Sala de Prensa

15/02/2022

Para los defensores públicos, en ocasiones, la prisión preventiva es una pena anticipada

Prisión preventiva: ¿primer o último recurso? (*)

(*): Parte de esta nota fue publicada el lunes 14 de febrero en el diario La Prensa Austral de Punta Arenas, bajo el título “Para la Defensoría Penal se cometen abusos con la prisión preventiva”

Por Héctor Martínez Díaz,
Defensoría Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

“¿La prisión preventiva se está aplicando como medida cautelar de primer o último recurso?”, se pregunta la Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar Moraga, tras conocerse casos de personas que estuvieron privadas de libertad en Magallanes y luego fueron absueltas o sobreseídas por ser inocente de los cargos que se les imputaban.

Tal es el caso de una persona que estuvo un año en prisión preventiva por mantener en su poder la carcasa de un lanzacohetes y quien sólo pudo recuperar su libertad al ser absuelta en juicio oral. O el caso del joven que, a fines de diciembre, fue detenido como autor de un homicidio y estuvo varios días preso, hasta que se comprobó su inocencia en la muerte de un funcionario del Ejército al interior de un local nocturno, durante la nochebuena de 2021.

Para el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, la legislación chilena ha avanzado en sentido contrario a lo establecido por organismos internacionales: “Nuestra legislación ha avanzado precisamente en sentido contrario, suponiendo que reforzando la aplicación de la prisión preventiva se lograría disminuir la inseguridad o la delincuencia, lo que evidentemente no ha sucedido", explicó en diversos medios de comunicación.

Según Mora, “ha habido un abuso de la prisión preventiva lo dijimos públicamente y ante el Congreso ya en 2005, cuando se modificó el Código Procesal Penal, quitándole el carácter de excepcional a la prisión preventiva en los delitos con penas bajas o cuando el imputado podía haberse visto favorecido por una condena en libertad”.

En 2008, con la agenda corta anti delincuencia, se facilitó el uso de la prisión preventiva a través de la presunción del peligro contra la seguridad de la sociedad y se entregaron mayores atribuciones a los jueces para que se aplique, generando muchas veces consecuencias abusivas en las personas.

Lo anterior, a juicio de Aguilar, “genera que estemos frente a una medida cautelar que frecuentemente es usada como pena anticipada en el proceso penal”.

La Defensora Regional resalta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado reiteradamente que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. 

ARMA PELIGROSA
“La prisión preventiva es un ‘arma peligrosa’, que el Estado debe saber ponderar en qué casos aplicar”, dice el defensor local jefe de Punta Arenas, Ramón Bórquez.

“No hay que olvidar que imponer una prisión preventiva significa afectar la libertad de una persona, respecto de quien existe sólo una investigación en curso. Aún no sabemos con certeza si esa persona es responsable penalmente y si merece ser objeto de una pena”, remarca Bórquez.

“Por eso es que la ley y los tratados internacionales de derechos humanos declaran que toda persona investigada por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia”, agrega Aguilar. 

“Sin embargo, sucede que no en pocas ocasiones la prisión preventiva es sobre utilizada, en lugar de hacer uso de otras medidas cautelares menos gravosas, que pueden asegurar los fines del procedimiento de la misma forma que la prisión preventiva”, señala la Defensora Regional. 

SOBREPOBLACIÓN PENAL  
"Tenemos una oportunidad para enmendar el rumbo respecto de técnicas legislativas y políticas de persecución penal defectuosas que tensionan el sistema penal y dejan a miles de personas encarceladas en condiciones infrahumanas, muchas de ellas sin merecerlo, como las 36 mil 556. personas que, siendo inocentes, estuvieron en prisión preventiva desde 2001 a la fecha”, sostuvo recientemente el Defensor Nacional. 

Porque según Mora, “el único efecto constatable de las modificaciones legales ha sido la sobrepoblación de nuestras cárceles, profundizando las inhumanas condiciones penitenciarias y el aumento de los 'presos sin condena', quienes llegan a un juicio después de meses e incluso años". 

El Defensor Nacional dio como ejemplo que a 2008, sólo un 20 por ciento de las personas privadas de libertad estaban en prisión preventiva y el 80 por ciento correspondía a condenados, mientras que hoy los imputados alcanzan el 37 por ciento de quienes se encuentran en las cárceles.

“Es necesario poner freno al uso abusivo de la prisión preventiva. Es necesario que, tal como antes se legisló para aumentar criterios para que la gente quede privada de libertad, hoy se revisen las normas que están haciendo que miles de personas estén en prisión preventiva, con todas las consecuencias negativas que conlleva para ellos y sus familias”, remarcó, en su momento, el Defensor Nacional.

 

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