Sala de Prensa

01/03/2022

El ministro Juan Eduardo Fuentes encabezó la ceremonia de inicio del año judicial

El Defensor Nacional participó en cuenta pública del presidente de la Corte Suprema

En su discurso, el magistrado enumeró una serie de “principios irrenunciables” para el sistema de justicia que, “de verse menoscabados, terminarían desnaturalizando dicha función y, consecuencialmente, afectando el estado de derecho y la paz social”.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, participó presencialmente esta mañana en la cuenta pública que rindió el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, ceremonia que anualmente da inicio oficial al año judicial, en este caso 2022.

En un discurso marcado por el contexto de la pandemia de Coronavirus y los posibles cambios en la estructura institucional del país que deberá definir la Convención Constitucional, Fuentes sostuvo que “el verdadero vigor de un sistema, de una democracia y de sus reglas, no se prueba sólo en periodos de normalidad, sino precisamente en los momentos de mayor tensión y exigencia”.

El magistrado pasó revista a las diversas acciones que el Poder Judicial ejecutó para hacer frente a la emergencia sanitaria y explicó que, “a mi modo de ver, la institucionalidad judicial chilena ha respondido de manera oportuna y efectiva, logrando equilibrar los difíciles requerimientos que impone una situación como la vivida”.

Fuentes valoró particularmente la política de teletrabajo instaurada por los tribunales de justicia del país, lo que implicó -entre otros desafíos-, gestionar más de 12 mil cuentas de conexión remota y alrededor de 800 servicios de banda ancha móvil para realizar, en total, 663 mil 230 audiencias a través de medios digitales.

CIFRAS PRINCIPALES
El presidente de la principal corte de justicia del país enumeró también las principales cifras que resumen el trabajo judicial del año pasado, con un ingreso total de casi 2 millones 160 mil causas en primera instancia, cifra que disminuyó un 19 por ciento respecto del año anterior. Al efecto, Fuentes comentó en particular que, si bien las causas en materia civil disminuyeron un 38,3 por ciento, las causas de familia aumentaron un 17,6 por ciento, “con un incremento especialmente significativo en violencia intrafamiliar, divorcio y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.

En cuanto a las causas terminadas, aclaró que aun cuando los términos a nivel nacional aumentaron un 1,7 por ciento, “en las competencias de familia y penal ese incremento alcanzó un 38 y un 15,8 por ciento, respectivamente”, mientras que en temas civiles los términos disminuyeron un 30,39 por ciento.

Respecto del trabajo de las cortes de apelaciones del país, el ministro Fuentes informó que estos tribunales atendieron 293 mil 479 causas, con una importante baja de 15,06 por ciento respecto de las 345 mil 500 causas atendidas en segunda instancia el año pasado. “Si bien existió un claro descenso en el ingreso de recursos de protección, en particular en materia de isapres, se produjo un notorio aumento en los recursos de amparo, doblando las cifras del año pasado y, en el caso de los recursos de nulidad, un incremento del 62 por ciento”, aseguró.

El presidente de la Corte Suprema aclaró luego que este descenso se confirmó en la labor del tribunal que encabeza, que experimentó una disminución general de 37,25 por ciento de sus ingresos, “aunque con dos considerables aumentos: uno de 106,4 por ciento en los recursos de amparo y otro de 84,39 por ciento en los de nulidad”.

BUENAS PRÁCTICAS EN PANDEMIA
Juan Eduardo Fuentes valoró también algunos aprendizajes que la pandemia de Covid-19 ha dejado en el Poder Judicial, como el fortalecimiento del uso de tecnologías de comunicación a distancia, entre otras herramientas que “pueden ayudarnos a disminuir las enormes brechas de acceso a la justicia que existen entre diversas localidades de nuestro país y, por lo mismo, a posibilitar una igualdad ante la justicia nunca antes vista entre nosotros”.

El magistrado destacó también la elaboración de diversos protocolos de atención y funcionamiento de tribunales, como también la colaboración del Poder Judicial en la creación y puesta en marcha de la Ley N° 21.394, que introdujo algunas reformas para permitir al sistema de justicia enfrentar la situación post pandemia.

Fuentes relevó, además, la importancia que un acceso efectivo a la justicia de todas las personas tiene para la comprensión general de la labor jurisdiccional, contexto en que afirmó que “se trata de no conformarnos con responder cuando tocan nuestra puerta, sino facilitar que éstas se abran en forma efectiva para todos los justiciables, en especial aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

El principal directivo judicial del país destacó luego acciones de la judicatura en pro de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en materia de género y no discriminación, y en temas de fortalecimiento de los derechos humanos y grupos vulnerables, entre otros.

REFORMAS PENDIENTES
El magistrado se refirió después a dos reformas que consideró “un viejo anhelo” del Poder Judicial y que, “pese a los esfuerzos realizados, aún no se han materializado: la procesal civil y la de ejecución penal”. Respecto de la primera, agradeció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reanudara el año pasado la tramitación de un nuevo Código Procesal Civil y dijo esperar que “efectivamente se materialice esta sentida reforma”.

En cuanto a la segunda, explicó que “la reforma al sistema de ejecución penal también es una deuda pendiente de larga data, pues la reforma procesal penal dejó fuera el objetivo de “adecuar los mecanismos de enjuiciamiento a los estándares exigidos por las convenciones y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. Según Fuentes, la solución para estos temas requiere el desarrollo de “un proceso de naturaleza jurisdiccional, entregado a una judicatura especializada en la materia”.

PODER JUDICIAL Y CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Por último, el presidente de la Corte Suprema calificó la elaboración de una nueva Constitución como “el hito republicano más importante que viviremos en nuestra historia reciente”, contexto en que relevó el “afán colaborativo” con que el Poder Judicial llevó sus ideas hasta la Convención Constitucional.

También enumeró algunos “principios irrenunciables” para un sistema de justicia en un estado de derecho democrático, como la imparcialidad, respecto de la cual “desde la doctrina existe completo acuerdo en torno a la relevancia de asegurar la autonomía e independencia de jueces y juezas en el ejercicio de la jurisdicción (…) entendida tanto como garantía de no intromisión interna y externa”.

Según Fuentes, la inamovilidad también es una condición esencial en el desempeño del juez, sin la cual “serían ilusorios los valores anteriores”, porque “sin ella la sujeción a influencias de todo tipo a que inevitablemente se expondría la magistratura, transformaría lo que hoy es una garantía para todas las personas en una amenaza constante a la imparcialidad”, aseveró.

“La imparcialidad, la independencia y autonomía, la igualdad ante la ley, la sujeción a la ley, la exclusividad, la inamovilidad, la inexcusabilidad y la cosa juzgada conforman elementos esenciales de la jurisdicción que, de verse menoscabados, terminarían desnaturalizando dicha función y, consecuencialmente, afectando el estado de derecho y la paz social”, concluyó. 

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