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01/05/2023

No existían condiciones sanitarias para la estadía de la imputada en la cárcel

Defensora pública logró que Corte de San Miguel modificara prisión preventiva de mujer en silla de ruedas por arresto domiciliario total

La defensora penal pública Luigina Véliz Aubá consiguió el cambio de medida cautelar de una mujer privada de libertad que se encuentra hace 19 años en silla de ruedas. Su situación se hizo insostenible debido a la carencia de condiciones mínimas de dignidad y a la situación de vulnerabilidad que existe al interior del penal de San Miguel. Actualmente, la mujer estaba en el hospital penal, a la espera de una hora para intervención quirúrgica en el Hospital Barros Luco.

Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la resolución del 11° Juzgado de Garantía de Santiago, que previamente modificó la prisión preventiva que afectaba a Nelly R. L. (45), quien se encontraba privada de libertad desde enero de este año, imputada por el delito de parricidio frustrado de su ex pareja.

La situación de la mujer se convirtió en una prioridad para la defensora penal pública Luigina Véliz, toda vez que su representada se encuentra en silla de ruedas desde hace 19 años, contexto en que debe usar pañales por la condición de inmovilidad severa de su tronco inferior.

Por lo mismo, su permanencia en la cárcel se tornó muy complicada desde el inicio, debido a la falta de infraestructura adecuada para recibir a una persona discapacitada, por lo cual Nelly R. L. debía contar con la ayuda de otras internas para poder bajar al patio, acostarse o mantener su higiene personal.

Todo esto fue denunciado desde un principio por la defensora pública Georgina Guevara -quien estuvo en el control de detención de la imputada-, mediante la presentación de un recurso de amparo que fue rechazado en su oportunidad, y en cada revisión de medidas cautelares presentada por la defensora pública titular del caso, Luigina Véliz.

La historia de Nelly R. L. era de conocimiento público, tanto para las autoridades de Gendarmería, del Ministerio de la Mujer y Equidad Género y de la Subsecretaría de Justicia, cuyas jefaturas titulares dialogaron con la interna en enero de este año, durante una visita inspectiva que realizaron a la cárcel de mujeres de San Miguel.

PARRICIDO FRUSTRADO
La causa que se le imputa a la mujer ocurrió el 3 de enero de este año cuando, según sus dichos, se defendió de una agresión de su ex pareja, enterrándole un cuchillo en el pecho, lo que derivó en la imputación por parricidio frustrado en su contra.

Según explicó en la primera entrevista con su defensora pública, existía una historia de violencia de la que era víctima hace años, así como una denuncia previa en contra del hombre, hecha el año pasado.

Respecto del día de los hechos, Nelly R. L. dijo haber sido golpeada en la cabeza por el hombre, tras lo cual reaccionó con un cuchillo (en las cámaras, además, aparece como éste previamente le pegó con una mochila y la botó al suelo desde su silla de ruedas).

Por lo mismo, en esa misma audiencia la defensora pública solicitó que se le asignara arresto domiciliario total en vista de su incapacidad y la imposibilidad de contar con los cuidados necesarios en un recinto carcelario.

AL CUIDADO DE OTRAS INTERNAS
En los primeros meses, la mujer fue atendida por sus compañeras de módulo, pero con muy pocas posibilidades de acceder al patio, pues los dormitorios de las internas se encuentran en los niveles superiores de las torres del penal femenino de San Miguel. El hecho de tener que arrastrarse a los baños y la falta de movilidad le ocasionaban escaras, cuyas heridas debieron ser atendidas quirúrgicamente en el hospital Barros Luco, donde estuvo internada cerca de un mes.

Debido a la evidente situación de menoscabo en su dignidad y derechos, fue trasladada al área de salud penitenciaria, donde por su condición debía recibir cuidados diarios de profesionales de enfermería, pues se mantenía con dos importantes lesiones por presión.

En esas condiciones, en los últimos días la defensora pública Luigina Véliz pidió una vez más la revisión de las medidas cautelares, contexto en que la magistrada Alejandra Apablaza, del 11° Juzgado de Garantía de Santiago, decretó su libertad, pese a la oposición de la Fiscalía.

Por ello, fue necesario esperar el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que coincidió con la decisión previa del tribunal y modificó las medidas cautelares por arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional, luego de que Nelly R. L pasara casi cuatro meses en la cárcel.

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