Sala de Prensa

22/11/2021

Encuentro en formato virtual

Ministro de la Corte Suprema se reunió con el Defensor Regional del Biobío

Arturo Prado Puga concretó su visita anual a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción y conversó con Osvaldo Pizarro sobre la situación del sistema penal en la región, después de las restricciones y aplazamientos de audiencias por la pandemia y el estado de excepción constitucional.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

Luego de que el pasado 30 de septiembre finalizara el estado de excepción constitucional de catástrofe en gran parte de la región del Biobío, uno de los temas que ha ocupado al sistema de justicia criminal en la zona ha sido evaluar los mecanismos que se podrían utilizar para retomar los procesos judiciales aplazados y realizar las audiencias en un tiempo razonable.

Precisamente ese fue uno los principales puntos que abordó el ministro de la Corte Suprema Arturo Prado Puga durante una reunión virtual con el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, con quien revisaron temas como la carga de trabajo, los juicios pendientes y la situación de las órdenes de detención y las prisiones preventivas.

La presencia del magistrado en la zona se enmarca en la vista anual que realiza a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, que incluye a todos los tribunales de la región. En el encuentro participaron, además, la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Matilde Esquerré; el administrador zonal Concepción de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el defensor local jefe de Cañete, Pedro Aguilera.

TEMAS ABORDADOS
junto con entregar su visión general de lo que ocurre en el sistema de justicia criminal de la región, el Defensor Regional describió al ministro el trabajo realizado por la Defensoría Regional del Biobío y cómo se ha instado a la presencialidad en los casos que realmente lo ameriten en resguardo del debido proceso.

Lo importante, recalcó Pizarro durante el encuentro, "es la necesidad de coordinación tripartita para abordar cada uno de los mecanismos que permitan dar continuidad al sistema de justicia, luego del atochamiento causado por la pandemia, ya que el aumento de personal en sólo alguno de los estamentos -como el Poder Judicial- no aparece como una solución viable si termina desbordando a los otros intervinientes del proceso penal".  

En estas materias, el proyecto de ley que introduce reformas al sistema de justicia para enfrentar la situación de los tribunales luego del estado de excepción de catástrofe está actualmente sometido a control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, en lo medular, busca procurar una mayor eficiencia del sistema de justicia y limitar la presencia física de las personas en tribunales por motivos sanitarios.

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