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21/07/2021

La decisión refuerza argumentos de los defensores públicos, quienes explican que se han confundido los hechos

Corte de Apelaciones de Iquique negó prisión preventiva para imputado por presunto secuestro y sustracción de menor

Pronunciamiento del tribunal de alzada ratificó anterior decisión del juez de garantía de Pozo Almonte.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Luego de escuchar a la defensora penal pública Marcela Tapia y al fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Iquique resolvió negar la petición de prisión preventiva hecha por el persecutor del caso en contra del único imputado por un supuesto secuestro de siete personas migrantes y la sustracción de un adolescente venezolano. Ambas partes expusieron sus alegaciones respecto de la decisión previa del juez de garantía de Pozo Almonte, Horacio Andrade.

En la audiencia, realizada este martes 20 de julio, el magistrado de la localidad pampina sólo había dictaminado el arresto domiciliario de L.U.C., a quien se le atribuyen los delitos descritos, por lo que los persecutores apelaron de esa decisión ante el tribunal de alzada, que esta tarde respaldó al juez que acogió los fundamentos de la defensa penal pública.

De esta manera, sólo una mujer, identificada como B.Y.A. e imputada por el eventual delito de tráfico de migrantes, seguiría en prisión preventiva, aunque con derecho a salir una vez que pague la caución fijada por el tribunal y que asciende a cien mil pesos.

Para ambos casos, los defensores penales públicos intervinientes han cuestionado la existencia de todos los delitos, insistiendo en que los antecedentes presentados en contra de los dos imputados son contradictorios e insuficientes como para configurar los supuestos ilícitos planteados por el Ministerio Público.

MENOS AFECTADOS
El caso fue presentado inicialmente a la prensa como el secuestro de 31 migrantes venezolanos, pero al día siguiente, al activarse la causa ante el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, las presuntas víctimas sólo eran siete. Las personas no consideradas como afectadas han presentado testimonios oficiales, en los que no indican que el imputado les haya negado, obstaculizado o restringido el libre tránsito, para proseguir su viaje hacia la zona central, para efectos de reunificación familiar.

Las 31 personas del grupo permanecían juntas en un domicilio de la localidad de Pozo Almonte, muchos de ellos premunidos de teléfonos celulares, aparato que también tenía el adolescente presuntamente sustraído, quien se comunicaba permanentemente con su madre, domiciliada en Santiago.

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