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Las visitas a centros de intervención social que permiten entregar atención especializada a personas vulnerables

15/05/2023

Pograma piloto en la Defensoría Regional de Arica y Parinacota

Las visitas a centros de intervención social que permiten entregar atención especializada a personas vulnerables

-La iniciativa que se extenderá por cuatro meses, considera jornadas de diálogo con las y los usuarios que participan en la Comunidad Terapéutica “Padre Hurtado”, Corporación “La Esperanza” y el Programa Municipal “Calle”.

Presentar un consumo problemático de drogas y alcohol o encontrarse en situación de calle son factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas. Es común, además, que se perciba en ellos un distanciamiento de la institucionalidad, ya sea por desconocimiento o por desconfianza.

Entender esta situación llevó a funcionarias y funcionarios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota a desarrollar un programa piloto de atención personalizada para personas en riesgo social, que tendrá una duración inicial de cuatro meses.

PRIMER CICLO
El primer ciclo del programa partió el 12 de mayo pasado y consideró tres jornadas de entrevistas con las personas que participan en la Comunidad Terapéutica “Padre Hurtado”, en la Corporación “La Esperanza” y en el programa municipal “Arica Calle”.

En las tres participaron los defensores públicos Rodrigo Torres, Patricia Lefever y Cristián Martin, junto con el equipo de apoyo a la gestión de defensa (UAGD), integrado por Hernán Vigil y las funcionarias administrativas Sandra Sampson, Ximena Tapia y Cintia Cortes, junto al informático regional Aníbal Olivares.

“Logramos atender las consultas de cerca de 40 personas. No es una llegada menor, si consideramos que la mayoría es apática para interactuar con personas ‘de la justicia’, como nos dijeron. Creo que, en la medida que podamos conversar, van a ir bajando estas resistencias al diálogo”, evaluó Patricia Lefever.

TEMAS PRINCIPALES
La mayoría de las y los asistentes quiso saber si existen nuevas formas de pena y de tipificación de delitos dictados a raíz de los problemas migratorios que se han registrado en la región y también cómo funciona la defensa pública, quiénes son las y los defensores públicos, a quién defienden y cómo lo hacen.

Otras personas quisieron averiguar si tenían registradas causas penales en su contra (vigentes o no vigentes) y, de existir, cuáles eran los pasos que debían seguir y a qué situación se arriesgaban en caso de ser declarados culpables.

También consultaron sobre el sistema de pago de multas, la prescripción de penas, el incumplimiento de las condiciones de la reclusión parcial y la eliminación y omisión de antecedentes penales.

Muchos participantes reconocieron sentir resistencia a concurrir a una oficina pública a solicitar este tipo de información, especialmente ante la incertidumbre que les provoca un sistema de justicia que, “desde fuera no se entiende nada y uno sabe que siempre nos van a cargar con algo, porque somos de la calle. Así no, no voy, si hasta nos tienen miedo”, dijo Patricio, de 56 años, al inicio de uno de los encuentros.

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