Sala de Prensa

07/03/2022

(*): El siguiente reportaje fue publicado hoy en el diario electrónico Interferencia.cl

Castigo anticipado: el aumento de prisiones preventivas en los casos de mapuche (*)

"Según cifras de la Defensoría Penal Pública, actualmente uno de cada tres imputados con esta medida cautelar en la región de La Araucanía es mapuche. Entre 2009 al 2014 más de 30 personas de este pueblo indígena esperaron así su juicio y ninguno fue condenado, indican desde el Centro de Investigación y Defensa Sur. Ante ello, la huelga de hambre ha sido una forma de protesta".

Por Interferencia.cl

“La prisión preventiva en Chile ha estado en la agenda nacional y ha generado debates debido al proyecto de ley de indulto a los ‘presos de la revuelta’, pues a más de dos años de las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019, aún hay personas en prisión que todavía no tienen un juicio que los condene o absuelva. En el caso de personas pertenecientes al pueblo mapuche, esta medida cautelar ha sido aplicada mayormente, conforme a datos de instituciones y estudios.

“Según cifras de la Defensoría Penal Pública, hasta enero de 2022 uno de cada cuatro imputados en la región de La Araucanía es mapuche, es decir, casi un 25 por ciento del total. Respecto de quienes cumplen prisión preventiva, uno de cada tres imputados es mapuche. La entidad al día de hoy representa a 76 imputados con dicha medida cautelar, es decir, un 31,4 por ciento de sus defendidos.

“Humberto Serri Gajardo, jefe de la Defensoría Penal Mapuche, explica que 'a partir de los datos consolidados que pudimos enviar a INTERFERENCIA obtenidos con nuestra unidad de estadística, podemos concluir que efectivamente y de acuerdo también como señalan otros estudios en cuanto a los imputados mapuche, hay una mayor tendencia a que éstos queden en prisión preventiva. Si la persona no fuese identificada como mapuche en un control, tendría bastante más opciones de no quedar en prisión preventiva'.

“Sobre estas cifras, Humberto Serri, señala que se podrían relacionar con las cifras a nivel nacional de la Defensoría Penal Pública del consolidado del año 2021, las cuales 'dan cuenta de la gravedad del uso y abuso de la prisión preventiva'.

“'Se está utilizando como una pena anticipada, como un mecanismo de control social. Nuestros datos indican que de 20.400 personas que estuvieron privadas de libertadel año pasado, 5.500 no terminaron cumpliendo una pena privativa de libertad o derechamente fueron absueltas, lo cual nos refleja que una de cada cuatro personas que estuvieron en prisión preventiva no tendrían por qué haberlo estado. Eso es preocupante y como Defensoría hemos levantado este tema como importante en nuestra gestión desde 2005', añade.

“Para el abogado Sebastián Saavedra, del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), la prisión preventiva en los casos de personas mapuche suele ser la medida cautelar más frecuente, principalmente por la utilización de la Ley Antiterrorista, la Ley de Control de armas o la de Seguridad de Interior del Estado, lo cual contrasta con casos que han tramitado como Cidsur donde hay carabineros imputados en el marco de la revuelta popular.

“Además, indica que en todos los casos en los que se aplicó la Ley Antiterrorista que les tocó defender desde 2009 a 2014, las personas se mantuvieron en prisión preventiva mientras esperaban su juicio y solo fueron liberados tras la huelga de hambre.

“'Hubo prisiones preventivas que incluso superaron los dos años para finalmente ser absueltos. Ninguna de las personas -fueron más de 30-  en ese periodo en la región de La Araucanía fue condenada, lo cual es un indicador de cómo es usada la prisión preventiva'.

“'En la práctica judicial todo indica que la prisión preventiva suele ser utilizada con mayor rigor cuando el imputado o acusado pertenece al pueblo mapuche. La impresión nuestra es que esto ocurre por vocación de leyes especiales y, segundo, por una discriminación estructural que existe en nuestro sistema judicial, lo que permite y hace más fácil la aplicación de estas medidas cautelares', agrega Sebastián Saavedra de CidSur.

“Al mismo tiempo, el abogado recuerda el Caso Luchsinger-Mackay: 'Los once comuneros que fueron acusados y con prisión preventiva fueron absueltos, y en un segundo juicio fueron dos condenados a pena efectiva, todo el resto fue absuelto'.

"Precisamente el pasado 1 de marzo, los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel -quienes fueron condenados a 18 años de cárcel y que han acusado constante persecución política- iniciaron una huelga de hambre líquida, 'como única herramienta de lucha política que podemos desarrollar desde la prisión', según indicaron en un comunicado.

“Una de las personas que estuvo vinculada al mismo caso fue la machi Francisca Linconao, quien estuvo en más de cuatro ocasiones en prisión preventiva, siendo finamente absuelta. En aquella ocasión, a pesar de que el veredicto fue favorable para ella, la autoridad ancestral lamentó que tres personas fueran condenadas.

"Estoy muy molesta, enojada porque hay tres personas que condenaron... por plata se venden los jueces". La ahora integrante de la Convención Constitucional ha señalado en más de una ocasión que 'necesitamos la libertad de los presos políticos mapuche y no mapuche'.

"UMBRALES MÁS ESTRICTOS”
“El aumento de la prisión preventiva a personas mapuche fue demostrado anteriormente por el estudio académico 'Discriminación e impacto negativo de la prision preventiva en la vida de las personas', publicado en la Revista 93 de la Defensoría Penal Pública del año 2018. Señala que en las causas penales ingresadas entre 2006 y 2012 las personas de ingresos más bajos tienen entre 3,3 por ciento y 9,5 por ciento más probabilidad de recibir una prisión preventiva que otros grupos menos vulnerables, mientras que para personas de origen mapuche estas probabilidades son mayores, en rangos que varían entre 3,3 por ciento y 25 por ciento respecto de población no mapuche.

“La investigación concluye que la prisión preventiva es una medida cautelar de la cual se ha abusado en los últimos años, 'su ejecución ha sido discriminatoria, afectando en mayor medida a mapuche y personas de más bajos ingresos, y su impacto negativo no sólo dura durante el encarcelamiento, sino que se extiende por años en la vida laboral de las personas, aún cuando ellas resultan absueltas'.

“Damián Vergara, una de las personas que participó en el estudio junto a Gonzalo Marivil, Nicolás Grau y Jorge Rivera, indica a INTERFERENCIA que efectivamente encontramos bajo distintos modelos estadísticos que a los imputados mapuche se le fijan umbrales más estricos'.

“Respecto a la consecuencias de esta medida en la vida de las personas, apunta a que 'en la gran mayoría de los casos no es posible compensar los costos hacia el imputado. Hay mucha evidencia que lo ha demostrado, a la gente le cuesta más encontrar trabajo. Lo segundo tiene que ver con el costo inclusive del mismo juicio, porque tienen menos tiempo para planificar, y por último, el acceso a beneficios sociales. Esos son efectos económicos directos, pero claro que hay una serie de efectos psicológicos y otros'.

“Como se mencionó anteriormente, uno de los mecanismos de protesta que han utilizado los mapuche tanto en prisión preventiva como condenados, es la huelga de hambre.

“Entre 2010 y 2011, presos mapuche en cárceles chilenas realizaron este tipo de protesta, principalmente para denunciar la aplicación de la Ley Antiterrorista, y por los dobles enjuiciamientos a los que eran sometidos. Una de las más emblemáticas ocurrió en 2010, y tras 82 días, 23 huelguistas de Concepción, Lebu y Temuco llegaron a un acuerdo con el gobierno.

"También ocurrió en 2020, cuando ocho presos estuvieron más de 80 días de huelga en Angol, al mismo tiempo, el machi Celestino Córdova -quien ha realizado seis huelgas de hambre- solicitaban al gobierno la aplicación efectiva del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir su condena".


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