFICO DE MIGRANTES
En tanto, respecto del caso de presunto tráfico de migrantes, el defensor penal público Klaus Bremer hizo presente al tribunal que su defendida, una mujer venezolana, “formaba parte del mismo grupo y ninguno de sus integrantes les atribuye alguno de los elementos que la ley considera para tipificar dicho delito”, señaló. En este caso, a la formalizada se le decretó prisión preventiva por “peligro de fuga”, ya que no tiene domicilio acreditado en el país.

Estos casos judiciales fueron tratados en dos audiencias diferentes, aunque producto de una misma acción de la policía, cuyos efectivos ingresaron el pasado lunes 19 a una vivienda de Pozo Almonte, donde encontraron al grupo de migrantes venezolanos y a las personas que les otorgaban albergue y apoyo para su desplazamiento hacia la zona central del país.

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