Sala de Prensa

14/06/2023

Columna de opinión;

La realidad carcelaria en Aysén

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, fue publicado el pasado jueves 8 por el diario El Divisadero.

Por Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.

En los últimos años, como es sabido, tanto a nivel nacional como regional se ha incrementado de manera muy importante el nivel de ocupación al interior de nuestras cárceles. Si en 2018 se mantenían en nuestras cárceles cerca de 40 mil personas privadas de libertad, a diciembre de 2021 dicha cifra llegaba a 45 mil 413. Al mes de abril del presente año ya son 52 mil 326 personas las que sufren de un encierro total en nuestras cárceles, ya sea por estar en prisión preventiva o dando cumplimiento a una sentencia condenatoria.

Nuestra región de Aysén no resulta ajena a esta clara tendencia alcista. En las cárceles existentes en nuestra región, en abril de 2020 había 215 personas presas, en el mismo mes de 2021 eran 243 los privados de libertad y en 2022 fueron 221. Al mes de abril de este año las personas presas en nuestra región llegan a una cifra record de 274 personas privadas de libertad.

En la reciente cuenta pública al país realizada por el presidente de la República se anunció que, en los próximos años, se incrementará en un 12 por ciento la actual capacidad del sistema penitenciario, habilitándose 4 mil 796 plazas al año 2026.

Esperemos que esta definición de política pública penitenciaria también mire hacia la región de Aysén, en la cual si bien los establecimientos carcelarios no presentan el nivel de hacinamiento que trágicamente sí existe en muchos penales a lo largo del país, sí sufre, y desde hace muchos años, un problema particularmente grave en relación con las condiciones en que se encuentran las mujeres a las que se les priva de la libertad.

En nuestra región, al 30 de abril último, eran 15 las mujeres que se encontraban privadas de libertad, todas las cuales tienen que ser recluidas en la cárcel de Coyhaique, único centro predispuesto en la región por su encierro y custodia. A nivel nacional, las mujeres presas suman casi 4 mil y también respecto de ellas se observa un creciente aumento en su incidencia, dentro del volumen de población carcelaria, tanto a nivel nacional como regional.

En una realidad penitenciaria que ha sido concebida pensando, primordialmente, en los internos varones, es necesario no sólo revisar cuales medidas se han de adoptar operacionalmente por Gendarmería de Chile ante el encarcelamiento de mujeres, muchas de ellas madres de pequeños niños, en cuyas vidas repercute, indudablemente, la privación de libertad de su progenitora.

También resulta necesario que nuestros tribunales tengan presente este particular grupo de privadas de libertad para, considerando sus particularidades, resolver adecuadamente cada asunto que les corresponde conocer en torno a la ejecución de la pena o medida cautelar que las mantiene tras las rejas.

NIÑAS Y NIÑOS QUE SUFREN
Detengámonos un segundo a pensar en las dificultades que sufren los niños y niñas cuyas madres están presas. Aquellos niños, sin duda, enfrentan problemas en su desarrollo físico, sicológico, emocional y social, al ver a su madre privada de libertad.

Pero la atención no sólo ha de centrarse en las mujeres presas que son madres. ¿Qué ocurre con aquellas que son encerradas y se encuentran embarazadas? Parece evidente que la situación de encierro en dichos casos, inevitablemente, afectará el normal y adecuado proceso de gestación.

Estamos constantemente escuchando la necesidad de que las políticas públicas en general, y en particular la justicia, se impartan con perspectiva de género. No existe ninguna razón que torne plausible que tal justificado anhelo y exigencia de justicia no sea aplicable, en toda su fuerza, respecto de las mujeres privadas de libertad y la cruda experiencia de encierro que les corresponde vivir.

En nuestra realidad penitenciaria regional indudablemente la mujer se encuentra en condiciones más duras aún que aquellas que deben enfrentar el varón privado de libertad.

Esperamos que, a la hora de buscar el aumento de plazas penitenciarias en los próximos meses y años, se tenga también presente esta cruenta e inequitativa realidad, no siendo obviada como una variable relevante al momento de definir los aumentos de capacidad al interior de nuestros recintos carcelarios.

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