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Defensoría y sociedad civil participan en mesa de trabajo sobre acceso a la justicia

27/09/2023

En Arica

Defensoría y sociedad civil participan en mesa de trabajo sobre acceso a la justicia

Representantes de la institución y del poder judicial presentaron sus propuestas para optar a ser parte del Sexto Plan de Acción de Estado Abierto.

En representación de la Defensoría Penal Pública, la Directora Administrativa Regional de Arica, Johanna Cerda, y la facilitadora intercultural, Inés Flores, participaron en la única mesa de trabajo presencial que se realizó, en el marco del próximo plan de acción de Estado Abierto.

Junto a miembros de la sociedad civil, las profesionales analizaron la propuesta institucional de “Justicia Abierta y Gobiernos locales”, iniciativa de la Defensoría que fue seleccionada entre los 158 proyectos finalistas.

En la instancia, organizada por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, también estuvieron presentes miembros del Poder Judicial, la segunda institución que también participa en el ámbito de crear más y mejores accesos a la justicia.

La propuesta de la Defensoría apunta a dar a conocer el proceso penal, los intervinientes del sistema y los derechos que le competen a todas las personas, a través de los municipios –llamados ‘gobiernos locales’-, considerados como los órganos de gestión de las políticas públicas más cercanos a la comunidad.

“Con esta iniciativa, buscamos disminuir la desconfianza y aumentar la valoración que la ciudadanía tiene del sistema de justicia penal y sus instituciones, acercándose a ellas a través de sus gobiernos locales de forma directa y dialogante” señaló la directora administrativa de Arica, Johanna Cerda.

Si la Defensoría logra formar parte del sexto plan de Estado Abierto, éste sería su tercer compromiso a desarrollar en el área de la justicia, desde que Chile es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Las funcionarias de la I. Municipalidad de Arica, perciben la desconfianza que existe por parte de la comunidad hacia las instituciones del Estado.

“Coincidimos con el diagnóstico presentado. Tal como ocurre en otras áreas, el sistema de justicia también genera recelo entre los vecinos y esta percepción es una consecuencia del desconocimiento que se tiene frente a sus normas y procedimientos. ”

Para Inés Flores, facilitadora intercultural de la Defensoría, “si esta dinámica se mantiene, ninguna decisión del sistema será considerada pertinente por la ciudadanía, independiente de los recursos que se puedan ejecutar. Por eso, la propuesta que hemos presentado busca vincular la comunidad con el sistema de justicia penal”.

Respecto de las acciones que se pretenden realizar, se consideran promover encuentros con funcionarios municipales y dirigentes sociales comunales; abrir espacios de educación para jóvenes, sobre del funcionamiento del sistema penal a través de audiencias simuladas, y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la presunción de inocencia a través de la difusión del “Proyecto Inocentes” de la Defensoría Penal Pública.

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