Sala de Prensa

11/08/2022

La transmisión fue a través del canal institucional en YouTube

Defensor Regional de Atacama rinde cuenta de la gestión 2021 de su equipo

Según Raúl Palma, “hoy hemos querido destacar el rol que nos cabe como defensoras y defensores públicos en nuestra región, en nuestro país y en el sistema interamericano de derechos humanos, para luchar por una sociedad con mayor justicia, equidad y paz social”.

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

A dos meses de que la institución cumpla 21 años de funcionamiento en la región de Atacama, el Defensor Regional, Raúl Palma Olivares, rindió ayer cuenta del trabajo realizado junto a su equipo durante el año pasado, contexto en que destacó el esfuerzo permanente por mejorar el acceso, de todas las personas, sin distinción alguna, a la justicia en tanto derecho humano.

“En la Defensoría cerramos un 2021 que nos planteó diversos desafíos y nos demandó grandes esfuerzos. Y luego iniciamos un 2022 de altísima exigencia. Agradezco a este equipo por el comprometido trabajo cotidiano. Nos ha tocado trabajar juntos, en los buenos momentos y en los adversos. Una Defensoría Regional capaz de asegurar con convicción, solidaridad y profesionalismo el real acceso al derecho a defensa penal y a la justicia de nuestra querida comunidad de Atacama”, recalcó.

Según Palma Olivares, el primer objetivo y obligación de la Defensoría Regional es la concreción del derecho a defensa penal, en tanto derecho fundamental y garantía básica de un proceso penal justo y legítimo.

“Durante 2021 todo el equipo trabajó incansablemente para robustecer la calidad del servicio de defensa penal y privilegiar una atención enfocada en la satisfacción de las personas que requieren de nuestra representación, entendiendo que la integralidad del servicio esencial que prestamos es un desafío permanente, más aún en estos días”, explicó.

LAS PERSONAS QUE REPRESENTAMOS
Traduciendo en cifras el trabajo realizado en 2021, de las 7 mil 702 causas ingresadas en la región, el 18,2 por ciento correspondió a mujeres, el 4,1 por ciento a adolescentes, el 0,4 por ciento a personas de pueblos originarios y el 5,5 por ciento a personas extranjeras.

Esta cifra global representó una baja de 32,56 por ciento respecto de 2020, lo que según el directivo se explica por la mayor cantidad de casos registrados en el contexto de la pandemia de Covid-19, por infracción a normas sanitarias vinculadas al artículo 318 del Código Penal.

Respecto del tipo de delitos e igual que en 2020, en 2021 siguieron encabezando la lista los delitos contra la salud pública, que representaron el 22,4 por ciento del total. Le siguieron las lesiones (18,8 por ciento), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (13,9 por ciento) y los delitos de la Ley de Tránsito (10,9 por ciento).

En cuanto al uso intensivo de la prisión preventiva que se ha observado y cuestionado regionalmente en los últimos años, Palma explicó que se ha constatado una disminución.

“Las personas sometidas a prisión preventiva o internación provisoria, en el caso de los adolescentes, luego de un control de detención y formalización, si bien se registró un 8,5 por ciento en 2020, el porcentaje bajó a 7,5 por ciento, lo cual es una buena noticia respecto del uso de esta medida cautelar que envuelve, en su gran mayoría, una anticipación de la pena”, enfatizó el Defensor Regional.

En 2021, además, las defensoras y defensores públicos estuvieron presentes en 6 mil 207 controles de detención, en los que se discute, en general, la libertad ambulatoria de las personas. Además, aumentaron las solicitudes de ilegalidad de la detención, resultados que según Palma Olivares “dan cuenta del trabajo colectivo de un equipo comprometido con la libertad de nuestros usuarios, con un sello de calidad regional, sabiendo que más allá de números y cifras, siempre se encuentran las personas que representamos”.

DEFENSA ESPECIALIZADA
Al referirse a las distintas líneas de defensa especializada que entrega la Defensoría (juvenil, penitenciaria, indígena, de género, para personas extranjeras o migrantes y para personas inimputables por discapacidad psiquiátrica), el jefe regional de la defensa públics dio ejemplos claros del trabajo realizado por los profesionales del equipo regional.

Al efecto, destacó que gracias a la especialización en defensa de personas migrantes, a cargo de la unidad regional de Estudios, la Corte Suprema acogió un amparo en favor de una mujer boliviana que se encontraba sujeta a una medida de expulsión del país.

"Ella fue condenada por el delito de tráfico de drogas, cumplió su condena y fue favorecida con libertad condicional, luego formó familia en Chile y nos pareció del todo injusto que, encontrándose en este país reinsertada plenamente, se pretendiera hacer efectivo el decreto de expulsión luego de diez años de emitido. Si esto se materializaba, se desintegraba su núcleo familiar”, recalcó el Defensor Regional.

Palma Olivares resaltó también el trabajo del equipo de defensa penitenciaria en el caso de otra mujer boliviana, quien llevaba más de cinco meses privada de libertad en la sección de lactantes del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó.

"La defensora pública solicitó la ejecución de la pena de expulsión, fundada en la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su representada como extranjera, sin ninguna red de apoyo en Chile, madre de un lactante de un año 3 meses y privada de libertad en un lugar que no reúne las condiciones para que un niño se desarrolle adecuadamente", explicó.

Según el directivo, "el tribunal resolvió que se oficiara al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, con el fin de que se ejecutara a la brevedad y con carácter de urgente la expulsión del país de M.R.C., en virtud de los argumentos expuestos”.

DEFENSA PENAL CON SELLO SOCIAL
Raúl Palma Olivares sostuvo también que “hoy más que nunca necesitamos profesionales comprometidos con las personas que atendemos, conscientes de que nuestros usuarios pertenecen en su gran mayoría a grupos que se encuentran en situación de especial precariedad social, educacional y económica, y que atraviesan un duro momento vital y familiar. Durante estos dos últimos años hemos procurado acercarnos, desde un enfoque social, más empático y cercano, a nuestros usuarios y usuarias”, indicó.

Asimismo, se refirió a una actividad organizada por la Defensoría Regional, con enfoque diferenciado en los derechos humanos y con perspectiva de género, dirigida a mujeres imputadas privadas de libertad.

“El taller 'Tejiendo libertades' se desarrolló en una primera etapa en 2020, en formato virtual, con la participación de mujeres imputadas privadas de libertad en Copiapó, el cual continúo en su segunda versión en 2021 y, además, se extendió a mujeres del centro penitenciario de Vallenar, iniciativa que llevó a la región a obtener el primer lugar en el 'Eje Innovación' del programa de reconocimiento institucional 2021”, enfatizó.

Según el Defensor Regional, todo lo anterior explica la urgencia de incorporar la perspectiva de género al definir las políticas de persecución penal, castigo y defensa.

"Ni la ley, ni la cárcel son neutras y generan efectos diferenciados según el sexo y género de las personas imputadas o condenadas. Por esa razón, nuestros equipos de defensa se esfuerzan a diario por recoger los derechos específicos de nuestras usuarias y visibilizar en su defensa jurídica las desigualdades, discriminaciones y violencias históricamente por ellas sufridas”, finalizó. 

Revise nota publicada en Diario Chañarcillo: https://www.chanarcillo.cl/defensor-regional-de-atacama-rinde-cuenta-de-su-gestion-2021/


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