Sala de Prensa

25/08/2022

Rindió cuenta pública de la gestión 2021 del equipo regional

Defensor Regional del Biobío destacó sostenida baja en ingreso de causas de adolescentes

Durante un balance regional realizado en formato remoto, Osvaldo Pizarro Quezada entregó importantes cifras sobre la gestión de defensa pública en la zona y dio a conocer los avances logrados en materia institucional el año pasado, marcado por el progresivo retorno a la presencialidad.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

Con el imponente mural “Presencia de America Latina” como escenario de fondo, el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, realizó ayer el balance de la gestión 2021 de su equipo, contexto en que puso énfasis en los logros alcanzados, pero detalló también los desafíos impuestos tras el estallido social y la pandemia, fenómenos que aún repercuten fuertemente en el sistema de justicia criminal.

Pizarro destacó particularmente el sostenido descenso que registra el ingreso de causas de adolescentes desde 2019, año en que las y los jóvenes imputados representaron el 4,9 por ciento del total de ingresos regionales. El directivo explicó que esa cifra bajó a 2,8 por ciento en 2020 y a 2,8 por ciento en 2021.

PERCEPCIÓN VERSUS REALIDAD
El abogado explicó que, si bien la pandemia pudo generar una distorsión en las cifras debido a los periodos de confinamiento de gran parte de la comunidad, al comparar el primer semestre de 2019 -antes del estallido social y la pandemia- con el primer semestre de este año, igual aparece una baja de más de un punto porcentual.

En efecto, mencionó que entre enero y junio de 2019 los ingresos de adolescentes sumaban un 4,7 por ciento del total regional, con 586 causas, mientras que en mismo lapso de este año las causas que involucran a menores de 18 años imputados llegan al 3,4 por ciento del total, con 329 ingresos. Según él, ello "da cuenta de que la idea que existe respecto de un incremento de las cifras de causas con adolescentes involucrados tiene que ver más con erradas percepciones que con la realidad de los hechos", señaló. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Un punto central de la exposición del jefe regional de la defensa pública fue el derecho a la presunción de inocencia. Con el 'caso Tomás' como ejemplo, el directivo detalló las vulneraciones a la honra y dignidad a las que se ven expuestas las personas imputadas, olvidando que ninguna persona puede ser considerada culpable ni tratada como tal en tanto no haya sido condenada por una sentencia firme. Por ello, formuló un llamado a todos los intervinientes del sistema de justicia y a la sociedad a aprender de los errores y enseñanzas que deja esta emblemática causa. 

Otro aspecto destacado fue el trabajo interinstitucional realizado para enfrentar la sobrecarga del sistema de justicia penal desde el estallido social y luego reforzada por la pandemia, debido a una errónea interpretación de las infracciones sanitarias, que en el Biobío llevaron a 10 mil 618 personas a enfrentar el sistema de justicia criminal. Según Pizarro, sólo estas causas representaron un 34 por ciento de los ingresos de la Defensoría Regional durante 2021.

El abogado sostuvo que, para hacer frente a esta numerosa cantidad de causas, desde la Defensoría Regional gestionó la contratación de tres nuevos equipos de defensa pública -que incluyen a un defensor y un asistente administrativo-, que desde marzo de este año trabajan en las zonas con mayor recarga: Concepción, Los Ángeles y Talcahuano.

Pizarro destacó también un importante trabajo entre la Defensoría Regional y Gendarmería para enfrentar las problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad, contexto en que además de conformar una mesa permanente de trabajo, se realizan capacitaciones permanentes en materia de resguardo de los derechos humanos.

DEFENSA DE MIGRANTES
Otro importante logro en materia de defensa pública fue la constitución del equipo de defensa de migrantes, ya que si bien en la región el número de causas que involucran a extranjeros representa sólo un 1 por ciento del total de ingresos anuales en Biobío, "son personas que requiere especial atención por las diferencias idiomáticas y la necesidad de que todos ellos entiendan y conozcan sus derechos, sin importar su nacionalidad".

"Esta instancia permitió trabajar directamente con universidades y otras instituciones para enfrentar el desconocimiento interinstitucional respecto de qué entidad debe asumir su defensa, considerando que en parte importante de los casos se confunden los aspectos administrativos, laborales, de familia y penales", concluyó.

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