Sala de Prensa

18/08/2021

Claudio Aspe entregó balance de los principales hitos del año pasado en la zona

Defensor Regional de O'Higgins enfatizó tema penitenciario al rendir cuenta pública de la gestión 2020

Desde el complejo penitenciario de Rancagua, el directivo reiteró la preocupación institucional por el alto número de personas inocentes presas y la falta de oferta real de reinserción para quienes cumplen condenas privativas de libertad.

Por Andrea Contreras Márquez,
Defensoría regional de O'Higgins.

La región de O’Higgins se incorpora en 2003 al proceso de instalación gradual de la reforma procesal penal iniciada en 2000 en La Araucanía y Coquimbo. Desde entonces, la Defensoría Regional ha atendido a más de 150 mil personas, de las cuales mil 995 han estado privadas de libertad hasta por dos años siendo inocentes.

Al rendir ayer cuenta pública de la gestión de su equipo durante el año pasado, el Defensor Regional de O´Higgins, Claudio Aspe, explicó que lo que sólo parece un número es algo tremendamente grave, “pues se trata de hombres y mujeres que son juzgados públicamente, que pierden familia, trabajo, vínculos y muchas veces la dignidad, pues verse expuestos a un proceso penal y pasar un período en la cárcel es extremadamente violento para cualquier ser humano, más aún si te están castigando por un delito que no cometiste y por lo cual no tendrás reparación alguna”, señaló.

El directivo explicó que actualmente es muy difícil que el Estado responda por el daño que experiencias como éstas causan injustamente a una persona. Agregó que en Chile existen sólo tres casos en que el daño ha sido resarcido con alguna indemnización, lo que claramente no basta.

"Por eso la Defensoría espera que en el la nueva Constitución se vean reflejados temas de interés para el debido proceso: la reparación a las víctimas de la prisión preventiva injusta, el derecho a guardar silencio, la presunción de inocencia, la equidad en las penas de los delitos y, por cierto, la esperada autonomía de la Defensoría Penal Pública", dijo.

REINSERCIÓN SOCIAL
Según el Defensor Regional, también sería deseable que la nueva Carta Fundamental garantice el derecho a la reinserción social de las personas que infringen la ley.

"Nada gana la comunidad teniendo a un grupo de personas olvidadas y encerradas por largos años. La idea es que durante el cumplimiento de su condena en un recinto penitenciario, las personas logren obtener herramientas para reinsertarse socialmente. Es necesario tomarse en serio la atención de las necesidas educacionales, sicológicas, sociales y culturales de los privados de libertad", sostuvo.

SALUD PÚBLICA
Aspe explicó que 2020 fue un año distinto, en que la pandemia incidió fuertemente en el sistema penal, desde la manera de abordar las audiencias, la relación con los usuarios y la excesiva aparición de los delitos contra la salud pública. Al efecto, indicó que en O’Higgins "se trató de una de las causas más recurrentes que atendimos, representando un cuarto de las causas ingresadas el año pasado (7 mil 119 casos)".

“La postura de nuestra institución desde un comienzo fue que las infracciones por no respetar cuarentenas o toques de queda debían tener un destino administrativo, pues no eran delitos penales. Afortunadamente, con el tiempo la Corte Suprema fue aceptando nuestros argumentos jurídicos y hoy este tipo de causas están siendo en su mayoría sobreseídas, cuando se trata de simples desplazamientos o situaciones de emergencia, como lo ocurrido en el caso de la mujer violada en Pichilemu, que fue detenida por encontrarse fuera de casa en toque de queda”, añadió el directivo.

PROYECTOS 2021
Claudio Aspe detalló que pese a mantener una serie de restricciones por la emergencia sanitaria que aún no cesa, la Defensoría Regional de O’Higgins abordará dos importantes proyectos. El primero refiere a la atención de personas en las primera horas de su detención, cuyo piloto se está llevando a cabo en San Fernando.

Aspe dijo que, en síntesis, la iniciartiva supone la asistencia diaria de un defensor público a las unidades policiales, para atender e informar a nuestros usuarios, las personas detenidas, de su situación penal, adquirir elementos para su defensa y supervisar que no se cometan actos reñidos con la dignidad de las personas.

"En segundo lugar, somos parte de la marcha blanca del nuevo modelo de defensa penitenciaria universal, cuyo objetivo es atender a todas las personas privadas de libertad que normalmente quedan abandonadas en cárceles hasta el término de sus condenas", destacó.

El directivo agregó que, a través de un equipo de abogados y trabajadoras sociales, "la Defensoría Regional prestará servicio a todos quienes sean encarcelados, mediante un acompañamiento periódico para revisar su situación procesal, postular a beneficios, gestionar traslados, atender denuncias de malos tratos y colaborar en la labor de reinserción social de los penados", concluyó.

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