Sala de Prensa

05/10/2021

Debate internacional es organizado por diversas instituciones y ONG’s del continente

Defensor Nacional (s) expuso en seminario sobre desafíos de la justicia virtual en América Latina

Marco Montero sostuvo que las audiencias telemáticas no necesariamente garantizan el acceso a la justicia de las personas, muchas de las cuales enfrentan dificultades para contar con estas tecnologías. “No debemos renunciar nunca a las garantías procesales por consideraciones de eficiencia del sistema”, aseguró.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional (s), Marco Montero, intervino hoy como expositor en el seminario internacional “Retos y límites de la justicia virtual en América Latina”, organizado en conjunto por el Instituto de Defensa del Derecho a Defensa (IDDD) de Brasil, el Instituto de Justicia Procesal Penal de México y diversas ONG’s vinculadas a los distintos sistemas de justicia de las Américas.

El encuentro comenzó hoy y se desarrollará hasta el próximo jueves 7, con distintos módulos temáticos y expositores expertos de toda la región.

En particular, Montero expuso en el segundo panel de hoy, titulado “¿Las audiencias virtuales garantizan la justicia? La respuesta del sistema de justicia penal en América Latina”, en el que también intervinieron Joel Hernández García, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la abogada colombiana Verónica Inostroza, el magistrado brasileño André Nicolitt y su compatriota Fabio Pereira, dirigente de una agrupación de familiares de personas privadas de libertad.

En detalle, todos los expositores presentaron sus posturas a partir de dos preguntas orientadoras: si el uso de audiencias virtuales garantiza o no el acceso a la justicia y qué sugerencias podrían considerar los países de la región para garantizar este acceso en los tiempos post-pandemia.

ACCESO A LA JUSTICIA
Respecto de la primera, el Defensor Nacional (s) sostuvo que este tipo de audiencias “no necesariamente garantizan el acceso a la justicia", lo que se debe fundamentalmente a la falta de accesibilidad tecnológica de las personas, especialmente aquellas que son perseguidas penalmente por el Ministerio Público.

“En la Defensoría hemos evidenciado que personas con mala conectividad, de avanzada edad, con problemas de acceso a las tecnologías, entre otras, han presentado dificultades para conectarse por las vías telemáticas, que además afectan el acceso a la justicia, pues no se compara con la posibilidad que otorga la comunicación personal entre abogados/as y representados/as”, señaló.

RIESGOS PRINCIPALES
Marco Montero identificó dos riesgos principales para el funcionamiento de la justicia penal por vía remota: una afectación de la igualdad ante la ley -por las diversas regulaciones que los distintos tribunales establecen para realizar audiencias telemáticas o por una mala conectividad que afecte la calidad de las audiencias- y otra afectación de los principios del modelo acusatorio.

“La virtualidad, incluso cuando funciona bien, no permite una comunicación fluida entre el abogado y su representado, lo que es especialmente crítico cuando hablamos de defensor y defendido. Reduce los espacios de negociación, afecta la posibilidad de acceder a registros, atenta contra la publicidad, impacta en la calidad de rendición de la prueba, especialmente declaraciones de testigos y peritos, y atenta contra la inmediación, como garantía del juicio oral”, indicó.

MEDIDAS INTEGRALES Y COORDINACIÓN
Respecto de las soluciones, el directivo planteó la necesidad de apuntar a medidas integrales de política pública que permitan normalizar el servicio de justicia sin afectar la calidad de las audiencias ni poner en riesgo sanitario la vida de las personas.

“Parece sensato establecer regímenes transitorios de funcionamiento hasta lograr la normalización del sistema. Lo relevante es no legislar ni adoptar medidas de carácter permanente en una situación excepcional”, aseveró.

Montero también propuso establecer mecanismos de coordinación y trabajo conjunto entre los intervinientes y dotar al sistema de una flexibilidad que permita resolver por vía “híbrida” procesos de baja complejidad. “No debemos renunciar nunca a las garantías procesales por consideraciones de eficiencia del sistema”, destacó.

Durante la primera jornada del evento se presentó, además, el documento “Justicia virtual y derecho de defensa: parámetros mínimos para el cumplimiento del acceso a la justicia criminal en Brasil”, elaborado por expertos del IDDD.

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