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12/09/2022

Pablo Aranda visitó la zona y trabajó con directivos y funcionarios de la Defensoría Regional

Arica: jefe nacional de Estudios revisó condiciones de grupos más vulnerables entre personas privadas de libertad

Funcionarios y directivos de la Defensoría Nacional y de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota recorrieron centros penitenciarios de la región.

Por Keiko Silva Vergara,
periodista Defensoría Nacional.

El jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda, visitó el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Arica y el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Acha junto al jefe (S) de Estudios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, Cristian Martin; el encargado de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), Hernán Vigil, y la directora regional de Gendarmería, coronel Susana Mamani, en el marco del trabajo en terreno que desarrollan los directivos nacionales de la institución en todo el país.

El objetivo particular de estas visitas fue revisar la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad y que son las destinatarias de los programas de defensa especializada que ejecuta la institución.

Arica y Parinacota es una región fronteriza y, por lo tanto, reúne una alta población de personas indígenas, migrantes y extranjeras, además de mujeres, que en esta región cruzan ambas categorías, por lo que, al menos en el ámbito penal, se debería tener presente su doble vulnerabilidad.

“Aquí confluyen todos los programas de defensa especializada que hemos estado levantando como institución: defensa penitenciaria, de género, de indígenas y extranjeros, considerando además la situación de las personas que se encuentran a la espera de su expulsión del país”, explicó Pablo Aranda. 

INQUIETUD POR TIEMPOS DE ESPERA
Un problema en específico que centró el interés de la comitiva fue el que apunta a la atención de la población penal inimputable.

En la cárcel de Acha -que alberga a más mil internos- los directivos recorrieron los tres módulos que componen la Unidad de Siquiatría Forense Transitoria, que atiende a un promedio de 10 personas, todas en espera de la realización de peritajes que permitan determinar su inimputabilidad.

“Si bien la unidad cuenta con 14 camas y recibe la atención de un doctor, la espera para la obtención de los resultados es de 40 a 60 días. Junto a ello, la falta de hospitales siquiátricos en la región obliga a que los internos inimputables sean trasladados a centros hospitalarios en Putaendo o Santiago. En resumen, estamos hablando de personas que requieren atención temprana y que, luego de ser diagnosticadas y trasladadas, son alejadas de su grupo familiar y de apoyo”, detalló el jefe nacional de Estudios de la Defensoría. 

El directivo añadió que a la Defensoría también le preocupa la situación de las personas migrantes, especialmente de aquellas personas extranjeras que se mantienen a la espera de su expulsión.

"Estos últimos deben someterse a períodos que van de 100 y 130 días para poder volver a su país”, explicó Hernán Vigil, quien recalcó que “la demora radica en la tardanza administrativa del procedimiento. Sería muy bueno agilizar, especialmente en el contexto social en el que nos encontramos”, sostuvo.

REQUERIMIENTOS DE TRASLADO
Cristian Martin, en tanto, se refirió a la recepción de los requerimientos de traslado, principalmente de las personas pertenecientes a la disidencia sexual, que se encuentran aisladas en un módulo especial por su seguridad, como también de parte de las internas e internos.

“El principal objetivo es revisar las condiciones generales de los centros penitenciarios y coordinarnos con Gendarmería y las otras instituciones que participan en el sistema, para levantar mejoras. Que el jefe nacional de Estudios realice este recorrido con nosotros permitirá que visualice aquellos ajustes que son necesarios y que deben emanar desde el nivel central”, puntualizó el directivo regional.

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