Sala de Prensa

  • Portada
  • Sala de Prensa
  • Noticias
  • Defensora penitenciaria de Los Ríos: “Discutir a nivel constitucional lo que significa el castigo penal es una muy importante discusión”

12/11/2021

Marcela Tapia se refirió a los derechos políticos de las personas privadas de libertad

Defensora penitenciaria de Los Ríos: “Discutir a nivel constitucional lo que significa el castigo penal es una muy importante discusión”

La abogada conversó sobre este tema de cara al proceso constituyente en el programa “Diálogos feministas constituyentes” de Radio Uach, que cada jueves conducen la antropóloga Moira Barrientos, de la Red de Mujeres Valdivia, y las historiadoras Daniela Figueroa y Karen Alfaro, ésta última pro decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esa casa universitaria.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
Periodista Defensoría Regional Los Ríos. 

Sobre los derechos de las personas privadas de libertad y las brechas de género en el ámbito penitenciario conversó este jueves, en Radio "Uach" de Valdivia, la defensora pública penitenciaria de Los Ríos, Marcela Tapia.

La abogada participó en el programa “Diálogos feministas constituyentes”,  que conducen la antropóloga Moira Barrientos, de la Red de Mujeres Valdivia, y las historiadoras Daniela Figueroa y Karen Alfaro, ésta última pro decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esa casa universitaria.

MUJERES Y CÁRCEL
Consultada sobre la situación de las mujeres presas en Chile, la abogada especializada comentó que la cárcel, en general, fue pensada “por hombres y para hombres” y, si bien en el último tiempo ha habido una progresión en el encarcelamiento de mujeres por condicionantes sociales y estructurales que determinan el fenómeno, existen una serie de brechas entre la población penal masculina y femenina en desmedro de las internas.

En cuanto a la protección de la maternidad e infancia, Marcela Tapia precisó que se ha avanzado en espacios acondicionados para pre y post natal, y en salas cunas para hijos lactantes hasta los dos años, pero no todos los centros penales del país cuentan con estos espacios.

“Las dependencias que albergan a mujeres privadas de libertad son un anexo de la infraestructura para la población masculina. Es necesario evitar encarcelar a mujeres embarazadas o con hijos, en tanto la directriz internacional prioriza a la familia. El uso indiscriminado de la prisión preventiva o de condenas privativas de libertad, en lugar de sustituirlas por penas en liberad, es donde hay poner el foco”, añadió.   

La defensora penitenciaria comentó que los delitos más habituales de las mujeres tienen relación con su rol de madres, abuelas y cuidadoras. “Microtráfico, venta de drogas al minoreo y hurto son los más frecuentes y tienen relación con proveer recursos sin salir del domicilio y seguir desempeñando roles de madre y cuidadora. Son poco comunes los delitos violentos de mujeres, lo que indica que hay una cuestión estructural que va predeterminado o condicionando la delincuencia femenina y que está muy relacionada con la baja escolaridad, el acceso a  trabajo formal o no precarizado y el apoyo del Estado respecto de reales  políticas públicas, que permitan la habilitación real  de las mujeres”, comentó.

PRISIÓN Y DERECHOS POLÍTICOS
Respecto de los derechos políticos de las personas presas, Tapia explicó que la Constitución actual define como ciudadana a toda persona chilena, mayor de 18 años, que no haya sido condenada a pena aflictiva, es decir que no supere los tres años y un día de privación de libertad.

Puntualizó también que la condición de ciudadanía determina el derecho a sufragio y establece una suspensión de éste a personas procesadas por un delito que merezca pena aflictiva.

“Es un tema interesante, de cara al actual proceso constituyente, si esto ha de mantenerse en una nueva Constitución y será parte del castigo penal la pérdida de derechos políticos y la exclusión de la persona de la comunidad política a la que pertenece o se le incluirá en la participación de la democracia”, planteó.

La defensora pública agregó que, en la práctica, esta negación del derecho a voto está afectando a todas las personas privadas de libertad. Según explicó, las personas presas que mantienen sus derechos políticos vigentes han estado impedidas de ejercerlos ante una falta de voluntad del Estado para habilitar las condiciones materiales para ello.

“Esta semana la Corte Suprema acaba de emitir un fallo ordenando que se generen las condiciones para que voten 147 internos en Colina II y si nuevamente esto no se lleva a cabo, legítimamente podemos estar ante un presupuesto de desacato de las autoridades”, sostuvo.

DÉFICIT EN REINSERCIÓN
Por último, en materia de reinserción la defensora pública penitenciaria precisó que el presupuesto en este ámbito es bastante menor al de otros gastos y que, si bien se generan políticas públicas de reinserción social, éstas resultan  insuficientes y es necesario atender a la calidad de tales políticas.

"No se están haciendo con perspectiva de género en el caso de las mujeres, con una mirada integral para incorporarlas de forma real en el mercado y que puedan ofrecer servicios demandados por la comunidad, por ejemplo”, sostuvo. Con todo, valoró la figura del delegado o delegada de libertad condicional como un avance importante en este ámbito, lo mismo que los protocolos frente a otros grupos vulnerables dentro de la población penal.

Vea el programa completo en el siguiente link:
https://www.facebook.com/radiouachvaldivia/videos/2104150436425276/

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver