Sala de Prensa

29/06/2022

Gustava Aguilar Moraga cuestionó el uso abusivo de la prisión preventiva

Defensora Regional de Magallanes rindió cuenta pública de la gestión 2021 en la zona

La abogada también instó a retomar la presencialidad en las audiencias que se desarrollan ante los tribunales de garantía.

Por Héctor Martínez Díaz,
Defensoría Regional de Magallanes y Antartica Chilena. 

La Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar Moraga, rindió cuenta pública de la gestión 2021 de su equipo, durante una ceremonia realizada en formato remoto y cuya transmisión, con los debidos resguardos sanitarios y de aforo, pudo ser seguida por autoridades del sector justicia y funcionarios de la Defensoría en el auditorio de la Sociedad de Instrucción Popular en Punta Arenas.

Hablando de cifras, Aguilar explicó que desde el 16 de diciembre de 2002, la Defensoría ha atendido a 58 mil 998 personas en Magallanes, de las cuales 3 mil 183 ingresaron el año pasado, cifra bastante menor a los 4 mil 201 ingresos de 2020. Según ella, esta disminución se explicaría porque luego de resoluciones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, el Ministerio Público dejó de formalizar como delito las faltas e infracciones sanitarias en que incurrían las personas en medio de la pandemia, como sí lo hizo durante todo 2020.

Respecto del detalle de ingresos por género, un 80,43 por ciento correspondió a hombres y un 19,57 por ciento a mujeres; mientras que por grupo etáreo, un 4,3 por ciento fueron adolescentes. Además, en 2021 se produjo una disminución de 13,19 por ciento en el ingreso de imputados extranjeros, cifra que pasó de 182 personas en 2020 a 158 en 2021.

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
La jefa regional de la defensa pública señaló que el año pasado se retomó paulatinamente la presencialidad, por lo que las oficinas atienden hoy con normalidad, lo mismo que las visitas de cárcel de las y los defensores públicos a personas imputadas y condenadas.

Aguilar dijo, además, que durante 2021 los equipos de defensa participaron en 220 audiencias de juicio oral y que este año se alcanzará la cifra más alta de juicios orales en los 20 años de vigencia de la reforma procesal penal en Magallanes. “A diferencia de otras instituciones del sistema procesal penal, hemos debido hacer frente a esta recarga de juicios orales con la misma dotación de personal”, remarcó.

La Defensora Regional valoró la gestión y las facilidades otorgadas por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas para la realización de audiencias en formato semipresencial, pero enfatizó que así como se ha ido normalizando la atención presencial en la mayoría de los servicios públicos, “es tiempo de retomarla en los juzgados de garantía de la región, a lo menos en las audiencias de control de la detención, porque ello favorece el contacto personal de defensores con los detenidos y, de paso, libera a los funcionarios policiales de una carga adicional a sus labores habituales”, indicó.

Lo anterior, porque los funcionarios policiales, mayoritariamente de Carabineros, no sólo deben recibir a las personas detenidas, sino que también deben cautelar que, previo a las audiencias de control de detención, éstos tengan contacto con sus defensoras o defensores y que las referidas audiencias se realicen sin contratiempos. Todo ello implica destinar diariamente 3 ó 4 funcionarios a estas actividades.

“Sólo en 2021 nuestros defensores participaron en mil 219 audiencias de control de detención, equivalentes al 38,3 por ciento de los ingresos”, subrayó.

Gustava Aguiolar mencionó que la defensa pública regional sostiene periódicos encuentros con personas imputadas y condenadas internas en los centros carcelarios, velando porque se respete su derecho a un trato digno y que cumplan su reclusión en recintos adecuados, que incentiven su reinserción social.

CASOS EMBLEMÁTICOS
Entre otros casos emblemáticos del año pasado, Aguilar recordó el de María Vera Vargas, quien fue acusada y condenada a cinco años de libertad vigilada por el delito de parricidio, pues desde su detención y hasta el juicio oral en su contra la defensa pública expuso el maltrato sicológico y físico que padeció durante años.

También mencionó los casos de dos ciudadanos indonesios y el de un ciudadano coreano, en los cuales la gestión de los defensores públicos fue reconocida por las embajadas de ambos países.

INOCENTES PRESOS
Aguilar destacó también casos de personas inocentes que estuvieron en prisión preventiva, una de las cuales estuvo un año en prisión por mantener en su poder la carcasa de un lanzacohetes y luego fue absuelta en juicio oral, o el caso de un joven detenido e imputado por homicidio, enviado a la cárcel y luego fue sobreseído por inocencia.

Para la Defensora Regional, este último caso fue paradigmático en términos de defensa activa, pero también por cómo una persona inocente puede quedar privada de su libertad sin ninguna justificación, por una falla del sistema de justicia penal y el error de agentes del Estado que no cumplieron los protocolos de reconocimiento.

Gustava Aguilar recordó que el propio Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, ha sostenido que “nuestra legislación ha avanzado precisamente en sentido contrario, suponiendo que reforzando la aplicación de la prisión preventiva se lograría disminuir la inseguridad o la delincuencia, lo que evidentemente no ha sucedido", advirtió.

DEUDAS PRINCIPALES
La abogada indicó que, si bien desde la vigencia de la reforma procesal penal han existido avances en imparcialidad, transparencia, oralidad, inmediación, rapidez y eficiencia en la administración de la justicia, "persisten deudas que el sistema regional de justicia procesal penal mantiene con la comunidad”.

Entre éstas, mencionó la sección femenina del complejo penitenciario de Punta Arenas, iniciativa en torno a la cual dijo esperar la pronta ejecución del proyecto de remodelación de ese recinto.

Insitió, además, en la necesidad de regularizar la situación de la Unidad de Psiquiatría Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI): “Confiamos en que las voluntades de todos los involucrados estén orientadas en un mismo fin, que es proteger y cautelar la salud mental de las personas privadas de libertad, obligación en que, como funcionarios públicos, debemos garantizar su cumplimiento”, señaló.

FALTA DE PSIQUIATRA
La directiva pidió, además, que se solucione la falta de psiquiatra en la sede regional del Servicio Médico Legal (SML), situación que mantiene un retraso en la tramitación de causas en que los afectados son, precisamente, personas con problemas de salud mental.

“Esta situación fue el fundamento invocado por un juez de garantía de Punta Arenas para autorizar el traslado de un interno, paciente de la UPFHI, al complejo penitenciario 'Alto Bonito', de Puerto Montt. Con esa decisión se vulneraron gravemente los derechos del interno, provocando un desarraigo en su entorno familiar”, sostuvo.

Aguilar recordó que entre las prioridades del actual gobierno está la salud mental de la población, tal como lo señaló el Presidente Gabriel Boric en su reciente cuenta pública: “(…) Sabemos que la salud mental no puede esperar y va a ser una prioridad en nuestro Gobierno”.

“Esperamos que dicha prioridad gubernamental considere también la salud mental de las personas privadas de libertad, quienes constituyen uno de los grupos más vulnerables del país y están internos en centros a cargo del Estado”, enfatizó Aguilar.

Por último, mencionó también la ausencia de Gendarmería en Puerto Williams como una necesidad urgente de resolver.

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