Sala de Prensa

08/06/2023

Nicolás Cisternas Vásquez, del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP)

Abogado de la Defensoría fue elegido presidente de la ‘Comisión nacional de psiquiatría forense’

Como parte de la Unidad de Defensa Penal Especializada (UDPE), Cisternas representa a la defensa pública en esa instancia , que asesora a los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos respecto de la situación que enfrentan personas inimputables que deben cumplir medidas cautelares o de seguridad. Según el profesional, que en esta nota explica sus prioridades, “hemos contabilizado alrededor de 200 personas en lista de espera en recintos penitenciarios, para ingresar a módulos forenses propiamente tales, cuya capacidad está sobrepasada en más del cien por ciento”.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

El abogado Nicolás Cisternas Vásquez, quien integra la Unidad de Defensa Penal Especializada (UDPE) del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, fue nombrado el pasado jueves 1° de junio como presidente del directorio de la ‘Comisión nacional de psiquiatría forense’ para el periodo 2023-2026.

El organismo, de carácter interinstitucional y multidisciplinario, se creó a partir del Decreto N° 285, promulgado el 4 de mayo y publicado el 5 de diciembre de 2012, con el objetivo principal de “asesorar al ministro de Justicia y al ministro de Salud en los aspectos relacionados con la normativa contenida en los Títulos VII y VIII del Libro Cuarto del Código Procesal Penal, referente al procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y cautelares aplicables al enajenado mental que hubiere ejecutado o que se le imputare la comisión de un hecho típico y antijurídico, con el fin de efectuar las recomendaciones y brindar orientación de carácter técnico a las respectivas Secretarías de Estado”.

Según el artículo 4 del decreto, la instancia está integrada por dos representantes de los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, un representante de cada Servicio de Salud que cuente con al menos una unidad de atención psiquiátrica de personas que cumplen condena o se hallan sujetas a una medida de seguridad por causa de enajenación mental, dos representantes de Gendarmería de Chile y un representante del Servicio Médico Legal, de la Defensoría Penal Pública, del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Colegio de Abogados, respectivamente.

“RECONOCIMIENTO A LA DEFENSORÍA”
Consultado sobre su nombramiento, Cisternas se mostró muy contento y explicó que “es un reconocimiento al trabajo desarrollado por la Defensoría Penal Pública y a la forma en que los problemas que aborda la comisión han sido asumidos por la institución. Si de algo podemos estar seguros, por así decirlo, es que somos una de las instituciones que ha tomado este tema con mayor dedicación, entendiéndolo como un desafío que podemos abordar de manera concreta y real, sin dejar de lado los problemas puntuales que se van dando día a día”, señaló.

Cisternas detalla que, “como institución, hemos tomado un papel muy protagónico en todo lo relacionado con los procesos penales de personas inimputables. Me refiero a hacer cosas, empujar iniciativas, promover coordinaciones y acuerdos, facilitar contactos, impulsar flujos de información, solucionar problemas pequeños que podamos abordar de manera sencilla”.

Según el abogado, lo anterior también se vincula con la seriedad con que la Defensoría ha abordado los problemas que enfrentan en Chile las personas imputadas que sufren problemas de discapacidad mental, básicamente por falta de capacidad de atención psiquiátrica especializada.

“En esto sí que hay que ser tajantes porque, al menos como institución del sector justicia, creo que nos hemos tomado este problema con mayor especialidad y lo hemos abordado de manera más sistemática y no tan coyuntural. Es decir, acá se armaron equipos especializados, se crearon sistemas para lograr llevar a cabo esta defensa especializada para quien lo requiera y los equipos se capacitan constantemente. Y eso con el tiempo se ha ido notando”, asegura.

En efecto, la defensa especializada de personas inimputables comenzó a operar en 2016 en la Defensoría, como un proyecto piloto desarrollado en la región de Valparaíso, que luego se fue expandiendo a nivel nacional.

CRISIS Y PRIORIDADES
Cisternas asume como el segundo presidente de la comisión y como el primer abogado que ejerce el cargo, que antes ocupó la doctora Sandra Moglia Contreras, que representa al Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”.

Según el profesional, las y los representantes que la integran se reúnen de manera ordinaria el primer jueves de cada mes: “La directiva está compuesta por tres personas: un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otro del Ministerio de Salud, y el presidente del directorio y de la comisión, que es elegido por todos los representantes de las instituciones parte. Además, hay una secretaría ejecutiva, compuesta por cuatro personas”, explica.

“El ámbito de acción de la comisión tiene que ver con personas sospechosa o confirmadamente inimputables que se enfrentan a un proceso penal, lo que implica internaciones provisionales y medidas de seguridad, básicamente. En este periodo será importante abordar el problema de las personas que cumplen internación provisional en recintos penitenciarios y no en hospitales, como debería ser. En la próxima sesión expondré algunos puntos que van a ser relevantes para mí, como presidente: articular comisiones regionales de psiquiatría forense y comenzar a sistematizar la información que la comisión nacional puede levantar. Por ejemplo, sobre personas que están en lista de espera para cumplir internación provisional o medidas de seguridad en centros especializados”.

-¿Y cuál es la situación actual según ese catastro?
-Hemos contabilizado alrededor de 200 personas en lista de espera en recintos penitenciarios, para ingresar a módulos forenses propiamente tales, cuya capacidad está sobrepasada en más del cien por ciento. También tenemos una crisis respecto de las pericias ambulatorias de personas que están en libertad, porque hay una cantidad limitada de psiquiatras en el Servicio Médico Legal y el Hospital Psiquiátrico “Dr. Philippe Pinel”, de Putaendo, está sin un psiquiatra que pueda realizar esas funciones.
Esto es, principalmente, un tema de recursos, sobre todo de recursos humanos. Claro, también hay un problema de recursos económicos, pero principalmente faltan especialistas y espacios físicos, es decir cupos-camas a nivel nacional. No creo que exista un lugar en que podamos decir que estamos bien o que estamos dando una debida respuesta al problema.

-¿Cómo opera la comisión?
-Por lo general, en las sesiones cada institución da cuenta de los problemas que tiene desde su ámbito. Hay muchas instituciones que tienen relevancia regional y otras son transversales, como la Defensoría, el Ministerio Público o el Poder Judicial. Entonces, hay un vaivén de análisis, opiniones y exposiciones de problemas que se van dando de manera puntual o que se van prolongando en el tiempo.
A partir de eso se proponen formas de resolverlos, pero fundamentalmente lo que se ha hecho es abordar la contingencia. Entonces, lo que voy a tratar de hacer durante mi presidencia es sistematizar algunas propuestas con perspectiva de largo plazo, que el levantamiento de información sea sistemático y no dependa de personas o voluntades, que existan réplicas de la comisión nacional a nivel regional, lo que ya ocurre en algunas regiones como Valparaíso, por ejemplo. Y también dar cuenta de manera sistemática de los problemas, ya sea a través de medios de comunicación o dirigiéndonos directamente a las autoridades competentes, para visibilizar.

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