Sala de Prensa

12/08/2022

En la región de Valparaíso

Doce jornadas de abogados contempla próxima licitación de defensa penal pública

Para postular es requisito aprobar previamente la prueba habilitante, que se rendirá presencialmente el 26 de octubre próximo.

Por Sandra Reyes L.,
Defensoría Regional de Valparaíso.

El llamado a licitación N° 27 de servicios de defensa penal pública contempla doce jornadas de abogados para la región de Valparaíso, de las cuales nueve son de defensa general, dos de defensa penitenciaria y una de defensa penal indígena.

Así lo anunció el Defensor Regional, Claudio Pérez García, quien precisó que del total de jornadas, “una corresponde a La calera, una a San Felipe, una a Viña del Mar, seis a San Antonio, una a Isla de Pascua y dos a Valparaíso”.

El directivo agregó que “la convocatoria obedece a la renovación de contratos que terminarán en septiembre y diciembre, al cabo de tres años de duración”.

PROCESO PÚBLICO
De acuerdo con la Ley N° 19.718, que creó la Defensoría, las licitaciones de defensa penal son procesos públicos para seleccionar a personas jurídicas o naturales que, vía contrato, presten defensa penal a personas imputadas o condenadas hasta la completa ejecución de la pena, de acuerdo con la naturaleza de la prestación.

En el sistema de licitaciones se oferta un porcentaje de la demanda de causas esperada en un plazo determinado. Éstas se definen por zonas (proximidad geográfica y cobertura de los juzgados de garantía).

El mecanismo de selección evalúa las competencias técnicas y económicas presentadas por el oferente. Los procesos de licitaciones de defensa se rigen por la ley de compras. Es decir, la convocatoria, postulación, evaluación, adjudicación y contratación se realizan a través del portal www.mercadopublico.cl

PRUEBA HABILITANTE
El próximo 26 de octubre se aplicará, a nivel nacional y de manera presencial la prueba habilitante en defensa pública general y defensa penitenciaria, a las 14:30 y 17:00 horas, respectivamente.

Tener aprobadas estas pruebas es requisito para las abogadas y abogados que deseen desempeñarse como defensores penales públicos, ya sea postulando a las licitaciones del servicio o bien integrando las nóminas de reemplazos de las empresas o instituciones licitadas que lo prestan.

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